No se rían, no es una broma, es simplemente el reconocimiento por mi parte del hecho de que que Iván Duque es un defensor muy sobresaliente de los derechos humanos, al que solo se le puede objetar que los defienda tan apasionadamente en Venezuela y no en nuestro maltratado país. La más reciente prueba de esta insobornable defensa es el apoyo que desde siempre ha brindado la llamada Misión independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela que el 15 de septiembre pasado rindió su informe sobre la situación de los derechos humanos en el hermano país al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Un informe estremecedor de 411 páginas, que acusa al gobierno del presidente Maduro de “crímenes de lesa humanidad”. Un documento muy importante, para qué negarlo, pero que peca de redundancia. Y no porque los colombianos, gracias al trabajo igualmente infatigable de nuestros medios de comunicación, ya estamos informados de cuan cruel y espantosa es la dictadura del señor Maduro. El informe es en realidad redundante porque duplica el informe sobre los derechos humanos que presentó por esa misma fecha y ante el mismo Consejo en Ginebra, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU que, sin llegar al extremo de acusar directamente al gobierno de Venezuela de crímenes de lesa humanidad, describe sin embargo un panorama muy sombrío. Por lo que surge la pregunta: ¿por qué el presidente Duque se empeñó, junto con sus colegas del llamado Grupo de Lima, en conformar y financiar la citada Misión, como si ignorara, lo que ya era de público conocimiento, que a la señora Bachelet ya le había sido encomendada oficialmente la elaboración de un Informe semejante? ¿Acaso él y los otros presidentes temían que, dado que el gobierno venezolano había aceptado colaborar en la elaboración del mismo, el Informe de Bachelet resultara complaciente con dicho gobierno? ¿Y que para prevenir esa peligrosa eventualidad, Duque y sus colegas decidieran conformar una comisión ad hoc cuyos miembros estuvieran dispuestos de antemano a confirmar con su informe lo que todo colombiano ya sabe: que la dictadura de Maduro es la más atroz y sanguinaria entre todas las que ha padecido nuestro continente en su larga historia? Temores infundados, porque el Informe Bachelet no defrauda esas expectativas. Tampoco las de Donald Trump y Mike Pompeo, defensores igualmente infatigables de los derechos humanos en Venezuela.
Confieso que no he leído completamente ni el informe oficial ni el oficioso, pero si lo suficiente de ambos como para destacar algunos pasajes del oficial, el de Bachelet, que podrían figurar sin cambiar una coma en un hipotético informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Cito tres de ellos, que describen situaciones que como colombiano me resultan muy familiares. Empiezo con este pasaje: “Todo ello ha permitido al Gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES. Estas violaciones requieren más investigación para determinar la pertinente responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual”.
Sigo con esta: “El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural”.
Y concluyo con esta, tan actual: “Violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos. Las violaciones de las obligaciones fundamentales estuvieron vinculadas a una falta generalizada de disponibilidad de y acceso a fármacos y tratamientos esenciales, al deterioro de las condiciones en hospitales, clínicas y maternidades”.
