Cómo olvidar aquella fecha que volvió a sembrar la esperanza después de años de laxitud frente a cientos de corruptos en Colombia. Ese 26 de agosto de 2018 en el que un total de 11.674.951 colombianos dijeron sí en las urnas a un paquete de mandatos que buscaban reducir y penalizar los casos de corrupción en el país como un claro manifiesto en contra de aquella corrupción normalizada e invicta que había agobiado al país durante años.
Por los días de aquella memorable votación a la consulta anticorrupción también empezaban los primeros días del gobierno del presidente Duque, quien en su primera alocución como jefe de Estado, lamentando que la votación no hubiera alcanzado el umbral necesario, invitó a la unión de todos los partidos para asumir una lucha comprometida contra la corrupción [1].
Sus banderas anticorrupción estaban “tan claras que en su primer acto como mandatario presentó un paquete legislativo al Congreso que incluía medidas similares a las propuestas por la consulta anticorrupción. Este paquete incluía propuestas como: elevar al rango de deber constitucional la presentación de la declaración de renta de los funcionarios y también la de sus activos; acabar los carteles de únicos proponentes y abusos de la contratación directa y endurecer las penas contra los corruptos haciendo imprescriptible este delito" [2].
Mantuvo sus firmes intenciones casi un mes después cuando impulsó un paquete de 24 proyectos de ley que buscaban cumplir con el mandato ciudadano de la consulta anticorrupción y que ratificaban lo ya propuesto por su gobierno. Dicho paquete lo formó con la Mesa Técnica Anticorrupción que convocó después de la fallida votación anticorrupción, la cual estaba conformada por los miembros de la consulta, de la Presidencia, la Vicepresidencia, la Procuraduría y la Fiscalía.
Sumado a esto, insistió en que este paquete iría con un mensaje de urgencia para que los proyectos tuvieran prelación en el orden del día de los debates y se definieran en los siguientes ciclos legislativos antes de finalizar el año 2018.
El presidente siguió mostrando luces en noviembre cuando presentó las bases de su Plan Nacional de Desarrollo. En este, la lucha contra la corrupción era uno de los principales ejes de su plan de gobierno 2018-2022. Con el llamado Pacto por la legalidad. Alianza contra la corrupción: tolerancia cero con los corruptos, el gobierno concreta sus intenciones y señala como estrategias de lucha contra la corrupción la promoción de los mecanismos de denuncia, el endurecimiento de las penas contra los corruptos, la definición de los pliegos estandarizados para la contratación pública, la cooperación entre el gobierno y los entes de control y la consolidación de una plataforma de rendición de cuentas[3]. Mandatos igualmente alineados con los propuestos en la pasada mesa técnica.
Entonces se veía “la insistencia”, “los esfuerzos” por alinear los objetivos anticorrupción que la ciudadanía había pedido y los discursos desafiantes contra los corruptos. Sin embargo, a casi un año de la primera presentación del paquete anticorrupción, muchos nos preguntamos ¿qué se ha cumplido?
Nada. Hasta el momento la materialización de las propuestas anticorrupción presentadas ha sido nula. En el último boletín presentado por la Veeduría del mandato ciudadano anticorrupción [4], de los 24 proyectos presentados en el Pacto Anticorrupción, 10 se hundieron, 2 no tienen ponencias, 7 no han sido discutidos en comisiones y sólo 5 tienen algún tipo de discusión.
Lo cierto es que, al mes siguiente de la presentación de estas propuestas, ya se había caído la primera de ellas y al finalizar el año 2018 el paquete anticorrupción ya se daba por hundido en los medios, en donde señalaban como culpables al presidente, a la ministra y al Congreso. Al primero, por poner tarde el estatus de urgencia que había prometido, a la ministra por su falta de gestión en el Congreso y a este último porque, entre dilataciones, impedimentos y falta de voluntad, desarticuló varias de las propuestas anticorrupción hasta el punto de borrar de tajo sus intenciones principales.
Fue una clara demostración de la falta de liderazgo del Ministerio del Interior y del presidente, incapaces de sacar adelante el paquete que fue acordado con los partidos políticos en la mesa técnica convocada por el propio gobierno, dejando así una agenda anticorrupción flotando en el Congreso y sin muchas esperanzas.
Aunque ahora de nuevo el presidente demuestre intenciones de salvar lo hundido, con el mismo mensaje de urgencia prometido la primera vez, sigue faltando un alto nivel de voluntad que sobrepase la mera presentación de los proyectos y que lleve la fuerza y la constancia necesaria para calar dentro de un Congreso al que, en su mayoría, estas propuestas no le convienen.
Queda claro entonces que se necesita un verdadero convencido de esta lucha en la cabeza del gobierno, pero, sobre todo, que el presidente Duque no es un abanderado de la anticorrupción sino solo un portador del discurso más conveniente.
[1] Presidencia de la República. (26 de Agosto de 2018). Palabras del Presidente de la República, Iván Duque Márquez, con motivo de la Consulta Anticorrupción.
[2] Presidencia de la República. (23 de Agosto de 2018). Presidente Duque afirmó que para el Gobierno la lucha contra la corrupción es una prioridad.
[3] Departamento Nacional de Planeación. (2019). Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad.
[4] Veeduría del mandato ciudadano anticorrupción. (9 de Julio de 2019). Boletín#7 ¿Cómo avanzan los proyectos de ley anticorrupción presentados al Congreso?
