El presidente Iván Duque y su partido lideran una ofensiva legal y política para desconocer los derechos de las víctimas. Especialmente en los temas de tierras, paramilitarismo, participación política y memoria.
Hace unos días el presidente anunció, sin consultar con las víctimas, que presentara una nueva iniciativa legislativa para dar participación política a las “verdaderas víctimas” según sus palabras, es decir; las que él reconozca. Además afirmó que estas curules saldrán de los partidos políticos que actualmente conforman el Congreso, una propuesta que va en contravía, de todo lo pactado en el acuerdo de la Habana.
Miremos algunas decisiones del “presidente” que van en contra de las víctimas y la paz:
Primero, al presentar una nueva propuesta legislativa, Iván Duque desconoce el acto legislativo que creó las 16 curules para las víctimas, proyecto que fue aprobado, y que por maniobras del presidente del Congreso, junto con partidos políticos como el Centro Democrático, fue desconocido y archivado. Pero lo que causa mucha inquietud, es que justo cuando el consejo de estado, está a punto de fallar frente a este caso, y el procurador le ha pedido al presidente del Congreso que dé trámite al Acto Legislativo que creó las curules de víctimas, el presidente Iván Duque haga esta propuesta.
Segundo, la Ministra del Interior anunció esta semana, que los militares tendrán participación en dichas curule como víctimas, si; los mismos militares que han desaparecido personas, desplazado comunidades enteras, violado mujeres y asesinado civiles, para presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate, esos mismos, estarán el Congreso como “víctimas” si prospera esta propuesta, !Es una canallada!
Tercero, el Centro Democrático e Iván Duque, han sido los mayores opositores de la JEP (Justicia Especial para la paz), que tiene como premisa buscar la verdad, a cambio de menores penas punitivas para guerrilleros, paramilitares, militares y civiles. Esta guerra contra la JEP, podría explicarse con un solo hecho, esta semana la JEP, gracias a testimonios de exmilitares, encontró una fosa común de falsos positivos en Antioquia, estos crímenes sucedieron en el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el marco de su estrategia de Seguridad Democrática. ¿Coincidencia?
Cuarto, la semana pasada cuando se tenía que aprobar, la prórroga de la Ley de víctimas, el Centro Democrático intentó hacer una modificación, para favorecer a los despojadores de tierras, tierras que fueron arrebatadas a pequeños campesinos con fuego y sangre, por grupos paramilitares financiados por grandes ganaderos, palmeros, y empresarios. Con este ya son varios los intentos sistemáticos, del Centro Democrático por desfavorecer y llevar la institucionalidad del país, en contra de las víctimas.
Quinto, no se puede hacer una reparación integral a las víctimas, mientras de manera sistema como política de gobierno, se deja sin oxígeno institucional y económico, la implementación del acuerdo de paz, que tiene como mayor apuesta la justicia integral, como medio para la garantía de los derechos de los ciudadanos, en los territorios.
Sexto, el Director Nacional del Centro de Memoria, es un negacionista del conflicto armado, un censurador de la memoria de las víctimas, pésimo académico, el cual busca mutilar de manera barbárica, la memoria de quienes padecieron el conflicto armado. Pretende decirle a las víctimas como deben recordar, sentir y contar lo que vivieron.
Séptimo, el gobierno nacional no tiene metas puntuales para las víctimas del conflicto armado en temas sensibles como vivienda y educación, dos de las grandes necesidades que padecen, quienes han tenido que desplazarse a las cabeceras urbanas y grandes ciudades, como consecuencia del conflicto armado.
En conclusión, este gobierno no brinda garantías institucionales para el retorno, la participación, la justicia, muchos menos la verdad y la memoria. ¡Este es un gobierno contra las víctimas!
