Siendo La Guajira una de las regiones más ricas de Colombia, con el Chocó y el Cauca, es posiblemente la más miserable. Tres años de sequía, falta de infraestructura, alta corrupción y baja presencia del Estado, se han combinado para crear una profunda crisis. En La Guajira la pobreza supera el 50 % y el desempleo ronda el 48 %. Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional, 70 % de los niños de La Guajira sufren de desnutrición crónica, con el agravante de la exponencial "inseguridad alimentaria" que en la población rural (mayoritariamente wayuu) tiene un grado de afectación superior al 90 %. En el norte de La Guajira, hace casi tres años no cae una gota de agua. Los cultivos de pancoger están secos desde el 2013, y el pastoreo de cabras y ovejas, tradicional en la región, está desapareciendo porque los animales se están muriendo. La muerte de 12 niños por física hambre es la gota que colmo el vaso. Un reciente informe del diario señala: “Una ubicación estratégica que desde hace siglos puso a La Guajira en la ruta de las mafias, la corrupción desbordada que ha permeado a dirigentes locales y a autoridades, factores culturales que ponen lo ilegal como modelo y la falta de presencia del Estado son los ingredientes de un coctel que amenaza con hacer inviable al departamento. De hecho, si los niños en las rancherías se están muriendo por desnutrición y sed, el clima no es el único culpable. Su dirigencia política tiene mucho que explicar sobre el uso dado a millonarias partidas que no se han visto materializadas en el bienestar de sus casi un millón de habitantes”.
Los escasos recursos que gira el Estado
desaparecen en manos de las mafias políticas
ante que un centavo le llegué a los wayuus.
Uno pensaría que el abandono y la miseria en este departamento están directamente relacionadas con parquedad de inversión, pública o privada. Y sin inversión, no hay crecimiento. Y por más que a los ‘mamertos’ les moleste, sin crecimiento no hay forma de acabar con la pobreza. Es más, sin entrar en malabarismos verbales, la pobreza se puede definir por su antónimo: la ausencia de riqueza. Pero resulta, amigo lector, que 395 proyectos están frenados por culpa de los mismos indígenas. El editorial de El Espectador del pasado 25 de febrero afirma: “Doscientos años. Eso dicen los indígenas de varias comunidades de la Sierra Nevada que tardarían en estudiar de manera apropiada los 395 proyectos mineroenergéticos con títulos o a la espera de licencia para operar dentro de su territorio... Mientras tanto, anunciaron que se rehusarán a llevar a cabo cualquier proceso de consulta hasta que sus preocupaciones sean escuchadas”. Pensaría uno que la reticencia de los indígenas a estudiar los proyectos de desarrollo está planamente justificada porque las autoridades departamentales y las comunidades indígenas tienen amplios recursos para proveerle a sus habitantes alimentación, techo, salud y educación. Nada más alejado de la verdad: los escasos recursos que gira el Estado desaparecen en manos de las mafias políticas antes que un centavo le llegué a los wayuus
¿Y quiénes son los responsables de aprobar los 395 proyectos? Doscientas veintisiete asociaciones de autoridades tradicionales con las que se deben transar las soluciones. Algunas de estas, como lo reseña el diario El Tiempo, “no llegan a las bases y hay líderes que funcionan como mafias: acaparan las ayudas, controlan los contratos y, en la alta Guajira, hasta cobran ‘peaje’ por dejar transitar”
Ante esta realidad, es muy posible que en La Guajira se vean doscientos años adicionales de miseria. Ni la creadora pluma de García Márquez hubiera podido prever este trágico desenlace.
