Las fuerzas militares, con sus escándalos, abusos y degradación son un reflejo del Estado, desde el Estado fueron educadas y creadas. No se puede modificar uno sin modificar el otro.
Una forma de evaluar la naturaleza de un Estado es analizar su sus fuerzas militares. De hecho, la historia de la consolidación del Estado en Colombia en el siglo XIX se puede rastrear a partir del proceso de profesionalización y formalización del ejército en Colombia; tal es el caso, que las primeras protestas populares nacerán asociadas a los uniformes del ejército, e incluso, el punto culminante de una nueva idea, ahora hegemónica, de Colombia con nación la marcará la guerra con el Perú en 1934.
El nuevo nacionalismo nació con la idea de “vive Colombia, viaja por ella” resaltando al país como destino turístico, consumible gracias a los “héroes de la Patria” que garantizaban viajar por las carreteras – así los precios de los combustibles anularán de facto esa posibilidad – en el contexto de la consolidación estatal; dicha consolidación según la política del mismo nombre –marco de la seguridad democrática, y del plan visión Colombia 20 19 – pasaba por el fortalecimiento de las instituciones y la presencia estatal mediante una institución en especial: las fuerzas militares.
Estado y Fuerzas Militares son dos componentes esenciales de nuestra realidad política, a tal punto que la inversión estatal mediante el presupuesto para ésta última es con mucho mayor al destinado a educación, salud, vivienda o cualquier otro derecho social, político o fundamental. De ello, que la suma de Andrómeda, falsos positivos, corrupción, abusos y violaciones a DDHH por parte de las fuerzas militares no son un tema menor: se trata de la realidad de una institución que se supone forjó el régimen político actual y por tanto refrenda su debilidad y su carácter excluyente y agresivo.
Que sean las fuerzas militares pilares, y artífices de la Colombia actual refleja la incapacidad del Estado para lograr, mediante la política pública, el sistema de partidos y/o electoral, o su capacidad ideológica, consenso en la sociedad colombiana. Ya el maestro Leopoldo Múnera señalaba ese rasgo al definir el Estado colombiano como una forma débil de consenso e integración, dificultad complementada y superada por ser este Estado una forma fuerte de represión, coerción y control.
La implementación de la mezquina agenda legislativa para con la población: TLC, reformas a educación, salud, pensional, tributaria, fuero penal militar, regla fiscal etc., ha sido impulsada por acciones de contención, cooptación y persecución al movimiento social y popular, e incluso a formas moderadas de acción política opositora. La pregunta que nace hoy, acerca de la naturaleza de las fuerzas militares, y del mismo Estado, es ¿qué queda en pie de la fortaleza de las instituciones y la legitimidad del Estado colombiano?
De nuevo, el debate de las garantías. No solo para hacer oposición, incluso las garantías para vivir digna y cómodamente en Colombia.
Se ha dicho que los escándalos de Andrómeda, falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, delitos sexuales internos a las mismas fuerzas militares y hacia la población civil, corrupción, “Tolemaida Tours” y el sinfín de denuncias contra el ESMAD, Brigadas Militares, y la cúpula misma, responden a “manzanas podridas” de la institución. La solución en consecuencia, es su depuración. Ya han sido removidos varios mandos de las fuerzas militares a lo largo de este gobierno. Han sido relevados ministros de defensa y se mantienen las mismas denuncias, surgen nuevas pruebas. ¡Cuántas manzanas podridas!
Nunca he creído en el mito del Estado legítimo, no en Colombia. Mucho menos en el de los héroes militares. Asumir el problema de las fuerzas militares como abusos individuales, aislados y puntuales de algunos mandos es una idea demasiado pobre y que la realidad se ha encargado de desvirtuar. Pero asegurar que se trata de una crisis de gobernabilidad del gobierno con las fuerzas militares, es impreciso: es evidente que miembros de las FFMM son declarados enemigos de la paz, y hacen lo posible por torpedear cualquier proceso que avance hacia ese objetivo. Sin embargo decir que el problema es que Santos no controla las fuerzas militares, así sin más, es considerar que el pobre presidente busca la paz con transparencia y vehemencia, mientras que sus subalternos militares hacen oídos sordos y actúan como quieren. Santos no controla las FFMM, y desde ellas se torpedea constantemente cualquier iniciativa de paz, sean los diálogos, movilizaciones, iniciativas populares, es cierto; como también lo es que la posición de Santos en el problema no es la de un pobre estúpido engañado. Al contrario, las fisuras presentes entre el gobierno y fuerzas militares nacen de la búsqueda de Santos por lidiar los intereses de la guerra como negocio y la paz como negocio. La disyuntiva de la clase en el poder, es la del mejor negocio posible: el mercado hasta dónde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario.
No se trata de visiones contrapuestas. El que las fuerzas militares se comporten como una empresa de mercenarios: su propio carrusel de contratos, sus mafias contra la Fiscalía y el movimiento social y popular, de pruebas falsas, acusaciones, abusos y descalificaciones; con su eficientismo asesino que a cambio de medallas, vacaciones y dinero asesinó a más de 4000 colombianos – falsos positivos- es un resultado de la doctrina militar que él mismo presidente ayudo a consolidar siendo ministro de defensa y ahora presidente. El problema de las fuerzas militares es el mismo de la vacilante y ambigua actitud del gobierno para con la paz. El problema de la concepción de la paz como ausencia de insurgencia, como desmovilización o aniquilación.
De allí que pese a los hechos, se mantenga el criterio de no incluir en una agenda de paz la doctrina militar y el problema de las fuerzas militares, como tampoco la agenda legislativa actual o un cese bilateral: años de pedagogía de la guerra forjaron el actual Estado y sus fuerzas militares. Años en que el todo vale, la doctrina del terrorismo omnipresente, y el abuso de la fuerza fueron cohonestados, promovidos y justificados por medios de comunicación y Estado se evidencian hoy en los escándalos. Esa es la política de Estado que forjó a su imagen y semejanza las FFMM. El problema radica en que el alcance y visión de paz del gobierno no es suficiente para cambiar ese rumbo, la noción de la paz como resultado de aniquilar a la insurgencia o lograr un acuerdo para que esta se desmovilice sigue siendo la constante. El gobierno no limitará de fondo las FFMM por mantener gobernabilidad en un contexto electoral, pero también porque su visión de la paz permite y requiere ese tipo de comportamiento: dialogo para la desmovilización de la insurgencia o confrontación militar para la derrota de la misma, manteniendo incólume el orden político y económico actual.
Urge la participación popular hacia el debate de fondo sobre la doctrina militar como fundante del Estado. De ella depende una real transformación de las FFMM, que no es de cúpula, es de concepción, doctrina y prácticas; lo cual implica necesariamente que la paz con apellido, con justicia social, sea una real política de Estado. Urge con ello que el Gobierno asuma una posición consecuente con la situación, de la forma en que afronte Santos el escándalo de las FFMM, podremos entender los alcances que le da a la idea de paz el gobierno, la renuncia del ministro de defensa sería un primer paso, un mensaje de que el problema es realmente político antes que individual; un mensaje de que la paz con justicia social es una premisa, en la cual la modificación del régimen político es una necesidad inherente, y en él, las FFMM y el Estado deben cambiar de papel: que el Estado sea promotor de consensos, y canalice las demandas y la solución a las necesidades de la población colombiana como estrategia real de disminución de las causas de la protesta social y política. En ello, el mecanismo de la asamblea nacional constituyente es imperativo como espacio social, popular y político de reconciliación y reconstrucción del país. La disyuntiva adquiere así la de las concepciones de paz exprés VS paz con justicia social basada en la solución política de las causas del conflicto social, político y armado en Colombia, de nuevo, no es Santos sino el pueblo, quién tiene la llave de la paz: la movilización y organización. Urge un frente amplio para reconstruir el orden de cosas en el país.
@CristianHurtMP
