"Primero viene el individuo y luego viene el Estado, y el Estado ya no es un fin en sí mismo porque es, debe ser, solamente un medio que tiene como fin la tutela de la persona humana, de sus derechos fundamentales de libertad y seguridad colectiva” (Norberto Bobbio).
Llegado el 20 de julio, fecha en que se conmemoraban 211 años del célebre grito de independencia (que no era tal realmente), las expectativas se centraron en lo que pudiera suceder con la convocatoria hecha por sindicatos y organizaciones sociales a una gran movilización nacional (en contra del gobierno en sus diferentes niveles), y no, como regularmente acontecida cada año, en los desfiles o paradas militares de las fuerzas armadas y de policía (hoy armada hasta los dientes), esta vez reservadas a realizarse modestamente al interior de sus escuelas y batallones como consecuencia de las restricciones impuestas por pandemia, tal como sucediera en el año inmediatamente anterior.
Otra vez la ciudad que atraía la atención de todo el país era Santiago de Cali, en donde un pueblo enardecido y valiente la habría erigido, en dos meses de paro, como la capital de la Resistencia y la Rebeldía, en respuesta a un Estado corporativo, fascista, represivo y policivo, que ante los reclamos justos de un pueblo humillado y pauperizado, habría concurrido a reprimirle con el uso excesivo y desmedido de la fuerza, con acompañamiento del paramilitarismo, en su avanzada modalidad de urbano, auspiciado por “ciudadanos de bien”, estos con patente de corso para agredir y violentar a los manifestantes, dirigir a la fuerza pública y presionar a gobernantes a cumplir sus exigencias; prueba de su ascendencia dentro del Establecimiento es que no se haya judicializado persona alguna por tales motivos, distinto a la suerte seguida por protestantes que hoy contribuyen a congestionar cárceles y centros penitenciarios, en muchos de los casos sin elementos probatorios o evidencias físicas que satisfagan los requerimientos mínimos para la imposición de una medida privativa de la libertad.
Ante el precedente inmediato (aunque también lejano) de violencia, desapariciones y muerte en el marco de las protestas, varias de las organizaciones de derechos humanos más importantes de la ciudad, coordinadas entre sí y con las pocas dependencias de la institucionalidad (entiéndase Estado) reconocidas como interlocutoras válidas por lo demostrado en “el terreno”, así como con organizaciones de DD. HH. de orden internacional, fueron urdiendo previamente al 20 de julio el tejido humano y de recursos necesarios para afrontar de manera eficiente la dura jornada que se avecinaba, y que habría tenido como preludio y termómetro la Asamblea Nacional Popular convocada en Cali, Universidad del Valle, en los días 17,18 y 19 del mismo mes, la cual, a pesar del cerco territorial que quiso imponer de manera descarada y anticonstitucional a los asambleístas la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, supo salir avante, con resultados altamente positivos por su poder de convocatoria, deliberación y organización.
Foto: Juan Pablo Cardona
La jornada pintaba pacífica, no solo por lo que respecta a los convocantes de las marchas y las actividades culturales que se iban a realizar, sino también por los cantos de sirena emitidos por el señor alcalde distrital Jorge Iván Ospina, quien, al tiempo que desautorizaba a la Gobernadora del Valle en su pretendido y mal intencionado bloqueo de la ciudad (de lo cual ésta daba cuenta a su “jefe”: Álvaro Uribe, Dilian Francisca Toro o, por qué no, su hijo), mandaba mensajes públicos en redes sociales del respeto y la protección al derecho legítimo a la protesta por parte de la institucionalidad, de acompañamiento civil a las marchas (no policivo), de asistencia médica, bla, bla, bla, bla. Toda esa alentadora imagen se fue desvaneciendo a muy tempranas horas del día 20, cuando comenzó un provocador, humillante y excesivo despliegue de pie de fuerza en vías públicas y puntos de concentración, esa fuerza pública que se había venido fortaleciendo durante el fascista gobierno Iván Duque, a costa de un presupuesto que debió ser destinado, en época de pandemia, a paliar los efectos nocivos generados en la sociedad por una pandemia y su consecuente crisis económica, y no para la guerra, tal como iba a seguir siendo tratada la protesta.
Visto lo que se había preparado para el desayuno, ya se preveía cómo iba a ser almuerzo, y, peor aún, cómo iba a ser la cena; y ante eso que era previsible ya estaban preparados los defensores de DD. HH., encargados de intervenir, en la medida de lo posible, para evitar la confrontación entre fuerza pública y manifestantes; si esta de todos modos se desencadenaba, buscar aplacarla o mermar su intensidad; tomar datos de lesionados y detenidos para garantizar su asistencia médica y jurídica; verificar el reporte de muertos y desaparecidos y hacer el seguimiento respectivo para dar con su identificación y paradero; llevar a cabo las alertas y las denuncias respectivas, en fin, adelantar todas las acciones necesarias para proteger los derechos humanos dentro del marco de la protesta, establecer responsabilidades y procurar la no repetición de hechos lamentables hacía futuro.
Con un despliegue hacia los diferentes puntos de la ciudad en donde se fuera a dar inicio a las marchas, así como a los puntos de concentración final, se fueron ubicando uno a uno los defensores de DD. HH., individualmente o en colectivos, para dar cuenta al final de la jornada de una serie de vulneraciones a los derechos humanos, tales como:
Frente a la biblioteca comunitaria bautizada con el nombre del malogrado Nicolás Guerrero (antiguo C.A.I.), la policía retendría de manera arbitraria a cinco (5) jóvenes que participaban un plantón pacífico, seguidamente intentaron destruir la biblioteca, y en el acto hostigaron, y agredieron física y verbalmente a personal de derechos humanos que hacían acompañamiento en el lugar; Tipo 4:00 p.m., en proximidades de la Loma de la Cruz (Loma de la Dignidad), la fuerza pública (Policía Nacional) inició hostigamientos y ataques con gases y armas de fuego, en contra de la población civil que participaba de la jornada con actos culturales, reportándose inicialmente, en horas de la tarde, seis (6) personas lesionadas. En el sitio emplearían indiscriminadamente la cuestionada arma antidisturbios Venom; La incursión policial en los populares barrios Alcázares y San Luis I, disparando gases, tronadoras y armas de fuego, en donde resultaron con lesiones graves el joven Johan Romero, herido con tiro de fusil en su pierna derecha y, paradójicamente, judicializado por agresión a servidor público, y Miguel Ángel Ortiz, quien presentó lesiones con arma de fuego en codo, brazo izquierdo; Al entrar la noche la agresión a varios defensores de derechos humanos en el sector de Puerto Resistencia (Puerto Rellena), quiénes pedían información sobre unos retenidos, y donde uno de ellos terminaría con una grave lesión en su rostro, que conllevó una sutura de doce puntos.
Después del habitual “barrido” nocturno por inspecciones de policía, de las averiguaciones en Fiscalía por capturados, de asegurar la atención médica para los lesionados, y ubicar a los reportados por desaparecidos, el informe final de vulneración a los DD. HH. suministrado por la coordinación de las organizaciones encargadas de su protección, sería: “28 de personas lesionadas (uno de gravedad, con posible amputación de pierna, en condiciones de detenido), 7 personas detenidas (que salieron en libertad con comparendo), 4 defensores/as de derechos humanos agredido/as”.
Así terminaría otro día de trabajo para los anónimos defensores de derechos humanos, con un reporte que dejaría en entredicho (como usualmente pasa) el parte de normalidad suministrado por la administración municipal, para la cual, según el Secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Javier Soler Parra, un oficial retirado del ejército, todo se habría desarrollado dentro del más estricto respeto de los derechos humanos.
Con razón en un reconocido diario nacional se tituló: Defensores de DD. HH.: los que no pueden faltar en las protestas del 20 de julio.
