No sé cuantos golpes hacen falta para matar a alguien. Quisiera no querer saberlo, pero la rabia y la intriga me hace pensar que uno solo, certero y contundente, puede ser suficiente. Y para herir, debilitar o humillar a alguien hace falta una actitud hostil. Pero al Señor Marcelino lo mataron a golpes. Así, en plural. Los niños de la vereda donde vivía comentan entre ellos sobre las evidencias del homicidio. Manchas de salpicaduras rojizas y esparcidas por doquier. Según los periódicos, el hecho había ocurrido para robarle el dinero del subsidio de la tercera edad que acababa de reclamar, como si la vida humana costara unos trescientos mil pesos y cada golpe propiciado fuese una cuota macabra de un plan separe. Los golpes, los muchos que no quiero saber, fueron con palos de madera. Sí, palos, también en plural, que parecen haber sido recogidos del mismo monte y que dejaron allí como otra evidencia del homicidio.
Puede que lo hayan matado para robarle. Pero puede que no. Sus vecinos creen que su asesinato es otra advertencia, de las ya tantas que han recibido, para abandonar el lugar.
El Señor Marcelino era un campesino de la Vereda Púa II, en Cartagena de Indias; también era un señor de 80 años “muy querido, conversador y gracioso”. Cuentan que siempre se le veía en las tardes cuando llegaba a saludar con el torso desnudo porque sólo usaba camisa cuando iba a reclamar la pensión o para las reuniones del comité comunitario. Pero él era, sobre todo, un símbolo de la extensa lucha pacífica que había tenido que lidiar durante muchos años para que se le reconociera el derecho a la tierra. Más bien tierras, con “s” al final, donde sembraba maíces y yucas, descamisado. Tierras a las que llegó con los primeros habitantes de la zona, luego de ser desplazado hace 45 años de San Onofre, Sucre.
Esas tierras son aparentemente del estado desde los años 60 cuando aplicaron extensión de dominio. Pero también son reclamadas por otros, particulares y empresas privadas. También con eses al final para resumir el caos jurídico.
Por eso el Señor Marcelino vivía, como también sus vecinos lo hacen, día tras día bajo la sombra de una muerte anunciada. Desde hace dos años se ha incrementado la inseguridad con panfletos, amenazas y hostigamientos para que abandonen las tierras que habitan. Líderes comunitarios han recibido atentados físicos y llamadas al celular; "nos han dicho que acá va haber una masacre si nos vamos de aquí", afirmó una de ellas.
Aunque el miedo no es un tema nuevo, el terror sí lo es. Tanto fue el pavor de la comunidad con la muerte de uno de sus integrantes que por varios días se fueron a dormir todos juntos a un sector de la Vereda; unas 40 familias hacinadas en cambuches sin láminas de zinc, sin energía eléctrica, ni fosas sépticas, ni agua suficiente para todos. De hecho, algunos se mudaron con todo y sus cambuches para estar más cerca de los demás, porque así, arrumados en multitud, se dan fuerza para sentirse más protegidos.
Las madres no quieren que sus hijos vayan al colegio por temor a lo que les pueda pasar por el camino. Dicen que los caminitos de herraduras han sido tapados con ramas de púas para que no puedan transitar los menores. Púas, también arrumadas, en multitud, como para hacerle honor al nombre de la vereda. Las profesoras que van desde los corregimientos cercanos, tampoco quieren ir al colegio porque no tienen garantías de seguridad.
En el 2014, la Defensoría del Pueblo presentó una tutela contra la alcaldía de Cartagena por no prestar la atención humanitaria dada la extrema vulnerabilidad de esta población. También se presentó una tutela contra la Unidad de Víctimas y el ICBF. Así se incluía atención a la primera infancia, brigadas de salud y albergues temporales. Hace poco, la juez que lleva el caso, emitió una orden por desacato contra la alcaldía de Cartagena y como respuesta, el gabinete de Manuel Vicente Duque ha estado llevando materiales de construcción y alimentos. Enhorabuena porque el fenómeno de la Niña ya cobró cuatro cambuches y sigue amenazando a las familias.
Pero según los vecinos, han recibido 70 cubiertas plásticas de segunda, algunas en muy mal estado. Los tablones llegan agujerados de antiguos clavos por donde se quiebra fácilmente la madera. Reciben leche líquida, no en polvo como la piden, que no tienen cómo refrigerar. Las bolsas de arroz huelen mal con solo abrirlas y no mejora con la cocción. En promedio, cada familia cuenta con 500 gramos de harina de trigo que no alcanza para el mes y el mercado no se les entrega según el número de habitantes del hogar sino la misma cantidad para todos. Un hombre entre las familias cuestiona que en los alimentos que reciben se hallan mecatos e insiste en que si el presupuesto no le alcanza a la Alcaldía, se les entregue más carbohidratos y menos gaseosas.
¿Cuántos golpes con litros de leche vencida hacen falta para sufrir de desnutrición?
¿A cuántas lluvias está la madera agujerada para que se derrumbe otro cambuche?
¿A cuántos metros de ramas con púas está la seguridad para ir al colegio?
¿A cuánto está la atención humanitaria? ¿O es a granel con descuento por ser de segunda?
No hay peor ayuda que la que se da sin preguntar antes lo que se necesita. Éstas acciones son más golpes de maltrato que recibe la Vereda Púa II. Golpes por kilos y por metro cuadrado, también con palos y que atacan literalmente al estómago, mientras, la sombra de la inseguridad sigue deambulando en los caminitos de herraduras y en sus propios ranchos.
Se rumora que al Señor Marcelino lo quieren vengar atentando contra los líderes comunitarios, como para agregar otro round de pelea; otra amenaza que hostiga por enésima vez a la población que empieza a culparse entre ella porque ya no entiende quién más y hasta cuándo más los estarán golpeando. Por no decir matando.
