La Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, es el principal activo público que tiene el país. En los últimos diez años ha transferido a las arcas de la nación 200 millones de millones de pesos colombianos. De manera mezquina, dirigentes como Jorge Humberto Botero, entre otros, han propuesto entregarla al control privado. Es decir, perdería su condición de empresa pública y así también sus ganancias.
Como ninguna empresa individual tiene la plata que vale Ecopetrol, desde 2002 se inició un proceso de escisión o desmembramiento de la compañía, que a la fecha tiene 29 subsidiarias, de las cuales 18 están en el extranjero, 9 están en el área financiera y 9 están en reconocidos paraísos fiscales, incluido un banco en Suiza desde el cual prestaron USD 2500 millones para el desfalco de Reficar, que probablemente no se recuperarán. Sobre las subsidiarias en el extranjero y especialmente las que están en Bermudas, Islas Caimán, Panamá y Suiza, hay muy poca posibilidad de tener información. A pesar de que Ecopetrol es una empresa pública, ninguna autoridad política o de control nacional tiene acceso a estas cuentas. Este tema lo conoce muy bien el ministro Alberto Carrasquilla, afamado cliente de paraísos fiscales.
Según información de la Financiera de Desarrollo Nacional,
encargada de recibir el dinero de la venta de Isagén, a la fecha se han prestado $400 000 millones al grupo Sarmiento Angulo.
Con Ecopetrol quieren hacer lo mismo que con Isagén. Los privatizadores de siempre dijeron que esos recursos estarían mejor invertidos en carreteras, como las que hace Odebrecht en asocio con el grupo Luis Carlos Sarmiento. Según información de la Financiera de Desarrollo Nacional, encargada de recibir el dinero de la venta de Isagén, a la fecha se han prestado $400 000 millones al grupo Sarmiento Angulo.
En los últimos días viene cobrando fuerza la idea de privatizar a Cenit. Esta subsidiaria de Ecopetrol es la encargada del transporte de los hidrocarburos y sus derivados. Toda empresa que use sus 8178 kilómetros de oleoductos y poliductos y sus tres terminales, debe pagar peaje a Ecopetrol. Por esta razón, en los últimos cinco años obtuvo utilidades netas por $11,7 billones, el 47 % de las utilidades de la estatal.
No es coincidencia ni es extraño entonces, que el 18 de diciembre de 2017 la firma Delvasto y Echeverría, contratada por el ministerio de Minas y Energía, haya publicado un documento enfocado en mostrar el “poder de monopolio” de Ecopetrol sobre el “control de las decisiones del sector transporte”. Asimismo, plantean como solución la creación de un “coordinador independiente del sistema de oleoductos” que establezca un “proceso de regulación tarifaria”. Curioso que para esta actividad de transporte se pida una regulación tarifaria y se considere un esperpento hacerlo para empresas dominantes como Avianca.
Las cartas están echadas.
El supuesto informe del Consejo Gremial sobre la privatización de Ecopetrol,
resultó ser un mandado del exministro Botero
Las cartas están echadas. El supuesto informe del Consejo Gremial sobre la privatización de Ecopetrol, resultó ser un mandado del exministro Botero, también promotor de la privatización de Isagén, así como sus declaraciones en la revista Semana sobre la “venta total o parcial de Ecopetrol”. Se suma el: “puede resultar atractiva para inversionistas”, de Mauricio Cárdenas refiriéndose a Cenit y el: “tiene que estar puesta siempre sobre la mesa”, de Alberto Carrasquilla sobre la venta de acciones de Ecopetrol, y queda claro que no son señales sino anuncios contundentes de la nueva pérdida del patrimonio nacional que se avecina.
Como siempre, el camino para la defensa de Ecopetrol es uno solo: la más amplia unidad de diversos sectores políticos, sociales, académicos y sindicales. De no frenarse, habrá que ir pensando cuáles serán las dos letras que completarán el título de esta columna.
Twitter: @mariovalencia01
