Hace algo más de siete meses planteé en esta misma columna el dilema que encarnaba el régimen político colombiano: si el presidente Iván Duque Márquez se mantenía en la Casa de Nariño, se consolidaría un autogolpe de estado. Hoy no podemos llamarnos a engaños: afrontamos una dictadura cívico-militar, más allá de apariencias que cada vez maquillan menos la realidad. No hay subordinación del poder militar a autoridad civil alguna, no hay independencia de poderes ni de organismos de control convertidos en adláteres del Ejecutivo nacional, no hay garantías democráticas ni goce efectivo de los derechos civiles en medio de una represión estatal criminal, y no hay por tanto posibilidad alguna de un funcionamiento imparcial, transparente y sin coacciones del sistema electoral. Digámoslo sin ruborizarnos: con las masacres en curso en Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla y otras tantas poblaciones, han dejado de existir los vestigios de democracia o estado de derecho en Colombia.
Todas estas transgresiones antidemocráticas, si bien vienen de atrás, han sido exacerbadas para y por Duque, en el marco del proyecto autoritario del Centro Democrático que raya en el fascismo. Si Duque continua como si nada, lavándose las manos en su show de TV de las tardes, las elecciones de 2022 se realizarán –si es que no se suspenden- en medio de esta dictadura cívico-militar edulcorada, porque el autogolpe en curso se habrá consumado a plenitud. ¿Cuántos muertos más? ¿Cuántas patentes de corso a una fuerza pública que está disparando contra población inerme? ¿Cuántas judicializaciones macartistas fabrica Barbosa desde el bunker de una Fiscalía de bolsillo?
El país nacional que convocara Gaitán ha mandado a jubilar al país político. La ciudadanía en las calles fue más certera que cualquier lobby parlamentario de un Congreso virtualizado y convertido en ornamento. La caída temporal de la reforma tributaria es una poderosa victoria del pueblo colombiano movilizado, que por primera vez en 30 años de neoliberalismo hace caer un paquete de ajuste estructural. Pero a través de la ruta de la movilización hay que garantizar que se concluya la faena y se cumpla la voluntad popular. No hay familia colombiana que pueda dormir tranquila mientras Duque sea presidente.
En primer lugar porque al faltante de más de 94 billones de pesos provocado por la desastrosa política económica neoliberal ininterrumpida sigue existiendo. Las nuevas propuestas de reforma van dirigidas hacia versiones igualmente gravosas para el ciudadano de a pie para poder mantener los rubros de la deuda y de la guerra. No se ve que el Gobierno de Duque vaya concertar nada con la ciudadanía que está asesinando en las calles, y está más que claro que la vocería de la mayoría de quienes se han movilizado durante más de ocho días no puede ser asumida por los parlamentarios y ni siquiera por el Comando de Paro. Cualquier proceso real de concertación requiere un ejercicio efectivo de participación ciudadana lo más amplio posible. No es descartable ni un trámite enmermelado de una tributaria disfrazada, ni tampoco la declaración del enésimo estado de excepción que permita a Duque seguir legislando por decreto en temas económicos y enajenar bienes de la nación. También es de esperar que este régimen mientras garantiza los recursos estatales para la Fuerza Púbica, le siga cargando el déficit fiscal a los sectores de salud y educación, lo que haría inviable el funcionamiento de la mayoría de hospitales y universidades públicas el segundo semestre.
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Cursa el proyecto de reforma a la salud que logra algo que se creía imposible: empeorar la Ley 100. Se preparan también articulados regresivos en lo laboral y lo pensional
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De otra parte, cursa el proyecto de reforma a la salud que logra algo que se creía imposible: empeorar la Ley 100. Se preparan también articulados regresivos en lo laboral y lo pensional. Mientras el Dane certifica que 21 millones de compatriotas viven con menos de 2 dólares al día, el gobierno no solo niega la renta básica, si no que no tiene plan de emergencia social alguno para trabajadores, amas de casa o pequeñas empresas. El bolsillo y el estómago de las y los colombianos no pueden estar seguro mientras el país sigue en manos de quien se cree un burócrata del BID que se cree un tecnócrata neoliberal.
De otra parte, si bien la tributaria y los huevos de Carrasquilla indignaron a la población que salió a movilizarse, el inconformismo nacional no se reduce a la grave crisis económica que sufrimos. Las protestas también rechazaron el genocidio en curso contra líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz, así como contra la impunidad imperante frente a los asesinados y heridos del paro de 2019 y la movilización contra la represión policial de 2020. Lamentablemente una fuerza pública irreformable dentro de este régimen político, ha respondido al clamor ciudadano expandiendo la masacre y cegando la vida de decenas de jóvenes. No pongo cifras porque hora tras hora la represión estatal está produciendo más muertos y heridos, por lo que es imposible que se detenga la movilización si no cesa la brutalidad policial, si no se desmonta la militarización creciente y si los responsables de la muerte no asumen las consecuencias jurídicas y políticas.
En medio de las masacres policiales en Bogotá y Soacha en septiembre del año pasado, presenté propuestas para la reforma integral de toda la fuerza pública. Considero que las esperanzas de cambio de gobierno y de régimen político en 2022 pueden quedar frustradas si no se asume con prontitud iniciar estas transformaciones institucionales. Con policías disparando de frente y ejerciendo violencia sexual contra las y los manifestantes no hay democracia. Pero tampoco si se sigue protegiendo a la cadena de mando que termina en el poder civil. Iván Duque y Diego Molano han dado la orden de disparar. Iván Duque y Diego Molano son responsables por omisión al mantener intacta toda la cúpula militar y policial. Duque y Molano tienen sus manos manchadas de sangre y sobre ellos recae la muerte de nuestros jóvenes. Duque y Molano son indignos de seguir en sus cargos, porque Duque y Molano son criminales de lesa humanidad, que han violado el principio de distinción de la población civil, y han victimizado masiva y sistemáticamente a una ciudadanía inerme.
Cierro no solo pidiendo su renuncia y llamando a esta gran movilización popular a enarbolar el retiro de Duque y de Molano dentro de sus reivindicaciones. Convoca a las organizaciones sociales y de derechos humanos para interponer ante la Corte Penal Internacional, CPI, los recursos respectivos para que se abra el proceso jurídico contra Duque y Molano por crímenes de lesa humanidad. Como defensora de derechos humanos y mujer comprometida con la paz, me pongo a disposición de las víctimas de las masacres policiales y de la represión estatal para representarlos en La Haya en busca de justicia.
