Y la Corte Constitucional le dio la última estocada a una fallida política de lucha contra las drogas al tumbar el Plan de Manejo Ambiental, echó por el suelo la principal estrategia de lucha contra el narcotráfico del gobierno Duque: el glifosato; sin duda, fue un auténtico tatequieto y deja a Duque sin la capacidad de ejecutar uno de sus mayores anhelos: asperjar con un herbicida potencialmente cancerígeno los territorios más afectados por los cultivos de coca.
A todas estas: ¿a qué se debe el fracaso del gobierno en la lucha contra el narcotráfico?, considero que es una cuestión multidimensional, eso sí, transversalizada por la precaria implementación del acuerdo de paz y la insistencia del uribismo en complacer a sus aliados en la derecha.
El claroscuro de un fracaso
Al gobierno Duque, tan encerrado en sus patéticas pretensiones, le cuesta aceptar sus fracasos; solo hay que escuchar al consejero Emilio Archila y al mismo Duque para percatarse de su alterada visión de la realidad. Según el presidente, ningún gobierno ha avanzado tanto en las incautaciones de coca, la destrucción de laboratorios o el desmantelamiento de redes de lavados de activos; sin embargo, esos “avances” resultan siendo una nimiedad cuando se observan los resultados en términos generales, advirtiendo los siguientes hechos: el país sigue siendo el mayor productor de coca —con menos hectáreas cultivadas y más producción de clorhidrato de cocaína—; el programa de sustitución está completamente rezagado en la fase de proyectos productivos; y, no para la victimización los líderes promotores de la sustitución.
La única apuesta práctica del gobierno descansaba en que la Corte Constitucional le diera luz verde a su obsesión con el glifosato; inclusive, pasando por encima de las comunidades y los mecanismos de consulta previa en territorios indígenas o afros, esa obsesión es una clara muestra de la miopía de un presidente que insiste en políticas fracasadas, ya que la aspersión ha demostrado ser completamente ineficaz, no es una solución sostenible a largo plazo porque engendra el efecto globo o cucaracha —el traslado de los cultivos—, es un riesgo potencial para la vida y el medio ambiente, y no deja de ser una salida fácil para llegar a los territorios más afectados por el abandono estatal, condenados a presenciar la llegada del Estado en forma de avionetas cargadas de veneno y muerte.
Se ha convertido en un lugar común afirmar que el narcotráfico es uno de los principales problemas del país y el mayor generador de violencias, en una entrevista con El Tiempo, Duque afirmó que “Colombia sería un mejor país sin narcotráfico”; sin embargo, al mandatario le ha faltado sensatez para plantarse ante la comunidad internacional y exigir un mayor compromiso de parte de los países donde se registran altos niveles de consumo, no tiene sentido que Colombia siga poniendo los muertos, se encuentre secuestrada por el poder corruptor del narcotráfico y sus campos sean asolados por la violencia, mientras el consumo de coca se sigue elevando en Europa y Estados Unidos. ¿Cuál es su compromiso con el país?
A veces, el nivel de insensatez llega a tal punto, que recuerdo a Donal Trump insistiendo en el uso del glifosato, sin importarle la posición de la Corte Constitucional y asumiendo que el problema de salud pública que azota a Estados Unidos —con cerca de 80.000 muertes anuales por sobredosis de opiáceos— era responsabilidad del incremento de cultivos de coca en Colombia, creo que Duque tampoco se empeñó mucho en sacarlo de su error.
El programa de sustitución, un mal de origen
Esa obsesión con el glifosato llevó a Duque a desestimar la solución al problema del narcotráfico diseñada en el punto cuatro del acuerdo de paz, es decir, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito —PNIS—. Desde que Emilio Archila llegó a la Alta Consejería para la Estabilización y reestructuró la institucionalidad del programa —sacándolo de Presidencia y llevándolo a la Agencia de Renovación del Territorio—, no escatima oportunidad para cuestionar el programa concertado en La Habana, considerando que recibieron un política de sustitución sin planeación, capacidad administrativa o financiación, al punto, que en su reciente libro sobre los resultados de La Paz con Legalidad afirmó que: “no comenzamos de cero (con el PNIS), pero quizá hubiera sido mejor que así fuera”.
En realidad, Santos si entregó un programa en una situación lamentable, sin capacidad de despliegue territorial; al parecer, en los últimos meses de su mandato, el flamante premio nobel se dedicó a suscribir indiscriminadamente acuerdos de sustitución, generando expectativas en 100.000 familias y prometiendo una auténtica transformación rural, pero ese “chicharrón” le quedaría al siguiente gobierno, pues Santos no garantizó su financiación —el PNIS vale más de 3 billones— o capacidad organizacional (había funcionarios con la responsabilidad de atender hasta 1000 familias), por eso, resulta tan frecuente que Archila y Duque pongan el retrovisor en ese programa y los lleve a creer que han hecho más por la implementación del acuerdo de paz que el gobierno Santos.
Más allá de la precaria planeación del PNIS, al gobierno Duque no le ha importado garantizarle una debida financiación, llevando a un resultado preocupante, ya que solo el 20% de las familias han llegado a la fase final de proyecto productivo de largo plazo; en su gran mayoría, las familias se encuentran recibiendo pagos atrasados y en proyectos de ciclo corto. Como si eso no fuera poco, el gobierno ha diseñado figuras paralelas de sustitución en programas como Hecho a la Medida o Formalizar para sustituir, programas con buenas intenciones, pero que le restan recursos y capacidad operativa al PNIS.
Es claro que Duque prescindió de la solución planteada por el acuerdo de paz, fijando su política en esquemas paralelos de sustitución, las denominadas zonas futuro
—que no son otra cosa que la militarización de las comunidades campesinas— y el glifosato, resultado: fracaso total.
¿Qué se viene?
De cara a la contienda presidencial resulta muy importante conocer la visión de los candidatos sobre la lucha contra el narcotráfico, si van a continuar en la receta del fracaso —como insiste el candidato David Barguil—; si van a plantear soluciones novedosas y vinculantes con la comunidad internacional o ponen la centralidad en el PNIS, un programa en estado crítico, pero con todo el potencial para convertirse en la política pública de transformación territorial más importante en la historia reciente del país.
Sus posturas frente a los cultivos ilícitos es algo que como ciudadanía debemos conocer, seguramente algunos le harán el quite o se irán por la tangente, considerando que es un tema que no da votos o podría generar “mala impresión” en el electorado, pero de algo sí estoy convencido, sea quien sea el próximo inquilino de la Casa de Nariño, es un tema que sí o sí deberá priorizar en su agenda de gobierno.
