Cual veloces sabuesos lebreles o enloquecidos y feroces felinos, una vez promulgado el decreto sobre el decomiso de la dosis personal de estupefacientes, una jauría de académicos, agnósticos, izquierdosos y libertarios dogmáticos, paranoicos y delirantes, salieron a manifestar que los consideraban inconstitucional, apoyándose para el efecto en la vulneración de sendos derechos fundamentales consagrados en la constitución como el de la dignidad humana, autonomía, igualdad y por supuesto, el libre desarrollo de la personalidad.
Definitivamente, nada más alocado y traído de los cabellos, pues el decreto no prohíbe el consumo de la substancia, ni la dosis, solo busca blindar y evitar su uso público, impune ,abierto y descarado. Cabe recordar que la destrucción individual se permite, la facultad de anularse y aniquilarse se contempla, y se garantiza y mantiene recelosa y estúpidamente como un hito de civilidad el suicidio del individuo lento y agónico.
Al final, el consumidor no será penado con cárcel, seguirá siendo tratado con especial consideración, como un enfermo. ¡Bravo! ¡Qué orgullo de Estado el que alienta y permite el aniquilamiento del individuo sin inmutarse! Ya hay que convivir con el monstruo, pues una jurisprudencia decadente, libertina y disoluta, origen de grandes males en este país, fue la famosa sentencia C-221 de 1994 de la Corte Constitucional sobre la despenalización del consumo de la dosis personal de estupefacientes, cuyo magistrado ponente fue el Dr. Carlos Gaviria Díaz.
Esta sentencia, posando de libertaria y democrática, e interpretando el espíritu de la carta y haciendo gala de la más absoluta permisividad, dio rienda suelta al descontrol y desorden individual, con tal de que no se afectaran los derechos de los demás, alegando intimidad, órbita privada, dignidad y libre desarrollo de la personalidad. Esto sirvió para construir y sustentar el insalubre concepto del uso de la dosis personal de estupefacientes, generando una verdadera pandemia de esta conducta, por la manera impune y desafiante que se viene haciendo de la misma, en cualquier lugar público, cerca de parques y colegios donde existen menores de edad.
Sin embargo, no contentos con ello, cuando se intenta controlar el desborde y la injusta exposición, como se pretende con el decreto del gobierno del presidente Duque, aparecen los defensores del libertinaje frenético y se rasgan las vestiduras y se deshacen en imprecaciones y lamentaciones de todo tipo, señalando que se está atacando la libertad del individuo de hacer lo que le plazca. Esta es una conducta hipócrita, inconsecuente que no mira la salud pública, ni el bienestar general de la población, en especial la más vulnerable, como nuestros críos.
La norma es sana, se apoya en la protección de los espacios públicos y familiares, y entraña una campaña pedagógica contra este singular flagelo. Es un despertar, una concientización a todo nivel que desnuda la crudeza y problema de la droga en nuestro país, generadora de la mayoría de los males de nuestra sociedad, “donde lo anormal se volvió normal, lo ilícito, lícito, lo inmoral, moral; haciéndose necesario volver a enseñar, ¡que lo malo es malo y no bueno”.
Ha sido por la permisividad hipócrita y libertaria en la defensa de empalagosos derechos poco edificantes, generadores de conductas relajadas, disolutas y anodinas, la construcción de sociedades decadentes, poco disciplinadas y disipadas. “Cuando se tiene derecho a todo, se carece de todo” dijo Edmund Burke.
Más allá de la protección de egoístas conductas individuales está el bienestar común y la protección de la sociedad, su salud y su simiente.
