“Yo sí quiero hacer la reforma fiscal que nos permita bajar impuestos para que Colombia se recupere”. (Iván Duque, mayo de 2018).
A pesar de tan contundente afirmación, que casi con un tono de promesa hizo durante la campaña electoral, el presidente Iván Duque propone ahora implantar el impuesto del IVA en los productos que constituyen la base de nuestra alimentación, es decir, leche, arroz, huevos, carne, frutas y verduras, entre otros.
Por culpa de esta medida, los precios de los productos básicos de todas las familias se incrementarán en un 20%. Un mercado básico con los alimentos de la canasta familiar exentos de IVA, que cuesta 55.500 pesos, con el IVA se elevaría a 66.000 pesos, según los cálculos que han hecho los medios de comunicación.
Según el propio Dane, 2016, cerca de 10 millones de trabajadores, no ganan entre los dos que trabajan en el hogar un salario mínimo para mantener una familia de tres personas.
Cosas como estas ubican a Colombia en el puesto 12 de 168 países en desigualdad en el ingreso, acceso a la educación y la salud entre hombres y mujeres.(Pnud)
Colombia es el segundo país más desigual de América Latina y el séptimo en todo el mundo. Las desigualdades en Colombia son extremas, los ingresos per cápita del 10% más rico supera 24 veces los del 30% más pobre.
Al gobierno nacional no le parece suficiente que Colombia sea el tercer país de América Latina con el más alto Impuesto al Valor Agregado (19%) y ha decidido ampliarlo a más productos.
Este es uno de los impuestos más injustos, porque trata igual a los desiguales: pagas el mismo impuesto si eres un multimillonario o si eres pobre. Seguramente este es el motivo por el que el empresario más acaudalado Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, aplaudió esta propuesta cuando el resto del país lo condenaba. Al fin de cuentas sabe que en Colombia si más ganas, menos pagas.
De necesitar recursos para destinar a la Educación superior, atender programas sociales o implementar los acuerdos de paz, como aparentemente ocurría, el gobierno nacional podría echar mano de alguna de estas iniciativas:
Una: destinar adecuadamente los recursos públicos de los que dispone. Colombia es líder en gasto militar y defensa en toda la región: en nuestro país, tenemos más militares y policías (496.272) que maestros y docentes (408.810), de acuerdo con el propio Ministerio de Hacienda. No hay dato que refleje mejor las tristes prioridades de gobierno.
Dos: incrementar el esfuerzo para combatir la corrupción, que según el contralor general saliente Edgardo Amaya está tasada en 50 billones de pesos y que llevó a la Asociación de Examinadores de Fraude Certificado a colocar a la nación como el tercer país con menor transparencia en el manejo de los recursos públicos de América Latina.
Tres: perseguir el fraude y la evasión fiscal de las grandes empresas y fortunas. Los expertos afirman que la inmensa mayoría de la evasión fiscal es responsabilidad de estos grupos (datos de la organización Tax Justice Network). En lugar de hacer pagar más por la compra de huevos y frutas, se debe perseguir a los que dejan de pagar los impuestos y esconden los dineros en paraísos fiscales.
En medio de todo ello hay también una medida obvia, aunque totalmente novedosa para Colombia: que quien más tenga, más pague.
El grupo de las mayores 1.000 empresas que operan en el país, obtuvo el año pasado ganancias de más de 49 billones de pesos. En muchos casos, lo que estas empresas pagaron de impuestos sobre la renta representa menos de un 10% de sus ingresos anuales. Se trata de un porcentaje mucho menor de lo que se paga por el IVA (19%). Si las grandes empresas pagasen sólo un poco más en tributos, las clases populares podrían pagar menos. (Datos de la Superintendencia de Sociedades).
Finalmente es fundamental crear canales de participación y de control “on-line” de los presupuestos. Los colombianos no sólo debemos acceder a los datos sobre los gastos de la administración, sino que también reclamamos participar en al menos una parte de la elaboración de los presupuestos y votar directamente la asignación de algunas partidas presupuestarias. De esta manera, por ejemplo, los samarios podrían decidir si su prioridad es invertir en solucionar el problema de agua a Santa Marta con participación del prepuesto nacional. Por ejemplo.
Ello optimizaría la asignación, que al fin de cuentas es otra alternativa pata mejorar el financiamiento.
Pero no. En eso no se piensa.
Va a hacer largo el mandato de Iván Duque: en sólo 3 meses ya ha bloqueado los Acuerdos de Paz, ha conseguido levantar a todos los estudiantes y docentes en contra de la baja asignación presupuestal en Educación, y ahora pretende subir los impuestos a las clases populares.
Parece que a él poco le importa mientras siga despertando aplausos del hombre más rico de Colombia, en una clara demostración de para qué y para quién gobierna.
