Estos dos abogados externadistas, ambos exprocuradores son los actuales protagonistas de la disputa legal por el contrato de arrendamiento que firmó la excontralora Sandra Morelli y que la tiene enredada penalmente. Bernal es el apoderado de Proyectos y desarrollo Uno S.A, cuyo representante legal es Augusto Salazar. Edgardo Maya, como contralor, no quiso prorrogar el contrato por un valor de 2700 millones mensuales del edificio situado en el centro comercial Gran Estación por considerarlo oneroso para los intereses del Estado.
La propuesta de Maya era firmar un nuevo contrato a partir del 1 de enero de 2015 con algunas modificaciones pero los propietarios del inmueble no aceptaron apartarse de la cláusula que obligaba al Estado a pagar una multa de $34 mil millones si el contrato no se sostenía durante diez años con los correspondientes ajustes anuales, entre otras razones por las adecuaciones que se le habían hecho al edificio para adaptarlo a las necesidades de la Contraloría.
Maya optó por demandar ante el Tribunal Administrativo de Bogotá la cláusula en disputa apoyado por un equipo jurídico conformado por Juliana Martínez, directora jurídica de la Contraloría, Carmenza Isaza y Patricia Linares. Pese a los intentos de conciliación y la cita que ya hay programada en la Cámara de Comercio este 14 de enero para intentar una conciliación, 400 funcionarios de la Contraloría, del despacho del contralor, el vicecontralor, la oficina de talento humano, comunicaciones y el área administrativa y financiera, comenzaron a despachar desde el edificio del Ministerio de Justicia. El resto de la planta del personal estará repartido en tres edificios en el centro de la ciudad, alquilados mientras se encuentra una sede definitiva.
