Uno de los debates más interesante que se han hecho en esta legislatura en el Senado ha sido el adelantado por los senadores verdes Claudia López y Antonio Navarro. A su contenido difícilmente se le puede hacer justicia en una columna y suscita una serie de importantes reflexiones.
El propósito principal del debate fue hacer las cuentas de lo que se requeriría para lograr la meta de que Colombia fuera la más educada para el año 2025, formulada por el presidente Santos en su posesión el pasado 7 de agosto. En el debate se arranca por los programas para la primera infancia, sobre los cuales hay consenso que producen el mayor impacto costo/beneficio para habilitar a los colombianos hacia una igualdad de oportunidades, y que “solo quedarían cubiertos en ocho de dieciocho programas”. Se pasa a la básica y media, donde se cuantifican los costos de la expansión de la jornada única, construcción de colegios, los nuevos profesores, la alimentación escolar, el mejoramiento de la calidad, el aumento de los salarios de los profesores actuales, etc. etc. para llegar a una vez descontados los recursos disponibles (2,4 billones anuales) a déficits que arrancan en 3,3 billones para el 2015 y llegan a 10,69 en el 2025, solamente para educación básica y media. En educación superior se estima el costo de una cobertura del 70 % para el 2025.
Se hacen las preguntas relevantes sobre la mezcla tecnológica/universitaria, y luego se pasa a denunciar una serie de universidades que se han convertido en un verdadero negocio familiar, un problema potenciado porque muchas de ellas reciben crédito educativo, que termina siendo un engaño a los estudiantes y sus padres. El ministerio adelantó un avance en este sentido al presentarle al público el costo/beneficio de diferentes programas de educación universitaria en una página del ministerio para allí se pudiera ver si se justificaba la inversión, pero no sabemos en que quedaría este avance.
La ministra Parody en su respuesta al debate pidió compromiso al Congreso para darle los instrumentos regulatorios para atacar estos males, instrumentos que cuestan mucho menos, tan solo capital político: voluntad.
La simulación total arroja que para el 2015, descontado lo disponible, los déficits son para primera infancia (3,5), básica y media (5,70) y educación superior (1,3) un total de 10,5 billones en solo este año, déficit que va aumentando hasta llegar a 14,29 billones en el 2025. Estas cifras resultan apabullantes cuando en este momento se está discutiendo una reforma tributaria para cuadrar el déficit de 12,5 billones y hace saltar la preocupación de si al hacer todas estas sumas, con todos los programas y todos los cubrimientos este no es simplemente un ejercicio populista. Al fin y al cabo el populismo es esencialmente la ilusión de que alcanza para todo y no hay necesidad de priorizar.
Resulta muy fácil para los partidos fuera del gobierno hacer estas cuentas ya que quien debe eventualmente asegurar la sostenibilidad fiscal es la coalición de gobierno. Recordemos que esta necesidad de priorizar es lo que se espera surja de los procesos de planeación participativa, cuya premisa es que existen recursos limitados y que hay que escoger qué hacer y qué no hacer: un ejercicio de suma cero que genere racionalidad colectiva y compartida en, por ejemplo, planeación local.
También dispara los temores de que en el proceso de fusión que se dio del Partido Verde y los Progresistas los dos puntos que generaron divergencias se estén desbordando, esencialmente el tema del balance fiscal, imposible de violar en Colombia según Progresistas y la posición Estadocéntrica, que todo lo debe hacer el Estado, sin reconocer la esfera de lo público no estatal, la sociedad civil, puntos de la esencia de la tradicional y convencional izquierda.
El tema del equilibrio fiscal comienza a ser fruto de inmensa preocupación, por ejemplo en el costo de la paz, cuando un estudio del Carr Center en Harvard anota que el resarcimiento de las victimas alcanza en Colombia un desbordado 14 % de población, mientras que en los procesos comparativos al colombiano solo cubre el 1 %. Igualmente, opiniones de articulistas de la entraña del santismo (Gabriel Silva Luján) se comienza a abogar por “cambiar el paradigma” y revisar los límites de endeudamiento y la regla fiscal para financiar la paz.
Dentro del debate también se presentaron algunas sugerencias sobre la forma de generar más ingresos para la educación como si pudiera hacerse reformas tributarias con destinación específica en el ambiente actual de voracidad, donde ingreso adicional que se logre se encuentra con las fauces hambrientas de todo el Estado. No nos hagamos ilusiones como la que se hace también la Misión de Desarrollo Rural que espera financiarse con lo que se ahorre en la guerra, cuando El Salvador, por ejemplo, nos ilustra del error de desmantelar las fuerzas armadas en el posconflicto. No, lo que toca realmente hacer es priorizar y tener una muy buena teoría de cómo crear igualdad de oportunidades con la educación en Colombia.
Ahora bien, el gran aporte de este debate verde sobre educación es que va a permitir ver prístinamente las decisiones que el gobierno tome en el Plan de Desarrollo para resolver los complejos dilemas de inversión en educación y revele así sus prioridades. El Verde debe entonces establecer sus prioridades para poder contrastar las de gobierno, sin sombra de populismo y ayudar así a crear la racionalidad colectiva.
