Educación colombiana: más privada que pública

La educación en Colombia constitucionalmente es un servicio público, así reza en el artículo 67 “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, y a los demás bienes y  valores de la cultura.” esto significa que siendo un derecho fundamental, de forma amplia debe estar en todo momento y lugar al alcance de cualquier ciudadano. Sea porque la persona tiene como pagar o “comprar” educación o porque el Estado la provee por ser inherente a su finalidad social. Para el caso colombiano, aún las condiciones para su ofrecimiento completo están entre dicho, porque en el país entre tantas dificultades educativas se incumplen cuatro (4) obligaciones básicas para  garantizar su  efectividad y desarrollo.

1. Obligación Asequibilidad: es de obligatoriedad que gobierno nacional disponga y asegure hayan instituciones y programas educativos en calidad y cantidad suficientes por vías públicas o privadas con el fin de asegurar que para todos-as la educación sea asequible.
2. Obligación Accesibilidad: se comprende como la necesidad que la educación sea accesible para todos-as, sin ningún tipo de discriminación, sin menoscabo de marginación por situaciones económicas, étnicas, de seguridad y/o físicas entre otras.
3. Obligación Adaptabilidad: referida a que la educación sea flexible y responda a las requerimientos, particularidades y ritmos de aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes de manera que sea pertinente y llena de sentidos para los estudiantes, de manera que impulse la permanencia y el éxito escolar.
4. Obligación Aceptabilidad: tipificada como contar con las condiciones efectivas para asegurar que la educación sea de buena calidad, por lo que es importante hacer inspección y vigilancia, acompañamiento, seguimiento, apoyo y control en los momentos requeridos para que las instituciones cumplan sus misiones y proyectos educativos.

Estas cuatros A, como conceptos son fundamentales para hacer real el derecho a la educación en un país que tiene como apuesta prioritaria alcanzar la meta “mejor educado en el año 2025” cuya política educativa además de ambiciosa, es al mismo tiempo desproporcionada, ya que al planificar un asunto de tal envergadura se requiere conjugar en acción elementos básicos que todo proyecto serio medianamente se plantea en términos de ser realizable, alcanzable, costeable y medible en su pertinencia política, social e histórica.

Educación “superior” en contexto

Para hablar de este nivel educativo, cabe preguntarnos ¿por qué es  importante intervenir y transformar la educación superior? Un gran número de la población sabemos que las 32 universidades públicas están en crisis de existencia por sus bajos ingresos por matrícula y sostenibilidad, a pesar de la sobrepoblación estudiantil.

El Estado gira un ingreso per cápita al año por estudiante de 2.600 dólares en un presupuesto promedio de 500.000 millones de pesos para las universidades más grandes, a excepción de la Uninacional que pasa de un (1) billón de pesos; dineros con destinación a funcionamiento, gastos administrativos, actualización docente, investigación o procesos de extensión a comunidad. Estos presupuestos tan integralmente pírricos  hacen que proyectos de desarrollo universitario, sentidos y acciones de transformación en entornos, población y conocimientos quedan a la suerte. Por ello, las universidades públicas se ven obligadas a vender servicios e incrementar costos de matrícula como forma de subsistir a sus altos gastos de funcionamiento, aunado a una burocracia sindical que ayuda poco y pone en riesgo su viabilidad y/o pertinencia social  convirtiendo las universidades públicas en altamente costosas para que los más pobres  accedan a las mismas.

Según cifras del Ministerio de Educación, con corte al mes de agosto del 2015, solo el 41,2 % de los estudiantes de colegios oficiales y el 56,4 % de no oficiales ingresan a la educación superior, lo que equivale a una tasa de absorción 48,5%. Esto quiere decir que de 100 estudiantes que finalizaron grado 11, solo 48 ingresaron a la educación superior el año inmediatamente siguiente a culminación de la media. Lo anterior,  que urgente necesidad de construir en el país mínimo 40 universidades para satisfacer a más de 923.076 estudiantes que actualmente se encuentran sin atención. Situación que el país mitiga a través del SENA, algunas instituciones universitarias e institutos con programas por competencias laborales. Por ello, propuestas como la de “ser pilo paga” requiere sostenerse y ampliarse, inclusive pensar ya en un proyecto de gratuidad nacional del nivel técnico profesional, como primer peldaño de ciclo propedéutico superior. Recordemos que la última universidad pública creada en Colombia, hace casi 30 años, es la Universidad del pacífico, fundada en 1988.

El crecimiento de las universidades no oficiales es casi el doble de la pública, según cifras Ministerio de Educación Nacional-MEN, 2016.

Los datos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior-SACES, indica con claridad que las 50 universidades no oficiales son aliadas estratégicas en el cumplimiento de las distintas  grandes metas para el país, competitividad, paz-posconflicto, equidad, desarrollo social y educación. Aquí lo que hay que revisar es el efectivo aseguramiento de la calidad, si las universidades acreditan calidad como principio de mejorar la matrícula, porque es indudable e incuestionable el bien que hacen a lo largo y ancho de la nación en acceso a este derecho como bien público, por lo que la regulación, el seguimiento y acompañamiento son importantes para determinar una verdadera inclusión y equidad educativa, y no una privación de un derecho que es pilar fundamental para el desarrollo de otros derechos humanos.

Realmente, el análisis de la educación superior muestra que el acceso en su concreción efectiva, es un beneficio de unos pocos, una exclusividad y un privilegio que determina en el futuro cercano mejores posibilidades de calidad de vida para una “élite” que puede alcanzar mejor empleabilidad, acceso a bienes y servicios o capitales socio-culturales. Aunque no se garantice en un 100% todos los beneficios directos e indirectos de recibir buena educación, al estar más educado es más probable conseguir un empleo mejor remunerado o disfrutar de más bienes. Económicamente esto se refleja en la estructura de valoración laboral, por ejemplo un técnico gana en promedio máximo 1.5 SMLV, mientras un profesional obtiene en promedio de 3 a 3,5 SMLV. Finalmente, invertir en educación si paga, si se comprende que una sociedad educada es menos conflictiva, más democrática y más dispuesta al progreso. En ello, la educación como bien público-común, cumple una finalidad vital para comprender mejor ¿Qué país tenemos y cuál queremos? allí reposa la relevancia de apostarle a la innovación, al aseguramiento y mejoramiento de la calidad y hacerla más alcanzable para la población, en especial para los jóvenes que se encuentran por diferentes condiciones sin continuidad educativa universitaria, pero sobre todo porque no hay universidades públicas en cantidad/calidad suficientes y alcanzables para todos-as.

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