En las últimas encuestas, la opinión favorable del presidente Duque sube en comparación con los resultados de las realizadas durante el segundo semestre del 2018, en las que los índices de impopularidad llegaban al 64%. Lo anterior motivado por la ausencia de liderazgo y autoridad como jefe de Estado, la cual generaba confusión aun en su equipo de gobierno y su vicepresidenta, para quienes nostálgicamente el presidente sigue siendo Uribe.
Además, el mal manejo en el tratamiento a las justas reclamaciones del movimiento estudiantil, la presentación de un proyecto de ley de financiamiento que afectaría los ingresos de los colombianos al gravar los productos de la canasta familiar —que terminó en una colcha de retazos con todas las modificaciones introducidas por el Congreso de la República—, entre otras decisiones, fueron el detonante para que su imagen cayera a los niveles más bajos en la historia del país.
Seguramente sus asesores más cercanos, especializados en la búsqueda de soluciones maquiavélicas, trabajaron en el estudio de nuevas estrategias que permitieran subir su imagen, creando sofismas de distracción para desviar la atención de la ciudadanía, acostumbrada a olvidar rápidamente las decisiones que toman nuestros gobernantes. Acá pasaron a un segundo plano los escándalos de corrupción como los de Odebrecht, que vinculan gravemente al Fiscal General de la Nación; la falta de compromiso del gobierno para sacar adelante en el Congreso de la República los siete puntos de la consulta anticorrupción, especialmente la reducción de los salarios de los congresistas; el asesinato casi diario de líderes sociales y defensores de derechos humanos; el incremento de la inseguridad y del conflicto armado en amplias zonas del país, etc. Con todo ese panorama es increíble que toda la atención de los colombianos se centre en la crisis política y humanitaria de Venezuela y en la discusión con el gobierno de Cuba sobre el cumplimiento de los protocolos pactados por el Estado con el ELN al iniciar la mesas de conversaciones de paz, con el acompañamiento internacional de países amigos.
La estrategia al parecer está dando los resultados esperados por el gobierno, al pasar de una imagen positiva del 26% al 42,7%, según las últimas encuestas. Hoy vemos a un presidente más preocupado por su agenda internacional para cercar y tumbar al gobierno dictatorial de Maduro, en la atención a la crisis humanitaria al país hermano, aún comprometiendo recursos de la nación por $20 billones, suma no despreciable; mientras que para la educación superior niega valiosos recursos, que según los estudiantes ascienden a $15 billones para superar la crisis financiera de la universidades públicas.
Seguramente la segunda fase de esta estrategia será colocar la atención de la opinión publica en la posibilidad de la entrada de tropas norteamericanas a territorio colombiano ante una eventual intervención militar en Venezuela, mientras su equipo de gobierno soterradamente empuja la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso de la República con medidas que afectarán el bolsillo de los colombianos (eliminación de los subsidios en los servicios públicos para el estrato 3 y la reducción de los mismos para los estratos 0,1 y 2), acoge las recomendaciones de la comisión de expertos (creada por el gobierno para la explotación de yacimiento de petróleo y minería a través del sistema de fracturamiento hidráulico, denominado francking, con las graves consecuencias que puede traer por la contaminación de las fuentes hídricas en el país), tapa el escándalo ambiental generado por los errores en la construcción de Hidruitango y satura a los colombianos a través de los medios de comunicación con noticias de lo que ocurre a diario en Venezuela para tenernos distraídos y ajenos de las nuevas medidas impopulares que el gobierno seguirá tomando. Todo para que cuando reaccionemos ya sea por las decisiones ya aprobadas.
