No tiene antecedentes la importancia y envergadura de la audiencia pública, convocada por las bancadas alternativas del Congreso de la República y realizada en Barranquilla el pasado sábado primero de diciembre, sobre la crisis eléctrica de la Costa Atlántica. Este es el principal motivo de preocupación de más de diez millones de habitantes que vienen sufriendo lo indecible por el pésimo y costoso servicio eléctrico de una empresa arruinada por la trasnacional española Fenosa-Naturgy y que tuvo que ser intervenida por la Superservicios hace ya más de dos años. No es de extrañar que más de seiscientas personas de todos los departamentos y sectores sociales se hubieran hecho presentes en el Paraninfo de la Universidad Reformada de la capital del Atlántico.
Por parte de los parlamentarios alternativos intervinieron, entre otros, Victoria Sandino, Alexander López, Iván Cepeda, Jorge Enrique Robledo, Antonio Sanguino, Aida avella y Ángela Robledo, quienes coincidieron en que después de la quiebra de la empresa en manos foráneas por la fracasada política de privatización, la única solución seria y consistente con los intereses de la región y los usuarios es que el Gobierno nacional asuma el control y la administración del servicio eléctrico en los siete departamentos de la región Caribe. Insistieron en la necesidad de una sola empresa que permita utilizar las economías de escala para brindar un servicio de calidad a precios módicos, haciendo las grandes inversiones requeridas que deben ser capitalizadas a favor del sector oficial, así sea necesario ajustar los requerimientos de ley. Con estos planteamientos se identificaron los voceros de los departamentos que hicieron uso de la palabra y el Sindicato de la empresa, Sintraelecol, a través de su presidente en el Atlántico, Hamilton Barreto.
Del sector oficial solo se hicieron presentes funcionarios de nivel medio de la Comisión de Regulación de Energías y Gas, CREG, y de Electricaribe. Brillaron por su ausencia los delegados del Ministerio de Minas y Energías y de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que hoy administra la empresa. Tampoco asistieron representantes de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, lo mismo que congresistas de la bancada costeña que fueron invitados.
Las conclusiones del importante evento, leídas en el recinto, son las siguientes:
- La declaratoria de alerta de las fuerzas vivas de la región por la crítica situación.
- El rechazo unánime al alza de las tarifas eléctricas contempladas en la Resolución 015 de la Creg de 2018, que entrarían a regir el 1 de abril de 2019, ya que los usuarios residenciales y del sector productivo no son los responsables de la debacle.
- Propender a que el servicio eléctrico en la Costa sea asumido por el sector público y se impulse la integración vertical con empresas generadoras oficiales.
- Llevar a todos los sectores sociales, comunales, gremiales, sindicales y a la sociedad en general de los siete departamentos de la Costa las estas conclusiones, de tal forma que se conviertan en unas exigencias de toda la región para ser materializadas.
- Establecer el día trece del mes de febrero de 2019 para llevar a cabo acciones ciudadanas en todos los rincones de la región Caribe, capitales de departamento y municipios, para hacer conciencia de nuestras demandas ante el gobierno nacional, tales como movilizaciones, marchas, plantones, foros, etc.
- Rechazar la segmentación del mercado eléctrico de la Costa y exigir que se mantenga la integralidad de la empresa en todos los departamentos de la región.
Se viene un pulso grande en esta estratégica región de Colombia entre dos posiciones diametralmente opuestas, pero el interés nacional y regional prevalecerá a la larga por muy sinuoso que sea el camino. Aspiramos a vencer, porque la decisión está en manos de más de diez millones de habitantes de la Costa, que impedirán a toda costa la regresión y el desatino del gobierno de turno y su contubernio con el sector financiero internacional.
