La pandemia ha puesto de relieve las deficiencias de la estructura económica mundial y de los Tratados de Libre Comercio. Colombia se inserta en la economía mundial con una especialización en la exportación de productos básicos sin valor agregado y su balanza comercial se deteriora permanentemente. En 2020 las exportaciones cayeron 21,4 %, la producción ni las exportaciones se diversifican. El desempleo y la informalidad que ya venían aumentando en los últimos años, se han acentuado. La pobreza se ha disparado junto con la inseguridad alimentaria y la desindustrialización.
Colombia pasó de tener un superávit comercial con la Unión Europea (UE) de USD 1.678 millones en 2013 a un déficit por USD 3.221 millones en 2019, una diferencia de USD 4.899 millones en favor de la UE ($ 13,7 billones). Si se tiene en cuenta el acumulado de las balanzas comerciales año a año de 2013 a 2020 el déficit acumulado por Colombia con la UE asciende a los $ 26,6 billones
En el caso de Estados Unidos los argumentos para suscribirlo eran que Colombia tendría acceso asegurado al mercado más grande y dinámico del mundo y que podría diversificar sus exportaciones pues sería un factor que estimularía el crecimiento dado que el mercado interno estaba agotado. Sin embargo, el resultado fue un enorme déficit comercial, que en 2020 llegó a USD 1.000 millones. Los TLC han significado una regresión en materia de diversificación y las exportaciones no crecieron ni siquiera al ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto: en lo que refiere a las importaciones, desde hace 20 años más del 80 % han sido productos manufacturados y los TLC no han cambiado eso. Al evaluar la balanza comercial entre ambos países, se puede observar que después de 2012, la balanza total se volvió deficitaria. Esto se explica por la reducción de la exportación de bienes básicos y el aumento del déficit de la balanza de productos agroindustriales.
La crisis ha revelado la necesidad de promover la provisión estatal de bienes públicos, el aprovechamiento de la producción local y otorgar derechos de la población, incluyendo el derecho a la salud y muchas de las estipulaciones de los tratados impiden la formulación de políticas en este sentido. La dependencia de las cadenas globales de suministro, que se han desarticulado, ha obligado a poner en practica políticas de compre nacional, utilizar los aranceles como herramienta selectiva de defensa de la producción nacional y garantizar canales adecuados para la comercialización de productos agrícolas. La industria sufre la ausencia de crédito y políticas de fomento que ya se habían abandonado antes de la pandemia y la capacidad del Estado de promover la industrialización se ha visto aún más restringida por los que en los TLC se califica como políticas anticompetitivas. El deterioro o cierre de los institutos de investigación han hecho depender de suministros y tecnologías que hubieran sido muy necesarios para combatir el virus.
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El Estado debilitado, sin normativas y recursos financieros que permitan subsidiar los sectores desfavorecidos o sectores estratégicos de la producción, ha tenido que improvisar
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Las estipulaciones sobre inversión incluidas en los Tratados no han aumentado la sofisticación y variedad de la oferta industrial la privatización de los servicios públicos, entre ellos los de salud y educación, pero también los de servicios públicos esenciales como los de acueducto, energía eléctrica y gas domiciliario ha socavado la capacidad del Estado de atender la población de forma centralizada y masiva en distintos sectores de servicios, mientras ha quedado claro que su gestión por la iniciativa privada y con ánimo de lucro atiende, en el mejor de los casos, a una parte de la población que tiene los recursos para adquirirlos. Por otro lado, no están cubiertos los millones de personas que pertenecen al sector informal o que están desempleados – y en los cuales ocupan un lugar prominente las mujeres, los pueblos originarios y los afrodescendientes –, que son justamente los más vulnerables en general, pero más aún durante la pandemia. El Estado debilitado, sin normativas y recursos financieros que permitan subsidiar los sectores desfavorecidos o sectores estratégicos de la producción, ha tenido que improvisar.
A esto se suma que la estructura tributaria dirigida a favorecer a los grandes inversionistas extranjeros ha debilitado la capacidad de recaudo del Estado. El enfoque está determinado en los TLC especialmente por los capítulos de inversión, dan toda clase de garantías a la inversión extranjera por sobre la nacional y desconoce el hecho de que, ante las limitaciones de los mercados internos, la lógica de estas inversiones está ligada a las variaciones del mercado internacional y no a las necesidades de la población. En estas condiciones, el Estado enfrenta déficits presupuestales, creciente endeudamiento y poco margen de acción para un fuerte incremento del gasto público. Además, en medio de la crisis se relajan y flexibilizan los controles ambientales y laborales para la inversión extranjera.
La parálisis de la OMC, el aumento del proteccionismo, las guerras comerciales, los cierres de fronteras, las restricciones a la movilidad, las gigantescas emisiones monetarias por parte de las principales potencias, están cambiando el rumbo de la economía mundial y llevan a replantear las reglas predominantes, dando más espacio a los proyectos de desarrollo nacional y reflejan que los TLC no pudieron conducir a los países en desarrollo por una senda de crecimiento y equidad.
