El espeso humo de las barricadas aún impregna el ambiente de la capital de Ecuador. El acuerdo alcanzado por las organizaciones indígenas y populares con el presidente Moreno parece sofocar la desobediencia de miles de ecuatorianos indignados por la expedición del decreto 883 que eliminaba subsidios a los combustibles, exigencia del FMI para aprobar un crédito al país meridional. Se termina el estado de excepción y regresan las comunidades a sus sitios de origen.
Las imágenes transmitidas por las redes sociales, a falta de información en los medios impresos y televisivos, en las que se aprecia la masiva participación de las comunidades indígenas, las mujeres con sus hijos a la espalda, abuelas y habitantes de las principales ciudades del país, son la mejor evidencia de la magnitud que alcanzó la protesta, fuertemente reprimida por las autoridades policiales por lo que al final de la jornada, de cerca de dos semanas, se contabilizan diez muertos, un poco más de un millar de heridos y similar cifra de detenidos, según la CONAIE.
El resultado del levantamiento, sin embargo, confirma las limitaciones de quienes lideraron el descontento popular. Los negociadores se conformaron con pactar la supresión del arbitrario decreto, pero no cuestionaron el conjunto de las políticas que agencia el gobierno de Lenín Moreno y que corresponden a las recetas fallidas de los organismos multilaterales de crédito, que tienen en serios apuros a otras naciones por el impacto negativo que tienen en la distribución del ingreso y el desarrollo nacional.
A pesar de todo, se demuestra una vez más que el poder de la movilización social cuando es masiva es tal que puede quebrantar la autoridad de cualquier gobierno. Ojalá los desertores de las Farc, los miembros del ELN y las minorías de encapuchados en las manifestaciones estudiantiles aprendieran la lección: unas pocas facciones de desesperados no lograran nunca doblegar el poder del Estado, ni representar el querer de las mayorías.
La cerilla que prenda nuevas olas de protesta están listas en múltiples lugares del continente, agobiado por la crisis económica y la soberbia de unas elites que desprecian a quienes han provisto el trabajo para la acumulación de sus exorbitantes fortunas; a su debido tiempo las medidas que presionan el Banco Mundial, el FMI y la Ocde, como la reducción de los salarios, el despojo del ahorro pensional, el aumento de los precios de los combustibles, encontraran el rastrillo que encienda la hoguera de la insubordinación. La autoridad podría cambiar de manos y la humareda esparcirse en otras latitudes.
