La presencia de un virus nuevo de fácil transmisión ha puesto en pausa las relaciones sociales tal cual las conocemos. Analistas de todas las orillas han hecho diferentes propuestas para afrontar la crisis y continuar con la vida una vez disminuyan significativamente los contagios del SARS-CoV-2, estas van desde reformas paliativas hasta cambios radicales en los sistemas de redistribución. En todo caso, ya no queda nadie sensato que diga que el camino es continuar con la vida tal como la conocíamos. Los ritmos de producción, la regulación de las mismas relaciones sociales, el papel del Estado y la forma que adopten los sistemas de salud pública, han entrado al terreno del debate. Incluso, las fórmulas más conservadoras, reconocen que el neoliberalismo no ha generado las condiciones óptimas para enfrentar situaciones de crisis como la actual.
Pese a la actitud vacilante del gobierno central, alcaldes y gobernadores han asumido el liderazgo en las propuestas para aplanar la curva de contagios, pues son finalmente las redes de salud municipales y departamentales las que asumirán el mayor peso en la atención de los casos clínicos. Pero lo harán con una capacidad debilitada por tres décadas de intermediación financiera de las EPS, por la desregulación del mercado laboral del personal de la salud y por los limitados recursos que quedan en las regiones para atender las obligaciones sociales del Estado. Estamos lejos de tener las condiciones suficientes para atender la emergencia en sus picos más altos.
Estas autoridades locales se sumaron a la presión social que llevó al gobierno nacional a extender el periodo de aislamiento obligatorio hasta el 27 de abril. Decisión que hará más lento el contagio dando más tiempo para la adaptación del sistema de salud a la nueva situación. A todas luces, es una medida positiva, sin embargo, el presidente Duque ha demostrado con sus pronunciamientos erráticos que, de no ser por esa presión social, su proceder sería el equivocado para afrontar la pandemia.
Por otro lado, son evidentes los estragos del aislamiento en la débil e informal economía del país: las micro y pequeñas empresas que son el 80% de las fuentes de empleo[1] no tienen cómo sostener salarios a largo plazo sin actividad productiva y una demanda estancada. La informalidad del 47,7% y una tasa de desempleo de 12,2% (DANE, 2020) implica que más de 13 millones de personas en edad productiva tienen altos riesgos de padecer hambre en el aislamiento obligatorio sin ninguna ayuda estatal.
La necesidad habla por sí sola, es hora de tomar decisiones de carácter económico para garantizar la sobrevivencia de millones de familias. El Financial Times, un conocido diario liberal británico, señaló:
Será necesario poner sobre la mesa reformas radicales, que invierten la dirección política predominante de las últimas cuatro décadas. Los gobiernos tendrán que aceptar un papel más activo en la economía. Deben ver los servicios públicos como inversiones en lugar de pasivos, y buscar formas de hacer que los mercados laborales sean menos inseguros. La redistribución volverá a estar en la agenda; Los privilegios de los ancianos y ricos en cuestión. Las políticas hasta hace poco consideradas excéntricas, como los impuestos básicos sobre la renta y la riqueza, tendrán que estar en la mezcla.
Las medidas de los municipios y departamentos serán insuficientes si el gobierno nacional no realiza acciones para solventar la crisis. Deberá ser el Estado desde su nivel central quien asuma el protagonismo para garantizar los más elementales derechos, a contramano de lo que durante décadas ha pregonado el neoliberalismo. El presidente Duque debe renunciar a entregar al sistema financiero los recursos para las empresas, sosteniendo que será a través de créditos que se solventará la crisis; debe abandonar la transferencia de los recursos de la salud a las EPS, pues no son ellas quienes atenderán a los pacientes, sino la red hospitalaria; abandonar la premisa de dar las transferencias de dinero directas a las familias mediante los mismos mecanismos de focalización que llevan décadas y aún no vencen la pobreza. Las acciones que se demandan hoy son atípicas. Sostener el dogma del crecimiento económico por efecto derrame de los sectores poderosos de la economía es condenar a millones de personas a morir contagiadas por COVID-19 o por el hambre.
Hace dos semanas, el senador Jorge Robledo envió una carta al presidente Iván Duque, donde exponía cinco fuentes de financiación de las que puede disponer hoy el gobierno para fortalecer y adecuar el sistema de salud, fortalecer la capacidad de compra de los informales, desempleados y clases medias y defender y estimular el aparato económico en medio de la crisis:
1. Reorientar el gasto público de áreas que no son prioritarias en las actuales circunstancias e invertir las utilidades de empresas como el Banco de la República, Ecopetrol e ISA.
2. Apropiar las reservas inactivas que hoy tiene el país en bancos extranjeros, que son alrededor de $20 billones.
3. Refinanciar la deuda pública con entidades extranjeras, con ello, este año se podrían usar recursos de los $14,2 billones, que se abonarán a la deuda.
4. La posibilidad de recurrir a créditos con emisión del Banco de la República a la Nación con las mejores condiciones que se puedan diseñar.
5. Modificar o eliminar las exenciones tributarias que tienen los grandes monopolios del país y que en la última Reforma Tributaria del 2019 se ampliaron.
Analizando seriamente estas alternativas, se podría dar a la crisis una salida democrática y evitar que sean los más vulnerables quienes asuman las peores consecuencias de la pandemia. Bien lo dijo Salomón Kalmanovitz, “no es tiempo de ortodoxia económica”.
[1] Portafolio (2019). Mypimes son la fuente de empleo de más de 16 millones de colombianos. Septiembre 26 del 2019.
