Estimado Dr. Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación:
Por medio de la presente nos dirigimos a usted con el fin de solicitar la eficaz actuación de la Procuraduría para que el Estado colombiano garantice los derechos de las personas que fueron afiliadas irregularmente a las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones. En anteriores radicados enviados ante la Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Contraloría, Comisión Séptima de la Cámara, Ministerio del Trabajo, Superintendencia de Industria y Comercio y Superintendencia Financiera, la Campaña Con las Pensiones No y Salario Mínimo Digno ha denunciado estas ilegalidades: presión por parte del empleador, afiliación del trabajador sin su autorización, información incompleta o falsa para lograr la afiliación, ofrecimiento de bonos promocionales a jóvenes universitarios sin advertir sobre la afiliación a una AFP u ofreciendo información incompleta sobre las condiciones del régimen privado (tenemos conocimiento de esta actuación por parte de Porvenir), y hasta falsificación de firmas.
Como bien se sabe, bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se aprobó la Ley 797 del 2003 [1], que le impide a un ciudadano retornar a Colpensiones, dentro de los diez años anteriores a cumplir la edad pensional (esto es, mujeres después de cumplir los 47 años y hombres, los 52). En nuestra opinión, este artilugio jurídico fue promulgado con el fin de favorecer los intereses de los banqueros, dejando atrapadas a las víctimas engañadas por las AFP.
Adicionalmente, en los radicados presentados, se solicitó que la Procuraduría actuara para garantizar el debido proceso en las demandas entabladas por los afectados por estos ilícitos. Lo anterior, por cuanto, sorprendentemente, hay jueces y magistrados que endilgan la responsabilidad a las víctimas de las AFP, y no a los victimarios.
Este año, un artículo incluido en el Plan Nacional de Desarrollo pretendió remediar las injusticias que están padeciendo miles de trabajadores por cuenta de las irregularidades cometidas por las AFP, permitiendo su retorno a Colpensiones. Pero el gobierno de Iván Duque hizo retirar dicho artículo, en claro favorecimiento del anticonstitucional abuso del poder dominante.
Ya los colombianos estamos familiarizados con la condescendencia del actual gobierno con el sector financiero, como, por ejemplo, frente a la presunta responsabilidad de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez —presidente del grupo Aval, dueño de la AFP Porvenir—, en el escándalo de corrupción de Odebrecht; y la intención de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, de que el Estado le pagara una multimillonaria suma a los mismos banqueros involucrados en este escándalo [2]. Ante semejante actitud del gobierno Duque, la Campaña Con las Pensiones No y Salario Mínimo Digno, exige que no continúe este tipo de condescendencia con las irregularidades de los grandes financistas.
En este orden, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia se pronunció afirmando que las AFP eran las responsables de acreditar si habían entregado a sus afiliados la información suficiente y oportuna en el momento de las vinculaciones [3]. Como en la mayoría de los casos, las AFP no podrán probar esto, los afectados merecen no sólo recibir fallos que reconozcan sus derechos; sino retornar de inmediato a Colpensiones —esto, sin ningún tipo de discriminación, por razón de edad o semanas cotizadas— e incluso, recibir una indemnización por daños y perjuicios, pues no es poco el dolor, la angustia y el sufrimiento al que se han visto sometidos. Ante este precedente, se esperaría que jueces y magistrados sigan la mencionada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, por lo tanto, solicitamos se verifique el cumplimiento de la misma.
Por otra parte, para perplejidad de la ciudadanía, el presidente de Colpensiones manifiesta una actitud que consideramos falta al deber de imparcialidad que debe tener un empleado público, ante este tipo de demandas, más si se tiene en cuenta que su obligación es velar por el respeto a los derechos pensionales de los colombianos. Esto, por cuanto afirma que sus abogados trabajan para que las sentencias favorezcan, no a las víctimas de estas ilegalidades, como cabría esperarse, sino al presupuesto nacional. Al mismo tiempo, Asofondos dicta capacitaciones a jueces y magistrados encargados de este tipo de demandas [4].
Como lo anterior incide en la imparcialidad que debe tener la rama judicial, lo cual atenta contra el derecho al debido proceso y los derechos humanos de las víctimas de las AFP, la campaña Con las Pensiones No y Salario Mínimo Digno exige que los jueces y magistrados que han recibido estas capacitaciones se declaren impedidos para emitir sentencias sobre este tipo de demandas; y solicita que la Procuraduría General de la Nación investigue a los responsables de este tipo de actuaciones que evidencian un claro conflicto de intereses.
Adicionalmente, solicitamos de manera respetuosa que usted, como antiguo empleado de Luis Carlos Sarmiento Angulo, con quien usted manifestó tener motivos de inmensa gratitud [5], se declare impedido, con el fin de garantizar la imparcialidad que tan delicada y compleja problemática requiere.
Por último, la Campaña Con las Pensiones No y Salario Mínimo Digno reclama que: a.) las víctimas de las AFP retornen de inmediato a Colpensiones; b.) el Estado actúe en concordancia con la Constitución y el respeto a los derechos laborales y a los derechos humanos de los afectados; c.) se investigue y sancione a los responsables de las AFP por las irregularidades en esta materia; d.) y se investigue y sancione a los empleados del sector público que por acción u omisión han actuado como cómplices de esta ignominia perpetrada en contra de los adultos mayores y de las gentes honestas y trabajadoras de este país[6].
Cordialmente,
María del Rosario Vázquez Piñeros - Comité Nacional Campaña Con las Pensiones No y Salario Mínimo Digno.
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[1] Ley 797 de 2003, Art. 2, e. [2] “Debate Odebrecht: los casos de la ministra, la vicepresidenta, Zuluaga y los periodistas”, en Semana, 9/11/2019. [3] Redacción Judicial, “Exigencias clave que pueden hacer los afiliados a las administradoras de pensiones”, en El Espectador, 24/04/2019. “Hubo engaño en traslado de fondos públicos de pensiones a los privados”, en ASMEDAS, 25/04/2019 [4] Asofondos, en Twitter, 6/09/2019: “A continuación, Clara Elena Reales, Vicepresidenta Jurídica de Asofondos, inicia su intervención sobre el efecto de los fallos judiciales en el sistema pensional: ‘Cuando se habla del sistema pensional se habla de futuro de la nación’. Juan Miguel Villa, en Twitter, 12/09/2019: “¿Cómo controlar los incrementos pensionales?: A nivel micro tenemos una defensa judicial y asesoría en asuntos legales; armamos todo un andamiaje de defensa. A nivel micro vamos a las cortes y luchamos por unas sentencias que pueden resguardar los recursos de la Nación”. [5] Vicky Dávila, El vendedor de Sarmiento, en Semana, 14/09/2019. [6] Para mayor claridad sobre el tema y las denuncias planteadas, respetuosamente se sugiere consultar el contenido del texto El Cartel de las Pensiones en Colombia que circula en forma gratuita en redes sociales, el cual se puede buscar en los siguientes enlaces https://carteldelaspensiones.wordpress.com/, https://carteldelaspensiones.files.wordpress.com/2019/08/el-cartel-de-las-pensiones-en-colombia.pdf, https://bit.ly/2NJNPrE, https://asmedasantioquia.org/2019/09/04/el-cartel-de-las-pensiones-en-colombia/).
