Ecopetrol ocupa nuevamente los titulares de los medios, y no podía ser para menos. Es la mayor empresa del país y el patrimonio público más importante con que cuenta la nación después de la devastadora ola de privatizaciones implementada por los gobiernos neoliberales de los últimos 30 años.
Los titulares advierten sobre una comprometida situación de la empresa por los resultados económicos y misionales, de lo cual poco énfasis se hace, y también por las denuncias de corrupción que comprometen al presidente de la compañía y exgerente de la campaña de Gustavo Petro, Ricardo Roa.
Los organismos de control interno de la empresa, los del Estado y los de la justicia deben investigar a fondo las denuncias de corrupción que prestigiosos medios y periodistas han divulgado y que ni el gobierno ni Ecopetrol ni Ricardo Roa han desvirtuado satisfactoriamente. Se destaca la relacionada con la adquisición y mantenimiento de un apartamento de Ricardo Roa que lo involucra en relaciones anómalas con el empresario William Vélez, quien acaba de cerrar el gran negocio de venderle a Ecopetrol la generadora de electricidad TermoMorichal, en el departamento de Meta, por 42 millones de dólares. A William Vélez se le concedió la operación de dicha unidad por un año a razón de 2 millones de dólares mensuales, tal como lo denuncia Daniel Coronell en la revista Cambio.
También son de extrema preocupación las extensas denuncias de corrupción reveladas por La Silla Vacía y Caracol 6 AM sobre la injerencia del señor Julián Caicedo, compañero sentimental del presidente de Ecopetrol, no solo en la definición de distintas contrataciones de la subsidiaria de Ecopetrol, Cenit, empresa encargada del transporte de hidrocarburos, sino también por los nombramientos de personal en distintos puestos de trabajo.
Las denuncias de corrupción deben ser investigadas con rigor y despejar cualquier duda, pues se trata del manejo de una empresa que incide en la generación de empleo, la activación de firmas de servicios e ingeniería, el comercio y los ingresos de la nación por regalías, utilidades e impuestos, con más de 50 billones de pesos al año.
El segundo aspecto de las menciones sobre Ecopetrol se relaciona con el manejo que el gobierno de Gustavo Petro y sus ministros de Minas han determinado sobre la política petrolera nacional, y cuyas consecuencias le hacen un gran daño a la economía y al bienestar de la población y atentan contra una transición responsable y soberana, pues se trata de la seguridad energética.
Los flacos resultados financieros de Ecopetrol en estos nueve meses de 2024, la amenazante posibilidad de perder la autosuficiencia en la producción de crudo y gas, el alarmante endeudamiento de la empresa, la caída de casi un 50% de su valor en bolsa y la decisión irracional de no firmar nuevos contratos de exploración, deben movilizar a la opinión pública y a las fuerzas políticas a exigir que se revise de raíz la orientación de la política petrolera y energética del gobierno, única garantía para una transición responsable y soberana.
En los primeros nueve meses de 2024, Ecopetrol tuvo una caída en los ingresos por refinación de 132.7%, al pasar de 2,78 billones en 2023 a menos 900 mil millones en 2024, pérdida motivada por la disminución de los márgenes de refinación y por falta de optimización y mantenimiento adecuado de sus unidades.
Las utilidades del tercer trimestre de 2024 cayeron 28,7% con respecto al 2023, de 5,8 billones a 3,6 billones. En total, las utilidades de estos nueve meses han caído un 25,6%. Por supuesto que influye la fluctuación de los precios del crudo, el hecho de que el gas que compran las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena aumentó más del 30%, mientras que la demanda interna de refinados bajó 3.9%.
La producción de crudo está en 752.000 barriles diarios y tiene un componente de producción en campos asociados en Estados Unidos, cuya rentabilidad está por probarse y cuyo volumen alcanza los 95.200 barriles diarios, lo que permite deducir que la producción real en Colombia es de tan solo 656.800 barriles diarios.
Según la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP, de los 40 pozos exploratorios que se deberían perforar en 2024, sólo se han perforado 11 al mes de agosto, y según declaraciones recientes de Ricardo Roa, apenas se llegaría a 16, cifra deficiente para lograr reponer y aumentar las reservas del país. Según esta misma fuente, las compañías que operan en Colombia se han comprometido a perforar 110 pozos exploratorios hasta 2030, y de ahí en adelante no hay programación porque no hay firmados nuevos contratos. Las reservas probadas del país están estipuladas para siete años, hasta el 2031, y de ahí en adelante reina la incertidumbre.
A lo anterior se debe agregar que a partir de 2025 habrá importación de gas natural, sin que se haya establecido aún el volumen, que dependerá del avance en los trabajos de explotación de los recientes descubrimientos mar adentro en el Caribe y que la ministra Susana Muhamad ha torpedeado constantemente.
Muy desafortunado que la Unión Sindical Obrera, USO, considere de menor cuantía las acusaciones de corrupción y salga a defender a Ricardo Roa, sin que medien explicaciones contundentes y sin que ningún organismo de control o de justicia haya investigado y fallado al respecto. Es un desacierto invocar en el respaldo a Roa que hubo anteriores escándalos de corrupción, mayores que este que nos ocupa, casos también acertadamente denunciados por la USO y por quienes actualmente rechazan los desaciertos de este gobierno. Tan graves como los escándalos de REFICAR, INVERCOLSA, las ventas a futuro de crudos y las inversiones en Perú y Brasil, que en su momento alertó el senador Jorge Enrique Robledo, son las actuales denuncias de corrupción. Corrupción es corrupción, en cualquier momento de la historia y en cualquier tipo de gobierno, llámese de derecha, izquierda o centro. El deber de los trabajadores y sus organizaciones es defender la soberanía, el trabajo y la producción nacionales. Hoy, el patrimonio y el esfuerzo de los colombianos que representa Ecopetrol se ven amenazados por una política de transición energética aventurera que favorece los intereses de las multinacionales de la energía y que atornilla en la presidencia de la empresa a un personaje fuertemente cuestionado por denuncias de corrupción y además por violaciones a la ley en la gerencia de la campaña presidencial.
Toca unir al país por una transición energética responsable y soberana, garantizar la autosuficiencia de hidrocarburos y asegurar la permanencia de Ecopetrol como motor del desarrollo nacional. La USO sentirá el acompañamiento de todos los demócratas y progresistas de Colombia en la medida en que tenga coherencia con esta sentida problemática.
