Pensando en la situación de inseguridad que reina en el país, particularmente para líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz, me pongo a escarbar en algunas noticias de prensa recientes en busca de claridades. El pasado domingo fue baleado en Tibú, Norte de Santander, Mario Téllez Restrepo, reincorporado de Farc.
El finado venía de la parcela en donde trabajaba, en compañía de un obrero, cuando el automóvil en que se movilizaban fue interceptado por cinco hombres que le dispararon a él y a su acompañante. Este último sobrevivió pese a sus heridas. La zona donde se presentó el hecho está altamente militarizada, lo que no impidió la acción de los criminales.
El día martes en la tarde fue asesinado otro excombatiente en proceso de reincorporación. Esta vez en el cabildo Santa Rosa, ubicado en el municipio de Puerto Asís, Putumayo. Se llamaba Ángel Alberto Calderón Ruiz. Con él ascendió a 201 el número de exguerrilleros ultimados a bala desde la firma del Acuerdo Final de Paz el 24 de noviembre de 2016.
Son aproximadamente 1350 kilómetros los que separan los escenarios de estos homicidios. El uno en zona fronteriza con Venezuela, el otro en zona fronteriza con Ecuador. Una enorme distancia que no les impide tener cosas en común. En ambas hay una alta presencia militar oficial y no se frena la violencia criminal del narcotráfico, el paramilitarismo y las disidencias.
Por su parte, el 5 de junio registraba la prensa que ante los asesinatos de líderes comunales y excombatientes que se han registrado en Algeciras, 11 personas en proceso de reincorporación han tenido que salir de ese municipio del Huila, junto a sus familias, por amenazas contra sus vidas. Diego Tello, asesor de paz de la gobernación del Huila, pedía resultados a Policía y Fiscalía.
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Los asesinatos de tres líderes comunales, un reincorporado de Farc y el hijo de otro de ellos permanecen hasta ahora en completo misterio
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Los asesinatos de tres líderes comunales, un reincorporado de Farc y el hijo de otro de ellos permanecen hasta ahora en completo misterio. Hace menos de un mes individuos no identificados lanzaron un artefacto explosivo contra la vivienda en que habita Carlos Andrés Bustos, líder político del partido Farc, quien resultó ileso pese a la destrucción de sus muebles y enseres.
Paso al Cauca para destacar noticias como esta. El 25 de mayo unidades militares orgánicas de la 29 Brigada, atendieron al llamado de alerta hecho por la Gobernación del Cauca y la Defensoría del Pueblo, procediendo a evacuar a un habitante de Timbiquí, sobre quien pesaba una amenaza de muerte por ser supuesto apoyo del ELN.
La amenaza provenía del llamado GAO residual 30 Frente. Según el parte militar, se lograron restablecer los derechos humanos del sujeto. El comando de la Brigada expresó su rechazo vehemente a ese tipo de conductas y ratificó el continuo desarrollo de operaciones militares en la lucha frontal contra los grupos armados organizados en el norte del Cauca.
Al día siguiente se repitió la misma escena, en el municipio de Suárez. La evacuación tuvo lugar en en la vereda La Alejandría. El Ejército acompañó a pie por caminos de herradura a diez personas, entre ellas cuatro menores, dos adultos mayores, tres adultos y una persona discapacitada, quienes denunciaron el acoso guerrillero de la Columna Móvil “Jaime Martínez”.
El 6 de junio conocimos que el Ejército, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, evacuó de una zona rural del municipio de Timbiquí, en la Costa Pacífica del Cauca, a unas 38 personas, entre líderes sociales y sus familias, amenazadas también por la estructura 30. Al trasladarlas en helicóptero a un albergue en Popayán se les salvó la vida, dijeron.
El martes pasado tuvo lugar una reunión entre funcionarios del gobierno y representantes del ETCR de Santa Lucía de Ituango, en la que los reincorporados aspiraban que el gobierno autorizara la compra de un terreno de 230 hectáreas en Mutatá, al que pudieran trasladarse desde Ituango, de donde los obligaron a salir las disidencias de la estructura 18 y las autodefensas gaitanistas.
En carta reciente al Defensor del Pueblo, dirigentes sociales y de derechos humanos de Ituango ponían de presente que el gobierno nacional ha sido advertido en numerosas ocasiones, Informe de Riesgo IR003-17, Alerta Temprana AT029-18 y Alerta Temprana AT 004-2020, de la insostenible crisis humanitaria de las comunidades por cuenta de la amenaza criminal que pende sobre ellas.
El gobierno nacional, en ninguno de los casos reseñados, ha tomado medidas efectivas para enfrentar y vencer las amenazas contra las comunidades, sus líderes y los firmantes de la paz. Antes bien, todo indica que su apoyo consiste en evacuar los amenazados. Es decir, las regiones están en manos de los criminales y las autoridades lo certifican.
Parece que el propósito de este gobierno fuera dejarles el terreno libre a las bandas de toda laya. Como si tuviera intereses comunes con todas ellas.
