Son las primeras elecciones pospandemia que se realizan en Latinoamérica. Un país bajo una fuerte crisis económica y duramente golpeado por el COVID-19, con 15.321 al cierre de esta columna. El año pasado se registraron escenas dramáticas: cadáveres de víctimas de la pandemia que permanecían en las calles ecuatorianas. Con un gobierno débil, fruto de haber tenido que lidiar desde 2017 con una herencia deficiente dejada por los 10 años de Rafael Correa; más los dos años siguientes bajo sospechas provenientes del resto del espectro político que siguió viendo al presidente Lenin Moreno como el continuador de una praxis de división social que persiste. Sumado a la inexistencia de la bonanza petrolera que había mantenido a Correa en la cresta de la ola.
Aquel escenario cambió a partir del tercer año de gobierno cuando Moreno derrotó en las urnas —mediante un plebiscito— los resortes básicos para el correismo. No presionó al poder judicial, que investigó y sancionó los casos de corrupción de la época de Correa, llevando a la cárcel al vicepresidente Jorge Glas compañero de fórmula impuesto por Correa a Moreno, y responsable de la malversación de 16 millones de dólares fruto de negociados con Odebrecht
La primera vuelta electoral del 7 de febrero definió qué tipo de país quiere la ciudadanía ecuatoriana y la segunda, prevista para el 11 de abril, determinará quién será el nuevo presidente, instancia para la que ya logró un puesto Andrés Arauz (36) el delfín de Correa, que se postuló por la nueva coalición, Unión por la Esperanza (UNES).
La composición del parlamento —142 legisladores— quedó dispuesta con un alto componente de sectores que quieren un cambio en la línea propuesta por una figura emergente, indigenista, de centro izquierda, Yaku Pérez (50) y el empresario Xavier Hervia (48) — Izquierda Democrática, tradicional socialdemocracia que gobernó con Rodrigo Borja a fines del siglo pasado— y que en aspectos puntuales podrían coincidir con el Partido Social Cristiano (PSC), que respaldó al banquero, dos veces candidato presidencial, Guillermo Lasso (65). Los dos primeros suman casi un 45% del electorado y el tercero, casi un 20%.
El correismo puro y duro mantiene el 32% del electorado, que le otorga 50 legisladores.
El PSC con 19 bancas se ubica en cuarto lugar en cantidad de legisladores y su socio electoral el movimiento Creo (Creando Opciones), quinto con 12 legisladores.
Para que la nueva asamblea logre la aprobación de proyectos de ley y resoluciones se requieren 70 votos, o sea que la mayoría absoluta no la tiene ninguno de los bloques partidistas.
El economista Arauz deberá competir con quien resulte triunfador entre Lasso y Pérez, que en el recuento de votos marchan cabeza a cabeza. Según el conteo oficial al miércoles 16, Lasso, conservador apoyado por la derecha, tiene una ventaja sobre Pérez de unos 33.000 votos, en un padrón de 13 millones de electores. El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe disponer el recuento de votos en 17 provincias de acuerdo a lo solicitado por el candidato presidencial de Pachakutik, Yaku Pérez.
El sistema político ecuatoriano vive una crisis importante. Prueba de ello fueron las 16 fórmulas electorales que compitieron en la elección. Otro indicador lo ofrece la peripecia del que fuera el principal partido político, Alianza País (AP). En las elecciones de 2013, Alianza País con Correa obtuvo 57,2% de los votos y en las siguientes de 2017, con Lenín Moreno como candidato, alcanzó el 51,2% logrando, Alianza País 74 bancas en las legislativas del mismo año. El 7 de febrero no obtuvo una sola banca.
Existe una notable fragmentación política en Ecuador fruto de una crisis de representatividad, aunque en el caso de asambleístas nacionales, 14 de las 15 bancas quedaron en manos de las cinco fuerzas políticas más representativas en estos comicios generales.
El país requiere de un nuevo modelo económico y político, según el politólogo Simón Pachano, así como de una recomposición identitaria, en opinión de María Paz Jervis, decana de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK Ecuador, para quien su país hoy tiene “una sosedad desarticulada que le legó un líder mesiánico que con un discurso de confrontación creo una nueva identidad que caló, y no solo en la gente más humilde con relación clientelar, sino en una generación de jóvenes profesionales cuyo primer empleo fue el sector público en época de bonanza y se deslizó a una generación entera”, dijo a France 24 Español, dos días antes de la elección.
Para mencionar solamente dos de los graves temas a encarar por la nueva administración: infancia y conectividad.
Según cifras de Unicef, antes de la emergencia sanitaria, aproximadamente 268.000 niños, niñas y adolescentes ya estaban fuera del sistema educativo ecuatoriano y aproximadamente 187.277 tenían rezago escolar de más de dos años.
La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), informa que el acceso a Internet fijo apenas aumentó el 0,61% en el último año, lo que incluye el periodo de la pandemia por el COVID-19. La conectividad en Ecuador alcanza un 12,73%, es decir, alrededor de 2’214.180 de cuentas activas, en casi 18 millones de habitantes.
Nada está decidido, cualquier cosa puede pasar y todo es posible. Imposible anticipar el comportamiento electoral de los ecuatorianos dados los elementos aquí analizados. Según sea Lasso o Pérez quien vaya a segunda vuelta contra Arauz, vuelven a barajarse las opciones y el destino del Ecuador en los próximos cuatro años.
¿Y Rafael Correa? Encabeza una lista de 20 sentenciados por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. Los ocho años de cárcel definidos para Correa como autor mediato por instigación del delito de cohecho agravado son la primera condena que recibe por un acto de corrupción, luego de casi cuatro años de dejar el poder.
Correa también mantiene un llamado a juicio en suspenso por ser uno de los autores del secuestro en Colombia del activista político Fernando Balda.
La Fiscalía de Ecuador registra 34 investigaciones previas en contra de Correa: diez por peculado, ocho por tráfico de influencias, tres por fraude procesal, dos por traición a la patria y una por delitos como defraudación tributaria, robo, asesinato, tentativa de asesinato, homicidio, alteración de evidencia, instigación, odio, cohecho, delincuencia organizada y falsedad de documento público.
