La alocución presidencial de ayer, domingo, y el decreto 538 de 12 de abril de 2020 dejan varios sinsabores para la ciudadanía, tanto para los trabajadores de la salud, los potenciales enfermos de COVID-19 y los usuarios del sistema.
Por una parte, en la continuidad de la práctica de la esclavitud laboral, que había iniciado con las licenciaturas en el periodo de Juan Manuel Santos, pretende ahora obligar a estudiantes y profesionales de la salud a atender la pandemia, sin contar los mínimos necesarios de autocuidado. Hemos conocido en las últimas horas varias condiciones en las que están trabajando médicos, enfermeras y demás personal, por ejemplo, en Ipiales, a lo que se suma la advertencia de un paro laboral.
Descarga el Estado la responsabilidad de dotación de elementos de bioseguridad a las EPS. Algo que en principio parece ser razonable, como consecuencia de la Ley 100, desconoce la realidad de las mismas, en las que varios meses, algunos médicos dicen que hasta seis, no se les ha cancelado salario y no se les ha brindado las condiciones necesarias, y, también contradice el Estado de emergencia declarado semanas atrás. En el estado de emergencia el gobierno puede intervenir las EPS y hacerse responsable de la situación del país, no dejarles la papa caliente en su campo. ¿Si no con qué intención declaró Estado de emergencia?
Colombia tiene algo menos de 5400 camas UCI (Nariño tiene 132 solo en Pasto e Ipiales) y varios expertos en la materia están advirtiendo que el 80% de ellas están ocupadas. Hasta el momento hay 105 pacientes con COVID-19 que están siendo atendidos en las UCI. Aplanar la curva no significa disminuir los casos de contagio sino distribuirlos en el tiempo, así, los 21000 casos que se esperaba para esta fecha, se pueden presentar para fines de mes o principios de mayo. El ministro de Salud ha precisado que en Colombia se espera que cuatro millones sea la cifra de contagio de COVID-19. Sin contar con las camas suficientes, con los insumos desbordados en el precio (un respirador pasó de quince mil a cincuenta mil dólares) y con las precarias condiciones laborales de los profesionales de la salud este gobierno está caminando a grandes pasos a un genocidio por omisión.
