Desde que Darío Acevedo fue nombrado por Iván Duque como director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en febrero de 2019, la Asociación Minga se decidió a no dejar en sus manos la documentación que habían recogido sobre la guerra en el Catatumbo durante 28 años. La directora de la asociación, Diana Sánchez, veía con desconfianza la negativa de Acevedo a reconocer la existencia del conflicto armado. Incluso, temía que la nueva cabeza del centro censurara o engavetara los 31.265 folios sobre: la arremetida paramilitar, los falsos positivos, la resistencia de las comunidades y los enfrentamientos entre el Ejército y las guerrillas en esa región.
En la Asociación MINGA creíamos en el @CentroMemoriaH, entregamos nuestros archivos como aporte a la reconstrucción de la historia del conflicto armado. Hoy rechazamos nombramiento de Dario Acevedo, un sin sentido y afrenta al país. Por eso RETIRAMOS todo el material aportado. pic.twitter.com/ApRFvX1P5t
— Asociación MINGA (@asociacionminga) February 19, 2019
La llegada de Darío Acevedo coincidió con la terminación del convenio, firmado en el 2016 durante la dirección de Gonzalo Sánchez del CNMH, con el que Minga convirtió al centro en custodio de sus documentos. En octubre de 2019, Diana Sánchez formalizó la no renovación del acuerdo y el retiro final de los archivos. Pero antes de sacarlos debía conseguir permiso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Tribunal de Cundinamarca, que habían decretado medidas cautelares sobre los documentos para protegerlos por su aporte a las víctimas del conflicto.
No fue sino hasta hace unas semanas, cuando Diana Sánchez recibió el visto bueno del tribunal y de la JEP, a través de los autos AT-001-2019 y AT-108-2019. Aunque podía sacar los folios en físico, el centro se quedaría con el 90% de la documentación que ya tenía digitalizada sobre el Catatumbo, desde finales de los 80 hasta 2017. El otro 10% abarcaba los testimonios de la guerra en el Cauca, Nariño, Arauca y Putumayo, donde también tiene trabajo Minga.
Este jueves, con la veeduría de la Procuraduría y el Archivo General, la asociación recibió 66 cajas que contenían 427 carpetas. No hubo declaraciones de Darío Acevedo sobre el acto de retiro, tan solo estuvo una pequeña comisión de investigadores, administrativos y técnicos que hicieron la entrega. Aunque la JEP y el CNMH tienen una copia digital de estos archivos, Diana Sánchez quiere alertar sobre la dramática pérdida de testimonios que puede ocurrir si Acevedo mantiene sus posturas.
A esta hora avanza retiro de las 66 cajas de nuestro archivo sobre el conflicto armado en Catatumbo.@CentroMemoriaH incumple acuerdos ratificando falta de voluntad institucional. Las cajas salen sin garantías de traslado y transporte cubierto por Minga#ConLaMemoriaNoSeJuega pic.twitter.com/QHMQm5J6xo
— Asociación MINGA (@asociacionminga) March 4, 2020
Para Minga tiene especial importancia, casos que no pueden quedar ahogados en una gaveta ni enterrados en la impunidad como el del joven campesino de 19 años Villamil Rodríguez Figueroa, quien el 6 de octubre de 2007, fue retenido por cinco soldados de la Brigada Móvil 15 en El Tarra, Norte de Santander, durante varias horas en un retén sobre la carretera. La excusa fue la de un "reclutamiento" de rutina, pero a las 8 de la noche sin haber detenido otro muchacho, levantaron la operación y emprendieron la marcha durante dos horas hasta una quebrada donde pernoctaron. A Villamil lo despertaron las balas en su brazo derecho, se derrumbó sobre el pasto y fingió estar muerto mientras los militares montaron la escena: un guerrillero dado de baja en combate.
Al final Villamil logró escapar y zambullirse en la oscuridad en busca de ayuda. Aunque recibió atención médica, había perdido completamente la movilidad de su brazo. Su drama continuó un año más tarde cuando fue encarcelado en Cúcuta por un supuesto montaje judicial. El proceso precluyó, se demostró su inocencia y se logró la judicialización de los militares implicados. Sin embargo, tres de ellos apelaron y el caso terminó en manos de la JEP, dentro del expediente sobre ejecuciones extrajudiciales para identificar además los mandos superiores que dieron la orden.
Villamil Rodríguez se salvó de convertirse en un falso positivos más en el país, un registro que la Asociación Minga ha realizado con rigurosidad y actualmente tiene archivos de más de 100 ejecuciones extrajudiciales que se hicieron entre el 2006 y 2007 en la región del Catatumbo. Las víctimas fueron principalmente campesinos de bajo perfil y en una menor proporción, líderes sociales, quienes por su reconocimiento eran más difícil pasar como guerrilleros.
Otro hecho emblemático fue lo ocurrido a los concejales Plinio Rafael Barrios, Juan Madarriaga, Aramis Villegas, y el alcalde Javier Carrascal de El Tarra, en la década de los 90, cuando se convirtieron en objetivo militar de los paramilitares, las guerrillas y el Ejército, que se disputaba el poder en el Catatumbo. En 2002, las amenazas y los secuestros particularmente de las AUC, forzaron a una comitiva de concejales a buscar refugio en la Asociación Minga. No querían dejar de cumplir su función, pero permanecer implicaba esperar la muerte, por lo que resolvieron adoptar las oficinas de Minga como propias con la protección del Ministerio del Interior.
Después de un año funcionando desde Bogotá, se tomó la decisión de iniciar el retorno a finales de 2003 y principios de 2004. Con su regreso se realizó un encuentro de cientos de campesinos e indígenas en San Pablo, zona rural del municipio de Teorama, para buscar soluciones a la fractura de las organizaciones sociales que había logrado las intimidaciones de los paramilitares. La campaña fue llamada entonces "Integración, vida y territorio" y fue apoyada además por una misión humanitaria de cerca de 50 representantes del gobierno y ONGs para romper el cerco paramilitar en la zona. De esos días de reunión nació el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca) del que surgiría además la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).
Foto: Pantallazo de video
La familia Ascanio de la vereda Mesa Rica, municipio La Playa, padeció una estigmatización permanente por parte de los militares de la compañía Pantera del Batallón de Infantería No.15, al mando del cabo Jaime Alfonso Peregrino. Los señalaban de guerrilleros a pesar de no tener las pruebas que lo demostrara. El 8 de marzo de 1981, sin importarles que la familia estaba en un velorio en el municipio de La Playa, abrieron fuego contra los asistentes dejando siete personas muertas. Entre ellos estaban Antonio y Teodoro Asacanio, su hija, su sobrino y sus hijos. Esa noche los deudos no pudieron enterrar a sus muertos, una comisión del Ejército se abrogó el derecho. La persecusión no cesó y los Ascanio se vieron a forzados a desplazarse hasta Venezuela.
Cuando la Asociación Minga entró al Catatumbo hace 19 años, asumió la tarea de revisar las órdenes de batalla del Ejército en la región antes del ingreso de los paramilitares, al mando de Castaño y Jorge 40 en 1999. Después de revisar cada uno de los documentos, de dialogar con la gente y tener un intercambio de correspondencia con el gobierno, descubrieron que la fuerza pública había hecho el trabajo de identificar líderes que representarán una amenaza o simpatizantes de la guerrilla para ser asesinados. Curas, tenderos, carniceros, modistas o cualquier persona de Tibú y La Gabarra podría conformar la numerosa lista que el Bloque Catatumbo de las AUC arrasó a sangre y plomo.
Dentro de los casos que recuperó la Asociación Minga se encuentra además la masacre de La Gabarra, que fue advertida por ellos durante el gobierno de Andrés Pastrana. Así como la masacre de Tibú y la toma de Cilo Gringo, un pueblo que fue arrasado por las llamas ocasionadas por los paramilitares en dos oportunidades.
Ahora está información que narra casi tres décadas de violencia en el Catatumbo estará de nuevo en las bodegas de la Asociación Minga mientras haya un cambio en la cabeza de Centro de Memoria Histórica que de las garantías para que esta delicada documentación que compromete tantas vidas humanas no se esfume.
