El caso del ministro Ricardo Bonilla encuentra eco en la historia reciente de Colombia, donde varios ministros han enfrentado cárcel por delitos relacionados con la corrupción.
El escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) comenzó el 6 de diciembre de 2023, cuando la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público rechazó seis de siete créditos por más de USD $1,000 millones. Ante esto, los ministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, junto con el asesor Jaime Ramírez Cobo, se reunieron para buscar una solución.
El 11 de diciembre, Bonilla transfirió $700,000 millones a la UNGRD, presuntamente para asegurar contratos como prebendas. Un día después, la Comisión aprobó cinco créditos adicionales, revelándose posteriormente chats que mostraban cómo los contratos fueron negociados con nombres ocultos.
En febrero de 2024, se denunciaron sobrecostos en la compra de carrotanques en La Guajira, y en marzo, la Fiscalía General de la Nación comenzó investigaciones, con confesiones de Olmedo López y Sneyder Pinilla sobre contratos por $20,000 millones desviados a campañas políticas.
En mayo, Gustavo Petro reconoció las irregularidades, mientras audios revelaron cómo se direccionaron los contratos. En julio, Petro pidió perdón por el caso, que provocó una crisis de gobernabilidad. Para noviembre, la asesora María Alejandra Benavides confirmó que los contratos requerían autorización de Ricardo Bonilla, y en diciembre, nuevos funcionarios comenzaron a confesar su implicación.
Un pasado que se repite
La historia política de Colombia está marcada por escándalos de corrupción que han dejado profundas cicatrices en la confianza pública. Uno de los más recordados es el de la Yidis Política en 2008, un caso que terminó con tres ministros en la cárcel.
A pesar de estar separados por más de una década, los escándalos de la Yidis Política y el de la UNGRD presentan patrones similares, aunque con diferencias importantes que reflejan una escalada en la magnitud de la corrupción y sus consecuencias.
En ambos casos, el objetivo principal fue garantizar apoyo político mediante prebendas. En 2008, el caso de la Yidis Política buscaba asegurar votos en el Congreso para la reelección del presidente Álvaro Uribe, mientras que, en 2023, el escándalo de la UNGRD giró en torno a la aprobación de créditos internacionales por parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
La naturaleza de las prebendas también refleja esta diferencia de escala. En el primer caso, las prebendas consistieron en la asignación de notarías a congresistas específicos como Yidis Medina y Teodolindo Avendaño. Estas dádivas, aunque inaceptables, eran limitadas en términos económicos e impacto en la reducción de la pobreza. En cambio, en el caso de la UNGRD, se utilizaron contratos multimillonarios como herramientas para influir en la decisión de los legisladores.
El caso en proceso
En cuanto a los implicados, ambos casos incluyen a ministros y directores de alto rango en el gobierno. En la Yidis Política, ministros como Sabas Pretelt y Diego Palacio fueron condenados y encarcelados. En el caso actual, figuras como el ministro Ricardo Bonilla y el director de la UNGRD Olmedo López están en el centro de las investigaciones, con confesiones clave que los vinculan al manejo indebido de recursos.
El caso de la UNGRD aún está en curso, y las autoridades enfrentan el desafío de responder con eficacia a un esquema de corrupción más amplio y complejo. La magnitud de las pruebas y el impacto económico hacen que este caso sea aún más trascendental para la lucha contra la corrupción en Colombia.
Bonilla: ¿Errores o Delitos?
Aunque Ricardo Bonilla insiste en que sus acciones fueron administrativas, la gravedad del caso UNGRD radica en las pruebas presentadas. A pesar de mostrarse como un funcionario que comete errores y no irregularidades, el presidente Petro le solicitó la renuncia para evitar que su posición pudiera influir en su defensa, la cual presentó el 4 de diciembre de 2024 en medio de las investigaciones por el escándalo de la UNGRD.
Si se demuestra que el ministro Ricardo Bonilla conocía o aprobaba estas irregularidades, su situación podría ser similar a la del pasado. La diferencia entre un error administrativo y un delito dependerá de si hubo intención dolosa o negligencia grave en sus decisiones.
La justicia y los implicados
La Yidis Política mandó a dos ministros a la cárcel condenados por cohecho. Falta ver cómo escala la justicia en las responsabilidades. Ya hay en este escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) varios funcionarios clave detenidos y colaborando con la justicia. Entre ellos, Olmedo López (exdirector) y Sneyder Pinilla (exsubdirector), los cuales están negociando principios de oportunidad.
Adicionalmente, están capturados los señores Luis Carlos Barreto Gantiva (exsubdirector), Pedro Andrés Rodríguez Melo (exasesor) y Édgar Eduardo Riveros Rey (abogado), quienes fueron capturados en septiembre de 2024 por su participación en contratos irregulares.
