Por años, los habitantes de San Andrés notaron problemas en su aeropuerto. El principal terminal aéreo de la Isla, el Gustavo Rojas Pinilla, necesitó una nueva torre de control; no obstante la carencia, el aeropuerto funcionó con normalidad. Por el problema anterior los isleños intentaron construir una nueva torre, con tecnología moderna, mayor altura y mejores especificaciones; sin embargo, la obra quedó a medias.
La torre de control del aeropuerto no es el único caso de un edificio inconcluso. En la Isla, también hay escándalos con la construcción del megacolegio Antonia Santos–CEMED. En ambos casos, la torre del aeropuerto y la Institución Educativa, los contratistas en vez de terminar la obra, acabaron en un juicio por no entregar lo prometido.
(Elaboración propia)
Recuperar la Torre de Control del Aeropuerto es una carrera contra el tiempo
El 17 de diciembre de 2019, la Aeronáutica Civil firmó el contrato 19001314 H4 con el Consorcio Guadalupe GL, conformado por una persona jurídica y una persona natural para construir una nueva torre de control en el Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla por un valor de $ 11 mil millones, según la Contraloría.
En marzo de 2021, la obra se había ejecutado en un 10 %. La Unión Guadalupe debía responder por la construcción de una torre de 40 metros de altura que modernizaría el aeropuerto. Con la torre funcional se facilitaría la llegada de los turistas y de paso, se reemplazaría la antigua torre, que ya se estaba quedando obsoleta.
De nada sirvieron las prórrogas pedidas y las adiciones para terminar la obra contratada. En diciembre de 2022, la Contraloría quiso saber dónde estaban $ 7.774 millones. En 2023, el organismo de control encontró que la torre nueva era más bien un estorbo para el aeropuerto por no servir para guiar el tránsito aéreo y además evidenció que existía un deterioro en la construcción, situación anormal para un edificio nuevo. Por todos esos hallazgos, abrió un proceso de responsabilidad fiscal y los isleños quieren que se recupere la obra.
El Centro Educativo Antonia Santos-Cemed dejó dos gobernadores en juicio
Todo comenzó en 2014, durante la administración de la liberal Aury Guerrero Bowie cuando se firmó el contrato entre la Gobernación de San Andrés y la Unión Temporal Mega. La Unión se conformó con la empresa Furel cuyo representante legal era el contratista Hernán Moreno.
El Consorcio debía responder por la construcción del claustro educativo Antonia Santos, y para esa labor tenía un presupuesto de más de $34.000 millones de pesos y un plazo de 12 meses para ejecutar la obra y beneficiar a 1.440 estudiantes de la Isla.
Los trabajos comenzaron el 11 de diciembre de 2014, pero pasaron los meses y la construcción del colegio no avanzó a un ritmo satisfactorio. Con los retrasos, La Unión Temporal Mega pidió la primera prórroga, además solicitó una adición por más 14.000 millones de pesos y en sus arcas quedó un total de 48 mil millones de pesos, aproximadamente.
Llegó diciembre de 2015 y el colegio no estaba listo. Por la demora, las autoridades comenzaron las investigaciones, aunque en principio, solo llamarón al exgobernador de San Andrés, Ronald Housni Aller. El exgobernador tenía varias investigaciones al parecer por irregularidades en contratos y ante los jueces, declaró que los contratistas, Hernán Moreno Pérez y Fernando León Diez, le entregaron un total de $1.200 millones para su campaña.
A cambio del “favor”, Housni les prometió los contratos grandes de la Gobernación, eso sí con una condición: una comisión del 10 % para él o para su hermano y dentro de las obras prometidas estaba el colegio Cemed.
En 2018, la Fiscalía encontró una red de corrupción donde no solo el gobernador Housni Aller y su antecesora Aury Guerrero Bowie eran supuestos responsables de concierto para delinquir, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La Fiscalía también acusó a los contratistas Hernán Moreno Pérez y Fernando León Diez como presuntos responsables de los sobornos.
Los dos contratistas fueron capturados en 2018 y la investigación en contra de Hernán Moreno Pérez fue por detrimento patrimonial y Fernando León recibió una acusación por un desfalco ocurrido en Armenia. En 2023, la Contraloría emitió un fallo por responsabilidad fiscal por las obras no ejecutadas en el colegio Antonio Santos y en 2024, el colegio sigue todavía sin una fecha de entrega.
La Contraloría, durante la gestión de Carlos Hernán Rodríguez, estaba muy pendiente de la Isla porque requiere una reconstrucción urgente desde el paso del huracán Iota en 2020 que dejó daño y destrucción en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y una vigilancia estricta de los recursos públicos utilizados en las diferentes obras.
