Entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá estaba el epicentro de la zona paramilitar más dura de la Costa Caribe. Masacres, secuestros y desplazamientos forzados fueron constantes de esta región en la que mandaban los hermanos Castaño, Hernán Giraldo, Jorge 40 y Salvatore Mancuso, quienes en alianza con algunos ganaderos, empresarios y la misma fuerza pública, combatieron a la guerrilla.
En el medio quedaron víctimas de todos los frentes de paramilitares, pero también de las FARC y el ELN. Cada quien hacía lo que podía e intentaba huir de la muerte que parecía respirarles en la nuca con un conflicto salvaje que no daba tregua. Entre ellos está Luis Fernando Lara, de 40 años, quien hoy trabaja con víctimas del conflicto como él. Hace 30 años fue desplazado de su tierra, los Montes de María, por Rodrigo Mercado, alias Cadena, el jefe del Bloque Héroes más sanguinario que cometió más de 40 masacres entre 1995 y 2005 en aquel territorio. En una época en la que los desplazados, según Lara, eran despreciados y considerados un peligro, le tocó caminar hasta el departamento del Cesar en donde vive desde entonces. Hace ocho años terminó el bachillerato, hoy estudia ciencia política y es candidato a la curul de la circunscripción 12, la más peleada en esa nueva competencia por las Curules de Paz.
Que las víctimas tuvieran un puesto en el Congreso —como quedó consignado en el Acuerdo de Paz de La Habana— generó una intensa puja en el Senado. Las Curules se pelearon voto a voto y algunos congresistas como Efraín Cepeda, como presidente del Senado en 2017 cuando se votaron por primera vez, fueron un palo en la rueda para su aprobación. El bloque opositor al Acuerdo de paz logró que las curules se hundieran por un voto, pero el senador Roy Barreras dio la pelea, pues según él las mayorías para aprobarlas habían sido mal contadas. La Corte Constitucional le dio la razón dos años después. La polémica quedó abierta pero en ese momento se cerró la puerta para que las víctimas tuvieran sus curules en las elecciones del 2018, cuando muchos pobladores de los diez departamentos donde el conflicto fue más intenso ya habían empezado a hacer campaña en sus regiones. 2022 era la esperanza.
La circunscripción 12 comprende el Cesar (Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Pueblo Bello, Valledupar), La Guajira (Dibulla, Fonseca, San Juan del Cesar) y Magdalena (Aracataca, Ciénaga, Fundación, Santa Marta). Pero ahora con la posibilidad de llegar al congreso, las 16 curules de paz no solo empezaron a ser peleadas por víctimas que históricamente llevaban procesos sociales en el territorio, sino que aparecieron en escena los miembros de familias de paramilitares, familias ganaderas y clanes poderosos de la región que han sido víctimas de la guerrilla.
Luis Fernando Lara, por ejemplo, quiere ser la voz de los campesinos abandonados, pero carece de una maquinaria política y tampoco tiene dinero para la campaña. Lo mismo sucede con Luz Yaruro Alvernia, una campesina de San José de Oriente del municipio de La Paz, Cesar, que trabaja en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Aunque espera representar en el Congreso a mujeres víctimas del conflicto como ella, no tiene recursos ni respaldo político, solo cuenta con el apoyo de la Asociación Campesina de la Serranía del Perijá (Asoperijá), y organizaciones de mujeres rurales de la región.
Luis Fernando Lara, líder social desplazado hace más de 30 años de los Montes de María, aspira a la curul de paz de la Circunscripción 12
Mientras que Alverania y Lara esperan recibir los subsidios del gobierno para empezar campaña ya que el Acuerdo de Paz estableció que estas curules serán financiadas únicamente con dinero que el Estado tiene destinado a reparación de víctimas, Jorge Rodrigo Tovar, o ‘Yoyo', hijo del exjefe paramilitar Jorge 40, tiene la maquinaria política para luchar por esta curul después de que la Asociación Paz es Vida lo avalara.
El hijo de Jorge 40 alega ser víctima de la violencia y de cargar con la cruz de su padre que significó para él ser estigmatizado. Con su lema se define como una hijo de la guerra que quiere ser padre de la paz. Trabaja en la Dirección Nacional de Víctimas en el Ministerio del Interior desde que la cabeza de la cartera era Alicia Arango, con la llegada de Daniel Palacios, gran amigo suyo de Valledupar, se mantuvo en el cargo. Tovar ha participado en mesas de diálogo con víctimas del conflicto de la Sierra Nevada de Santa Marta en la que mandaba el jefe paramilitar Hernán ‘Taladro’ Giraldo y con quien Jorge 40 tuvo una guerra cazada.
El hijo de Jorge 40 ingresó a la Unidad de Víctimas del ministerio del Interior cuando Alicia Arango era cabeza del gabinete
Al estar vinculado al Ministerio del Interior, Tovar tiene acceso a bases de datos y cuenta con el respaldo de Víctor Hugo Mosquera, director de la Unidad de Víctimas Territorial del Cesar-La Guajira y militante del Centro Democrático que desde ya promueve públicamente la candidatura de Yoyo. Eso sí, sin decir que hace parte del partido pues aquellos que cuentan con representación en el Congreso de la República o con personería jurídica, no pueden inscribir candidatos para estas circunscripciones.
En total, a la Registraduría se presentaron 407 aspirantes para quedarse con las 16 curules para las víctimas. Muchos de los que antes despreciaban su aprobación en el Congreso ahora tienen como estrategia involucrar en el juego candidatos que cumplan con los requisitos y, con su apoyo político de vieja data, puedan ser un alfil más en la Cámara de Representantes.
Otro en la carrera es William Romero, mano derecha de Cielo Gnecco, matriarca del clan más influyente del Cesar. Romero también aspira a esta curul al haber sido víctima de secuestro por la guerrilla. Romero es jefe de proyectos de la Gobernación del Cesar en cabeza de Luis Alberto Monsalvo, hijo de Cielo, y se mueve como pez en el agua en los municipios del Cesar.
William Romero (derecha) es de todos los afectos de la matrona del clan Gnecco
Quienes conocen a Romero dicen que, aunque no es pariente de Cielo, tiene tal cercanía que ejerce funciones de secretario privado y es encargado de manejar su agenda. A eso se le suma su cancha en política: fue gerente de la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras en el Cesar, además de promover las listas a Cámara y Senado de Cambio Radical.
En las votaciones no podrán participar los centros urbanos de los municipios para poder darle prioridad a las poblaciones rurales. En cada circunscripción se presentarán dos aspirantes al cargo, un hombre y una mujer, pero sólo quedará elegido uno de ellos.
Sebastián Ochoa al lado de su tío Elías Ochoa Daza, exalcalde de Valledupar (1995-1997)
José Sebastián Ochoa de la Hoz, por su lado, avaló su candidatura a esta curul de paz por el Consejo Comunitario Afrocolombiano Marcel. Viene de una distinguida familia ganadera y agrícola de la región. Se declara víctima alegando que miembros de los Ochoa han sido secuestrados por la guerrilla. José Sebastián ha sido militante del partido Colombia Humana en el Cesar.
Además de Ochoa, Pedro Norberto Castro Araujo, hijo de Pepe Castro, exgobernador del Cesar y tío del Mello Castro, alcalde de Valledupar, también aspira a esta curul. Fue secuestrado por el ELN durante nueve meses y posteriormente fue víctima del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en cabeza de Jorge 40.
Los candidatos serán elegidos por los ciudadanos de esos mismos territorios y en eso ya tiene cancha Castro. Esta no es la primera vez que participa en política: en 2002 fue candidato a la Cámara de Representantes pero el hostigamiento y amenazas que recibió del jefe paramilitar lo obligaron a declinar su aspiración. En 2015, fue candidato a la alcaldía de Valledupar, pero se quemó mientras Augusto ‘Tuto’ Uhía obtuvo la victoria.
En un inicio se dio por sentado que las 16 curules serían reclamadas únicamente por víctimas de paramilitares. El acto legislativo del 25 de agosto de 2021(link) que reglamentó las 16 circunscripciones especiales de paz para la Cámara, se remite a aclarar que cualquier persona que haya sido desplazada o afectada por la violencia, siempre y cuando viva desde hace más de 3 años en el territorio que se inscribió, puede aspirar. A la hora de la verdad, la carrera los coge a unos con más ventaja que a otros.
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