El salario mínimo, según la Organización Internacional del Trabajo, es la cuantía más pequeña de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que estos hayan efectuado durante un período determinado, el cual no puede ser rebajado ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual. Es un emolumento vital para poder vivir y su creación tiene como finalidad proteger a los trabajadores contra el pago de remuneraciones indebidamente bajas.
En Colombia, según el Ministerio de Trabajo y la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), 10,7 millones de trabajadores devengan $828.116 o menos. El debate todos los años, en el mes de diciembre, es si de verdad ese salario garantiza lo mínimo para vivir y si sus incrementos corresponden realmente a las variables económicas, máxime en un año atípico por causa de la pandemia como es 2020.
Esa negociación se realiza en la Mesa de Concertación Laboral, en la cual empresarios y trabajadores, con la mediación del Ministerio del Trabajo, tratan de llegar a un acuerdo, que es un decir, porque generalmente no se logra; entonces el gobierno nacional decreta dicho aumento salarial, siempre respaldando a los empresarios, con el argumento de que un aumento alto del salario mínimo afecta a la generación de empleo, lo cual está revaluado porque el desempleo, al igual que las tasas de informalidad, los trabajadores por cuenta propia y los inactivos, siguen creciendo.
En la negociación del salario mínimo, el Comando Nacional Unitario, conformado por las centrales obreras y de pensionados, hizo esta propuesta unificada:
1. Salario mínimo básico de un millón de pesos y auxilio de transporte de 120.000 pesos, mensuales.
2. Definición de renta básica para los millones de familias que carecen de ingresos y empleo.
3. Subsidio del gobierno a la nómina de empresas micro, pequeñas y medianas, con restitución de empleos, que es una exigencia al gobierno nacional de la defensa de la producción nacional, el empleo con derechos, unas condiciones favorables para los trabajadores y pensionados y el subsidio del gobierno a las mipymes por el valor total de las nóminas y primas.
4. La formalización de empleos, especialmente del sector salud.
5. La derogatoria del decreto 1174, porque contiene una nefasta reforma laboral y pensional y destruye el diálogo social que han venido construyendo las organizaciones sindicales de manera tripartita en el escenario de la Comisión Nacional de Concertación.
Los empresarios aglutinados en el Consejo Gremial propusieron un incremento de un 2 %, considerado por el Comando Nacional Unitario no solo mezquino con los trabajadores, sino alejado de los requerimientos del país en este momento de crisis, cuando el pueblo requiere más poder adquisitivo.
Los empresarios, que no industriales, porque los TLC destruyeron la poca industria nacional, patean la mano que le tienden los trabajadores, para que sea el gobierno el que fomente a las empresas y asuma directamente las diferencias entre las propuestas. Los trabajadores han entendido que solo con productores nacionales fuertes —del campo y la ciudad— es como se puede generar mano de obra con capacidad adquisitiva y acumulación de capital nacional.
Por eso tiene razón el empresario Christian Daes, director de operaciones (coo) de la empresa barranquillera Tecnoglass, quien trinó en su cuenta: "Mi respuesta al aumento del 2 % al salario mínimo. ¡Mandan huevo!".
