Este poder lo han tenido los simples inspectores de policías por siglos y nadie en la justicia colombiana lo ha querido eliminar.
Ya que un inspector incompetente puede determinar expropiar una propiedad privada a favor del alcalde de turno para adquirir una propiedad privada para obras de infraestructuras, pero con aquellas propiedades que han sido negociadas fraudulentamente por vendedores y estafadores a terceros, que sin presentarse a las demandas de prescripción de dominio y hacer expropiación administrativa que sería lo legal, correcto y bajo las leyes nacionales y tratados internacionales sobre la expropiación de terrenos privados para ejecutar obras de infraestructuras prevaleciendo el interés público sobre el privado, lo logran con un sólo dictamen de un inspector que se preste para esto, siendo un verdadero abrupto jurídico que se convierte en "error judicial" permitido por el mismo sistema judicial colombiano.
Al ser un inspector de policía de una entidad de defensa pública, le confiere el poder que su determinación "errónea e incompetente" no pueda revertirse o ser demanda, quedando como si fuera un caso juzgado cuando un juez determina una acción, o sea los deja al mismo nivel que un juez de la República de Colombia.
Duque podría poner freno a este poder que por siglos han tenido los inspectores, que por mandato del alcalde de turno, que se convierte en su jefe, puede obligarlos a expropiar, como está pasando con el caso en Cali, con la propiedad de adultos mayores que esán sobre los ochenta años.
Sabiendo que una determinación al no poder ser revertido ese dictamen, ellos bien saben que la única vía es demandar al Estado colombiano que se puede demorar décadas, ya que ni los adultos mayores y sus familias podrán ver resarcidos y devueltos sus propiedades a raíz de una determinación tomada por una persona carente de conocimiento e idónea para hacer una expropiación legal.
Por eso Duque puede parar este abrupto judicial que perjudica a todos, los daños y perjuicios que ocasiona a las familias, sociedad colombiana, a los municipios, departamentos y nación como Estado al tener que pagar millonarias sumas, ser denunciados a las Cortes internacionales y demás organizaciones por violar los tratados internacionales y derechos humanos a una persona no poder defenderse como el libre derecho a la defensa universal, por culpa de un simple inspector actuando como juez.
Se propone:
- Todo caso de posesión, tenencia y titulación de propiedades privadas nunca podrá ser resuelta y menos expropiada a través de inspectores de policías para ejecutar o adelantar obras de infraestructuras, sin haber cumplido un proceso de expropiación administrativa correspondiente.
- Ningún inspector podrá despropiar y ejecutar ninguna acción sin una orden judicial que no haya pasado por pruebas y veredictos dictados por un juez de la República, permitiendo a la libre defensa universal de todos.
- Todo inspector de policía que haya hecho y haga este tipo de acciones debe ser investigado y a su vez destituido por ejercer delicados actos que van en contra de los derechos humanos de leyes nacionales y de tratados internacionales.
De esta manera estará logrando proteger la propiedad privada y por consiguiente el bienestar social de los colombianos frente actos de corrupción e intereses comerciales, políticos y sociales.
