La desconexión del presidente Duque con la situación económica y social del país es evidente con cada uno de sus desaciertos. Su gestión se ha orientado en gran parte a publicitar los errores de su antecesor, más que a resolver los líos económicos y sociales del país, en el cual 2,78 millones de personas ingresaron a condición de pobreza extrema y 3,6 millones de personas ingresaron a la situación de pobreza monetaria en 2020, según el último reporte del Departamento Nacional de Estadística (Dane). El coeficiente de Gini pasó de 0,562 en 2019 a 0,544 en 2020 a nivel nacional.[1]
Decreto 272 de marzo de 2021 por el cual fija una prima legal a altos funcionarios del Estado
En un escenario en el cual la pandemia llevó a la quiebra miles de medianas y pequeñas empresas y con ello a la desaparición de millones de empleos, disminuyendo a cero el ingreso de miles de familias colombianas, el presidente Duque firmó el decreto 272 de marzo de 2021 con el cual les da una prima especial mensual equivalente al 30% del salario básico a los magistrados auxiliares, magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, magistrados de los Consejos Seccional les de la Judicatura, agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, jueces de la República, magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de Guerra, jueces de Instrucción Penal Militar, fiscales auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, fiscales delegados ante Tribunal del Distrito, ante jueces penales de Circuito Especializados, ante jueces del Circuito, ante jueces municipales y promiscuos.
Para el presidente Duque lo anterior no afecta las finanzas públicas, pero sí las afecta un pírrico aumento del salario mínimo del 3%, que en concepto de su exministro de Hacienda es inflacionario y financieramente insostenible.
Ratificación del Acuerdo entre Colombia y el Banco Europeo de Inversión (BEI) sobre el establecimiento de una representación regional de éste en Colombia, suscrito en Julio de 2019.
Mientras el presidente Duque, mediante una reforma tributaria (que en momentos en que se hallaba en la oposición calificaba de “infame”), trata de llevar a la clase media a la pobreza y a ésta a la pauperización, su equipo de gobierno lleva al Congreso de la República para ser ratificado el Acuerdo que, en concepto de la Contraloría General de la República (CGR), otorga un exagerado volumen de prebendas representadas en privilegios, inmunidades, facilidades y exenciones al BEI, a sus órganos de gobierno, a su representación regional, a sus agentes y empleados y a los miembros de sus familias y los hacen extensibles hasta cuando ya no se encuentren al servicio del banco.
La CGR también ha alertado sobre el otorgamiento, además, de inmunidad a procesos legales, arrestos, incautación de equipajes, para declarar como testigos en la jurisdicción administrativa y civil, de cualquier medida durante y después de su vinculación al Banco, exención de cargas impositivas relacionadas con su remuneración, del IVA para desarrollo de sus actividades, de gravámenes fiscales, de derechos de aduana y toda clase de impuestos que no sean del orden territorial, de prohibiciones y restricciones a la importación y exportación de bienes necesarios para la ejecución de sus actividades, de aranceles a objetos personales, de restricciones de inmigración, de obligaciones militares y de disposiciones sobre seguridad social. Derecho a transferencia de fondos, a la inviolabilidad de documentos y correspondencia, a códigos y bolsas cerradas para la correspondencia y a compra de moneda nacional.
A la CGR le preocupa que los privilegios, inmunidades, exenciones y derechos especiales otorgados a la representación del BEI no sólo sean onerosos sino, que además se extiendan a personas que no guardan relación contractual ni comercial con el BEI ni con la Nación, y que, adicionalmente, se extienden aún después de cesar su vinculación con el banco. Sobre estos temas no se conoce soporte jurídico alguno que los avale o concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con proyecciones de lo que podrían costarle a la Nación en el corto, mediano o largo plazo. Estas prebendas no solo afectan el orden jurídico de nuestro país sino las finanzas públicas, van en contravía de la libre competencia y obstaculizan el ejercicio del control fiscal.
La imposibilidad de incautar y/o inspeccionar el equipaje personal u oficial de estas mismas personas podría facilitar actividades ilegales, sobre las cuales las entidades judiciales o de fiscalización y control no podrían tomar determinación alguna.
Dentro del acuerdo también se otorgan exenciones de restricciones de inmigración y registro de extranjeros; sin embargo, no se encuentra concepto de Migración Colombia con el fin de verificar el impacto que esta situación puede generar en nuestro país.
También se confieren, para las personas mencionadas anteriormente, exenciones de aranceles aduaneros sobre objetos de uso personal, por lo que debería existir un concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre el impacto fiscal de estas medidas, especialmente en momentos en que la pandemia del COVID-19 ha afectado gravemente no solo el recaudo tributario sino, el poder de pago de los colombianos para hacer frente a sus obligaciones con la Nación, los territorios y las entidades públicas.
El derecho a transferir, fuera de Colombia, fondos en cualquier moneda sin restricciones ni limitaciones podría facilitar la consignación de recursos nacionales en los llamados “paraísos fiscales” con el fin de evitar el pago de los impuestos correspondientes en Colombia.
Todas las prebendas vulneran el concepto de la “libre competencia”. Para Colombia este tema debe revestir la mayor importancia por cuanto es una de las buenas prácticas exigidas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) a los países que integran esta institución, en la cual nuestro país fue aceptado recientemente.
El BEI no tendrá restricciones por controles financieros, regulaciones o moratorias para el desarrollo de sus operaciones por lo que quedaría por fuera de la órbita de vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).
En conclusión, según la CGR, este acuerdo no solo afecta nuestro ordenamiento jurídico sino, las finanzas públicas y las funciones de la CGR, ante el exagerado volumen de prebendas otorgados en desarrollo de este. Adicionalmente, con la aprobación del Acuerdo, se estaría presentando un abuso de la posición de dominio del BEI, pues ésta no nacería por mérito propio, es decir, por expansión natural de su actividad económica sino, de una ley a todas luces inconstitucional.
Un llamado especial: Teniendo en cuenta que el BEI es propiedad de los Estados miembros de la Unión Europea, esta debería entrar a revisar este tipo de convenios “leoninos” que, lejos de ayudar a las economías de los países pobres, los profundiza en una miseria mayor.
Con la ratificación del Acuerdo, se estaría presentando un abuso de la posición de dominio del BEI, pues ésta no nacería por mérito propio, es decir, por expansión natural de su actividad económica sino, de una ley a todas luces inconstitucional.
Gastos en pauta y funcionamiento
Según el informe Pauta visible de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), el gobierno Duque gastó más de $20.000 millones en pauta y posicionamiento, distribuidos en 15 contratos de publicidad oficial por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), parte de los cuales se cancelaron con recursos destinados a la paz. Entre los gastos está la identificación de “influencers” en redes sociales, según su afinidad con el gobierno.
Para producción de material publicitario se destinaron $118 millones; $56 millones para publicar avisos en medios impresos; $7.490 millones para la producción y transmisión de contenidos audiovisuales, como el programa Prevención y Acción, de una hora en todos los canales nacionales de lunes a viernes y de media hora en redes sociales los fines de semana; $7.390 millones para estrategias digitales y de redes, y $5.130 millones para estrategias de comunicación generales y planes de medios. Estas estrategias, que dejan como resultado varias publicaciones y entrevistas, tanto en medios nacionales como internacionales, obtuvieron la mitad de su financiación del Fondo Colombia Paz, creado en 1997 con la idea de financiar programas para fomentar el regreso a la vida civil de los integrantes de grupos armados al margen de la ley. [2]
Contrato con la empresa Du Brand
Según la Flip, la Procuraduría General de la Nación (PGN) le ha pedido explicaciones al director del fondo por la firma de un contrato con la empresa Du Brand por $3.350 millones para elaborar estrategias digitales para la Presidencia de la República. La misma empresa tiene otros dos contratos firmados con el mismo fondo: el primero por $933,6 millones firmado en diciembre de 2018 y con un otrosí de la misma fecha para adicionar $1.214 millones. El segundo cuyo nombre completo es Fondo de Programas Especiales para la Paz, se firmó el 30 de abril de 2019 por $2.698 millones a ejecutar hasta el 15 de diciembre 2019. A este, en la misma fecha, se le hicieron dos adiciones.[3]
Contrato interadministrativo entre Presidencia y RTVC
Caracol Radio reveló la suscripción de un contrato interadministrativo entre Presidencia y RTVC de más de $6.300 millones con el objeto de prestar los servicios de producción y transmisión de los contenidos audiovisuales para la Presidencia. Este acuerdo generó polémica en redes porque incluye entre las especificaciones técnicas una entrevista con el presidente, un programa planteado en el que el primer mandatario “dialoga con colombianos destacados en todos los ámbitos. El contrato tiene vigencia entre el 30 de noviembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2022. Dentro de este contrato se planteó el programa de entrevistas con el presidente, sin embargo, no se hizo un solo programa.
Los demás contratos, según el informativo, fueron por concepto de reportaje periodístico; para hacer divulgación de la gestión del presidente; informativo, un formato de diez minutos para informar las principales noticias del gobierno; magazín informativo, que recoge lo más significativo de la semana; agenda internacional, en el que se hace un resumen de los viajes del primer mandatario; entrevista con presidente; y cápsulas, que son microprogramas de crónicas de dos a seis minutos sobre diferentes temas que tendrán que pasarse cinco veces al día por el Canal Institucional [4].
[1] La República. En 2020, 2,78 millones de personas ingresaron a condición de pobreza extrema. 29/4/ 2021. Consultado en mayo 24 de 2021.
[2] Semana. Dinero. Gobierno Duque gastó más de $20.000 millones en pauta y posicionamiento. 27/8/2020. Consultado mayo 24 de 2021.
[3] Semana. Dinero. Gobierno Duque gastó más de $20.000 millones en pauta y posicionamiento. 27/8/2020. Consultado mayo 24 de 2021.
[4] El Espectador. Inicio. Política. El contrato del gobierno con RTVC que levantó polémica en redes. 10 dic 2020. Redacción Política. Consultado en mayo 24 de 2021.
