El fallo del Consejo de Estado sobre el caso de Ángela María Robledo, sentaría un precedente jurisprudencial, que también se aplicaría a la elección presidencial, en cuanto a la postulación de la actual Vicepresidenta Martha Lucía Ramírez. Se considera en Colombia que la doble militancia es causal de nulidad de una elección, en virtud de que, como lo dijo la presidenta del Consejo de Estado Lucy Bermúdez, en la Constitución se establece que, si no se renuncia con un año de antelación a la respectiva inscripción, ningún colombiano puede aspirar a un cargo público con el aval de un partido distinto al que ya lo acreditó.
Es también un ejemplo, en vivo, de que lo que no han podido ganar en las urnas, buscan derrotarlo en los estrados judiciales y de que no van sólo por las personas, sino por lo que representan: la esperanza de cambio a un régimen que excluye y anula a la diferencia. Si hubiese equilibrio, medirían con el mismo racero ambas candidaturas. En una democracia, ningún colombiano está por encima de la constitución y las leyes. Ojalá fuese así.
Cuando la señora vicepresidenta presentó su renuncia al Partido Conservador habría de anunciar que iba a enfrentar 3 huracanes: corrupción, desigualdad e injusticia. En un Estado de derecho, en el que debe haber la garantía de la seguridad jurídica, ¿será que la Vicepresidenta acatará un eventual fallo similar al de la representante Robledo? Y si es así, ¿cómo afectaría los resultados de la elección presidencial?
La precandidata por el grupo significativo de ciudadanos Por una Colombia Honesta y Justa, hasta el mes de septiembre de 2017, es decir, menos de un año antes de la elección presidencial, militaría en el Partido Conservador colombiano, habiendo sido su candidata presidencial en la contienda de 2014, en la que resultó reelegido, en segunda vuelta, el Premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos y expresidente de Colombia. En los albores de septiembre de 2017, la actual vicepresidenta, anunció públicamente su renuncia a esta colectividad. Luego, después de avalarse por la autoridad electoral, los resultados de la recolección de firmas del mencionado grupo significativo de ciudadanos que ella representaba, el 11 de marzo de 2019, habría de presentarse a consulta interpartidista para escoger la candidatura única de la derecha colombiana, que perdió, para posteriormente unirse al vencedor de la consulta y ganar con esta fórmula en entredicho, las elecciones presidenciales, posesionándose el pasado 7 de agosto de 2018.
Sobra recalcar que, en la mencionada segunda semana de marzo de 2018, cerró el período de inscripciones a las fórmulas a la Presidencia de la República, fecha en la que, sin coaval, alianza o coalición alguna, se presentaron por el Partido Centro Democrático Iván Duque y Martha Lucía Ramírez, en la pasada carrera presidencial. En este caso, quizás a la luz del fallo del Consejo de Estado sobre la curul de Ángela María Robledo, también podría aplicarse esta interpretación, al evento de la renuncia extemporánea de Marta Lucía Ramírez al Partido Conservador, así este partido se hubiese unido en coalición a esta candidatura, sin aparecer de manera efectiva en el respectivo tarjetón. Al inscribirse la vicepresidenta de manera irregular a la elección presidencial, contaminaría el acto de elección presidencial. Allí estaría el quid del asunto. Habría que evaluar si aún se está a tiempo de ponerlo en debate.
Con el desmembramiento del estatuto gobierno-oposición, a través del fallo en contra de la curul de la representante Ángela María Robledo, seguro buscan subir un escalón más para cerrar el cerco, que permita, por cualquier vía, sacar del camino a Gustavo Petro. Le temen a que su discurso alternativo seduzca, aún más, como alternativa de cambio, desde la tribuna del Congreso de la República. Sin embargo, con lo que no contarían es que se abrirían de par en par, más bien, las compuertas, para una posible anulación de la elección presidencial. Ojo con eso. Dura lex, sed lex.
