A comienzos de mayo la Supersalud, en cabeza del médico barranquillero Ulahy Beltrán, tomó la decisión de intervenir Asmet Salud, EPS con 30 años de servicios y que atiende a 2,2 millones de afiliados del régimen subsidiado y contributivo con presencia en 12 departamentos con especial arraigo en el Cauca, de donde son casi medio millón de los afiliados.
Ulahy Beltrán fue uno de los primeros funcionarios en posesionarse del nuevo gobierno de Gustavo Petro. No habían pasado 15 días cuando el 22 de agosto ya los estaba posesionando la Ministra Corcho como superintendente gracias a sus dos eficaces padrinos, los cuestionados Euclides Torres y Armando Benedetti. Tenía tareas para hacer en el sector salud donde ambos tienen especiales intereses. La Superintendencia está copada con cuotas barranquilleras en cargos directivos, pero también de profesionales con distintos roles.
El exembajador en Caracas logró un premio mayor por parte del Presidente Petro con uno de los más influyentes y poderosos cargos en el entramado del sector de la salud que mueve millones y donde precisamente Euclides Torres –cabeza del llamado clan de Puerto Colombia- y viejo aliado de Benedetti, tiene intereses.
A través de la empresa Simetric maneja el mega negocio de los exámenes psicotécnicos y de salud obligatorios para quienes aspiran a trabajar en seguridad y vigilancia. Ulhay Beltran, a quien entronizaron con rapidez, tiene un pasado con lunares negros en su paso por el sector público del que Petro hizo caso omiso a la hora de nombrarlo por el gran compromiso que tenía con su entonces gran aliado Armando Benedetti y la ministra Carolina Corcho no tuvo alternativa distinta a obedecer.
Los argumentos de la Superintendencia para la intervención de Asmet salud EPS fueron justificados con las cifras que dejó un ejercicio financiero negativo del 2022, año en que perdió más de $ 39 mil millones. Gustavo Aguilar, uno de los fundadores y con 20 años como gerente fue el primero en quedar descabezado con la toma hostil del pasado 15 de mayo.
Ese día aterrizó en Popayán el agente interventor escogido a dedo, Luis Carlos Gómez Núñez, un abogado de la también barranquillera Universidad Simón Bolívar, cuya única credencial era haber gerenciado durante 15 años la firma P&G consultores del Atlántico. El superintendente Ulahy Beltrán lo trajo primero para desempeñarse como Delegado para la función jurisdiccional y de conciliación. Desde un primer momento el nombramiento se cuestionó por no haber considerado el banco de hojas de vida existente para interventores y liquidadores y se señaló una posible inhabilidad, puesto que renunció solo la víspera para envestirse de interventor cuando ha debido hacerlo con un año de anticipación.
El abogado Gómez llegó con la misión de materializar la resolución emitida por la Super tres días antes. Lo acompañaban cinco funcionarios, nuevamente todos barranquilleros, ajenos a la labor encomendada y a la región. Sentado en el sillón de gerente de Asmet actuó con premura.
El 30 de junio liquidaron 90 contratos vigentes con distintas IPS y con las empresas proveedoras de instrumental y medicamentos y exámenes de complejidad. Impusieron de manera casi express a un nuevo proveedor, a la también barranquillera empresa SyD –Suministros y Dotaciones Colombia- fundada y manejada por Oswaldo De La Rosa Ortiz, muy cercano a Ulahy Beltrán, al Grupo DAO Droguerías Alianza de Occidente y a Mennar Distribuidora de medicamentos, para nombrar solo dos antiguos suministradores de medicamentos. Forzaron a la IPS Mutual Salud que ya tenía contratos con Asmet Eps a establecer una Unión Temporal con la barranquillera Suministros y Dotaciones para inaugurar su entrada como contratistas de la Eps más grande del Cauca.
Los viajes a Barranquilla
Pero hay algo más complicado aún. Empezaron los viajes de proveedores que formaban parte de la cartera vencida de Asmet Salud EPS a Barranquilla a reuniones con abogados que ofrecían sus servicios de intermediación para agilizar el pago de las carteras vencidas por parte de la interventoría, gestión que tenía un precio proporcional al valor de la factura. Las fuentes decidieron reservar su identidad mientras las denuncias penales hacen su trámite en la justicia. El asunto ameritó una comunicación pública aclaratoria del abogado Luis Carlos Gómez.
En el tema laboral las denuncias por despidos o suspensión de contratos realizados con arbitrariedades e irregularidades se han multiplicados porque la actuación del interventor Luis Carlos Gómez en este terreno estuvo manchada por la arbitrariedad. Mientras despedía funcionarios aduciendo justa causa para no indemnizar, los también barranquilleros Giovanni Antonio Guzmán, vicepresidente de operaciones y Eddy Aguilar asesora, les estructuró unos contratos leoninos que soportaron sus retiros después de dos meses de trabajo, esos sí sin justa causa, por montos superiores a los $ 80 y $ 65 millones, respectivamente.
A Bettsy Aguas, que actuaba como secretaria general y jurídica, le hicieron la misma liquidación, llevándose en el bolsillo una indemnización superior a los $ 70 millones, sin completar ni dos meses de trabajo. Betty Díaz la vicepresidenta financiera, quien venía de trabajar también en la firma P&G consultores del Atlántico, se quedó en Popayán para, como dicen allí “protegerles la espalda a todos”.
Una renuncia veloz anticipándose al escándalo
Se advierte en Popayán que, en esta apresurada actuación de la Superintendencia, además de los perjuicios a los usuarios, se han perdido al menos 1000 puestos de trabajo entre los directos y los indirectos. Y para completar, en medio de este gran desorden y confusión de manera sorpresiva, en las vísperas del puente del 3 de julio el agente interventor Luis Carlos Gómez presentó su renuncia para hacerla efectiva el 6 de julio, aduciendo razones personales, aunque en el ambiente quedaron los cuestionamientos sobre su impedimento y la presunta retención de pagos a las IPS. Dejó el lío armado y regresó a su natal Barranquilla después de un efímero paso por Bogotá y Popayán.
Ulahy Beltrán se movió rápido para buscar un reemplazo y asegurarse que fuera de su rosca. Repitió el error con el médico (E) Rafael Joaquín Manjarrés, quien también formaba parte de su equipo directivo como vicepresidente de Salud e igualmente no es un nombre elegible para asumir el rol de interventor. Sabe mejor que nadie que está cumpliendo con un libreto, trabaja a puerta cerrada, no escucha a nadie, pero eso sí, cuando tiene que hacerlo recuerda que es de toda la confianza del superintendente, como ocurrió cuando se enteró de la reunión que derivó en esta comunicación por parte de los asociados de Asmet Salud Eps.
Además de este por parte de los empleados:
Para todos en Popayán está claro que de la Pretendida reorganización económica no ha quedado nada distinto a un verdadero caos de corrupción y favoritismo que compromete la atención en salud de 500 mil caucanos, muchos en el pobre sector rural de ese departamento.
Euclides Torres y Armando Benedetti, los aliados que movieron los hilos de la campaña de Gustavo Petro en Barranquilla, quienes estuvieron detrás de la estruendosa manifestación en la Plaza de la Paz en la que marcaron la apoteosis del Caribe que puede terminar enredando a los dos con la Fiscalía por la colaboración con la justicia de Nicolás Petro, nunca pensaron tener un Superintendente de bolsillo como lo lograron con el gobierno del cambio. Cambio en el que, por el pasado de ambos, y de Ulahy Beltrán, se sabe que es puro cuento oportunista porque claramente la prioridad está en los negocios.
