Voy a empezar este texto con una pequeña anécdota. Por varios años trabajé como asistente legislativo en el Congreso, era el coordinador programático de una Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) y durante todo el 2017 trabajé en la primera línea de la implementación normativa del acuerdo de paz. El 17 de diciembre de 2017 me encontraba en los bajos del bloque 14 de la Universidad de Antioquia. Recuerdo que era un día caluroso y muy agitado. En cuestión de minutos se dirimió el futuro del proyecto estrella del punto dos del acuerdo: las 16 circunscripciones transitorias para los territorios más azotados por el conflicto. Estaba preocupado porque la aplanadora santista ya venía averiada y los partidos que por mayoría habían apoyado la segunda refrendación del acuerdo se estaban sumando en bloque al uribismo. Pasó lo peor: se hundieron las curules, ¡por un voto!, se echó por el caño una de las principales promesas del acuerdo.
Me sentí muy conmovido. Me fui corriendo para la plazoleta principal de la universidad y en medio del llanto grité: ¡Congreso de mierda!
Desde que llegó el proyecto de reforma constitucional a la Comisión primera, para discutirlo bajo el procedimiento de Fast Track (que recortó la cantidad de debates) y con la posibilidad de que el Congreso le introdujera modificaciones, estaba convencido de su potencia reparadora. Al lado de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el programa de sustitución, sustentaban los pilares ideales y comunitarios de la paz territorial. El enfoque transversal del acuerdo. Desde un primer momento las vi como una posibilidad real para reducir los alarmantes niveles de subrepresentación; como una garantía efectiva para tener una bancada de veedores con capacidad política que le hiciera seguimiento a la implementación, y lo más importante, otorgar un espacio adicional de incidencia a las víctimas.
De ahí que la reciente decisión de la Corte Constitucional al precisar que la votación si era la adecuada, ingresa directo al podio de sus sentencias más importantes. Para las víctimas, todo.
A continuación, explicaré sus aspectos centrales y algunos particulares.
¿Qué son las curules para las víctimas?
En lo ideal, son la garantía de representación en el Congreso de los territorios más afectados por la persistencia del conflicto armado; cultivos de uso ilícito; minería criminal; debilidad estatal y asesinato a líderes sociales. Se configuran como dieciséis circuitos territoriales regionales, departamentales o interdepartamentales, coincidentes con los 170 municipios PDET y los territorios donde se adelanta el programa de sustitución. Cada circuito elegirá un representante a la Cámara en propiedad entre los periodos 2022-2026 y 2026-2030. El representante asumirá su curul con los mismos derechos, garantías y obligaciones que un representan ordinario. Su función consistirá en representar a los territorios más afectados por el conflicto y ser garante político en la implementación del acuerdo de paz; sin embargo, tendrá la libertad para ampliar su agenda legislativa (según la Comisión que vaya a integrar) o conformar un bloque legislativo de incidencia con otros partidos (por ejemplo, una bancada pro paz).
¿Cómo se eligen?
En las elecciones ordinarias al Congreso y con listas integradas por aspirantes acreditados como víctimas del conflicto armado. Las listas se deberán conformar con mínimo dos candidatos garantizando la paridad de género y pueden ser abiertas con voto preferente o cerradas. Las listas serán inscritas por organizaciones de víctimas, organizaciones campesinas, organizaciones sociales (con existencia acreditada de mínimo 5 años en el territorio) o grupos significativos de ciudadanos (reuniendo firmas equivalentes al 10% del censo electoral de la circunscripción), al igual que por consejos comunitarios o resguardos o autoridades indígenas. Alcanza la curul la lista que obtenga la mayor votación y en propiedad el candidato más votado (si es con voto preferente) o el cabeza de lista (si es cerrada). Ningún partido político puede postular una lista o candidatos, y vale la claridad, entre ellos el partido Comunes. También están inhabilitados los candidatos elegidos o no que hayan sido avalados por partidos políticos en las elecciones de 2018 y 2019.
¿No se podrá votar por el candidato a la Cámara en la circunscripción ordinaria?
Sí. Los ciudadanos que habitan estos territorios tendrán la opción de un doble voto a Cámara; por un lado, por el representante a la circunscripción especial, y por el otro, por el representante habitual. Serán dos tarjetones separados. En todo caso, los candidatos a la circunscripción especial no podrán hacer campaña conjunta con un candidato a la circunscripción ordinaria a Cámara, es decir, la famosa “fórmula” (no se especifica en el acto legislativo si el impedimento también cobija candidatos al Senado). Queda claro que se deberán concentrar exclusivamente en su elección, una alianza de ese tipo podría ser causal de una eventual perdida de investidura de llegar al cargo.
¿Cuáles son los requisitos para ser candidato?
Además de los requisitos generales establecidos por la Constitución y la ley para los representantes, los siguientes: haber nacido o habitado el territorio los tres años anteriores a la fecha de elección. Los desplazados en proceso de retorno interesados en aspirar deberán acreditar nacimiento en el territorio o mínimo una residencia de tres años consecutivos en cualquier época. Adicional, deberán certificar ante la autoridad electoral (Registraduria o Consejo Nacional Electoral) su condición particular como víctima del conflicto armado, condición sustentada en un certificado expedido por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
¿Cómo se garantizará la elección?, ¿cómo será la financiación?
La registraduría deberá habilitar un periodo especial de inscripción de candidatos, garantizar la presencia de urnas y todos los procesos de logística electoral, como inscripción de cedulas, conformación de los Tribunales Electorales Transitorios (con un carácter especial) y validación de las listas a participar. La financiación será preponderantemente estatal con acceso de las organizaciones promotoras (no directamente a los candidatos) a los anticipos contemplados por la ley dentro del mes siguiente a la inscripción. Para las campañas a estas circunscripciones no se permitirán los aportes privados directos, pero quien quiera donar lo deberá hacer al Fondo Nacional de Partidos y Campañas Electorales que procederá al reparto equilibrado entre todas las campañas (sin priorizar). Asimismo, los candidatos tendrán acceso gratuito a medios de comunicación que hagan uso del espectro electromagnético (canales locales o regionales).
¿Y si es cierto que se excluyeron las cabeceras municipales?
Sí, es cierto. Esa discusión fue una de las más intensas que tuvo el acto legislativo en el Congreso, se esgrimieron varias tesis a favor y en contra. Se planteaba que en las cabeceras de los 167 municipios priorizados habitan muchas víctimas del conflicto, que se vieron obligados a desplazarse de la zona rural o que padecieron directamente las afectaciones derivadas de tomas guerrilleras a incursiones paramilitares. Sin embargo, también son zonas donde se concentra la mayoría del censo electoral y la sola votación de una lista en una de estas cabeceras se podría “devorar” la sumatoria de la votación de la zona rural dispersa. De ahí que se haya decidido excluirlas y habilitar la votación solo en la zona rural, circunstancia que le implicará a la Registraduria crear nuevos puestos de votación y adelantar procesos de logística electoral en zonas apartadas. Sin duda, la principal virtud de las curules reside en que les otorga representación directa a los territorios más subrepresentados en el Congreso. Es la famosa “Colombia profunda” de los sociólogos criollos.
¿Y cuáles podrían ser los riesgos?
Son varios. En principio, motivos de orden público. En muchos de estos territorios persiste el conflicto armado y la violencia política. No es claro como los actores armados van a asumir la llegada de la institucionalidad electoral, los esquemas de veeduría y fiscalización. De ahí que el acto legislativo le otorgue al presidente la facultad de suspender el proceso electoral por motivos de orden público (algo problemático). Otro riesgo se podría encontrar en la posible cooptación de listas o candidatos por fuerzas políticas tradicionales o actores armados que vean en las curules una “ventana de oportunidad” política, no hay que olvidar que en 2002 el paramilitarismo llegó a tener el control del 35% del Congreso. Muchos grupos armados residuales son descendientes directos de ese proyecto paramilitar. Finalmente, resulta importante la pedagogía, la familiarización con el tarjetón, un acompañamiento efectivo a las campañas y procesos de transparencia. No será la primera vez que vamos a tener circunscripciones transitorias en Colombia, pero si es la primera vez que se priorizan estos territorios.
Concluyó este breve ABC con otra anécdota. El viernes 21 de mayo tras enterarme de la decisión de la Corte Constitucional volví a llorar, pero de alegría y emoción. Estoy seguro de que la llegada de los dieciséis representantes de las víctimas en algo podrá dignificar al Congreso, una institución tan desprestigiada. Resulta fundamental trabajar en espacios de articulación pedagógica y acompañamiento a los candidatos. Personalmente, me pongo a disposición en lo que pueda apoyar y acompañar. Es un compromiso por la paz y la reconciliación. A la implementación del acuerdo todavía le faltan tres periodos presidenciales y estoy convencido de que las curules llegan en el momento más necesario. Cuando los PDET arrancan a paso de tortuga y el programa de sustitución parece hundido. Así que hay mucho por hacer. Enhorabuena a los próximos representantes y sus territorios a los que tanto les debemos.
Para las víctimas, todo.
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