El presidente Duque viaja esta semana a Washington. Recibirá órdenes de Trump para continuar la campaña de desestabilización del gobierno de Venezuela. A cambio, los EE. UU. no sancionarán al gobierno colombiano por sus incumplimientos en las metas de erradicación de cultivos ilícitos.
Duque acude en medio de una visible debilidad. No logra consolidar la coalición de gobierno ante la rebeldía de los socios que lo ayudaron a elegir. Además, los impactos negativos causados por el traumático proyecto de Hidroituango (obra emblemática de su tutor Uribe), y las oscuras actuaciones de la ministra de Justicia y el presidente del Senado (Macías) contra la JEP, frenaron en seco el crecimiento de su imagen que venía en ascenso después del atentado del ELN.
Va a entrevistarse con Trump para oficializar su papel subordinado en la intervención imperial que avanza en Venezuela y en la región, que es su caballito de batalla y su único asidero. Sin embargo, Duque tendrá que ser muy cauto frente al grave error cometido por Guaidó que ha generado una fuerte reacción entre los demócratas estadounidenses al “autorizar” imprudentemente la intervención armada de los EE.UU. en su país. (https://goo.gl/aGvd5M).
Debo aclarar que no soy “madurista” ni fui “chavista”; siempre advertí que detrás de Chávez estaba una “burguesía emergente” que aspiraba a controlar el aparato de Estado (entre ella, la cúpula del ejército) pero, también, observaba con expectativa a un pueblo ilusionado con la “revolución bolivariana” que –infelizmente– no fue capaz de aprovechar ese período de tiempo (casi 15 años) para empezar (por lo menos) a construir una economía diversificada no dependiente del petróleo.
Muchos allá, en Venezuela, de los que hipócritamente hoy se rasgan las vestiduras no dijeron ni pío cuando tuvieron oportunidad de participar en la burocracia “chavista” o en los inmensos negocios que hicieron con la bonanza de los precios del petróleo. Hoy se suman al llamado a la intervención armada extranjera sin ningún rubor y sin responsabilizarse de nada.
Por eso las mayorías populares no les creen, aunque tampoco le creen a Maduro. La gente quiere la paz, la convivencia y soluciones reales a los problemas concretos causados tanto por el bloqueo económico y el saboteo imperial-oligárquico como por la ineficiencia y corrupción del gobierno.
Tampoco soy pro-imperio, mucho menos pro “vieja MUD” ni pro “nueva-MUD”, ésta última encabezada por Marco Rubio y Leopoldo López (Guaidó), que incita a la guerra por orden de las mafias legales e ilegales que controlan el “Estado profundo” en los EE.UU. Esas mafias globales viven su propia crisis ante la aparición de un mundo multipolar que no quieren aceptar (China, Rusia, India, Irán, etc.) y de un pueblo estadounidense que poco a poco va abriendo los ojos.
No quiero guerra para nuestra región (norte de Sudamérica y el Caribe) y espero que los venezolanos sean capaces de encontrar una salida pacífica.
En Colombia, los que quieren la guerra son los que impulsan la economía extractivista (petróleo, minería, megaproyectos, carbón, oro, agro-combustibles, etc.). Promueven la guerra con la expectativa de participar –al lado de los capitalistas gringos y europeos– de una “partecita” del botín energético, como socios menores y mendicantes. Ya preparan sus contratistas y mercenarios para hacerlo (https://goo.gl/MXRYM2) y han ubicado todas sus fichas en Cúcuta, centro operativo del complot injerencista. En la actualidad utilizan la supuesta “ayuda humanitaria” para provocar un incidente fronterizo y justificar la intervención militar (https://goo.gl/9yJA7T).
Es tal la crisis fiscal y presupuestal del gobierno colombiano que han negociado con Trump su participación en la guerra contra Venezuela y Cuba, a cambio de que los estadounidenses no impongan sanciones ni insistan (por ahora) en la “lucha contra las drogas” que no tienen cómo financiar. Saben que ese “negocio” aporta más de 5 puntos al PIB, dinamiza la economía y engorda las arcas de banqueros. Además, quieren vender otro 10% de Ecopetrol, no saben qué otros activos públicos vender, y a corto plazo no tienen cómo aplicar más impuestos. Tienen la presión de las agencias calificadoras de riesgo a las que Duque tratará de calmar en ese viaje a EE.UU.
Quieren la guerra, desean incendiar su propia casa para ocultar la grave situación que tienen a todo nivel, y piensan que al lado de Trump tienen garantizado el “seguro contra-incendios” que pague la indemnización de la catástrofe. Y ello, porque en Colombia se les acaba el petróleo, se le cierran los mercados al carbón, y las comunidades en general, rechazan la mega-minería y los mega-proyectos depredadores de la naturaleza como Hidroituango, Santurbán, El Quimbo y otros.
Necesitan la guerra para acusar a todos los demócratas de apoyar la “dictadura” de Maduro. “Dictadura” que deja que Guaidó y los integrantes de la Asamblea Nacional anden como “pedro por su casa” con sueldos oficiales, amplia cobertura de medios de comunicación y hagan llamados al ejército a derrocar al presidente, cuando en Colombia los opositores son perseguidos y acusados de atentar contra las instituciones democráticas por denunciar la corrupción. Si pudieran, ya los habrían asesinado como matan a diario a líderes sociales en todo el territorio nacional.
La paradoja es que en Colombia son los campesinos medios y pobres los que sostienen la economía (café, panela, frutales, aguacate, piscicultura, etc.), incluyendo la “coquera”, y en las ciudades, los pequeños y medianos empresarios (y toda clase de rebuscadores creativos y trabajadores formales e informales) son los que generan empleos productivos, mientras los grandes banqueros y mafias de todos los colores siguen enriqueciéndose en medio de la corrupción más terrible.
Mientras la “emergencia humanitaria” se vive en Colombia desde hace décadas, como lo que ocurre en la Guajira con la muerte de cientos de niños por desnutrición, o en la zona noreste de Antioquia impactada por las obras de Hidroituango, o en la Costa Pacífica (Buenaventura, Tumaco, etc.) en donde la violencia y la miseria se entrelazan de forma dramática contra las comunidades pobres, el gobierno colombiano promueve la “ayuda humanitaria” con Venezuela, a fin de crear condiciones para incendiar la región. Pero, no podrán, no lo lograrán.