Lo que en otros países encendería las alarmas y generaría respuestas contundentes de todos los organismos del Estado y grupos políticos y sociales para emprender transformaciones significativas que enderecen el rumbo de la sociedad, en Colombia, a duras penas, amerita titulares que de inmediato son opacados por otros más sorprendentes, destacando escándalos, que sin que se enfríen, serán reemplazados por los peores que vienen.
Es como que si a la diarrea callejera de un indigente, expuesta sobre la acera, fermentándose al sol, le pusieran de postre un trozo de mortecina para “mejorarle” el aroma.
Basta con revisar noticias de la quincena y de la reaparecida revista digital CAMBIO, sobre comprometedoras revelaciones de Aida Merlano, acerca de vinculaciones de las familias Char, Gerlein y otras castas políticas de la costa Atlántica, en la financiación irregular de campañas para el Congreso y de candidaturas como las de Uribe, Santos y hace 4 años la de Duque, empañada por la compra de votos para la segunda vuelta en el episodio conocido como la ñeñepolítica.
Y de inmediato, saltar a la confesión en Caracol, de Andrés Vásquez, el asistente de Piedad Córdoba, sobre sus relaciones con las FARC, la manipulación con intenciones políticas de los secuestros de Ingrid Betancur, los pilotos gringos, más sus relaciones con Alex Saad para lavar dinero de contratos irregulares con cabecillas del régimen venezolano.
Y para darle dos tazas al que no quiere caldo sensacionalista, conocer por Blu radio y otros medios sobre la investigación adelantada por la Fiscalía, acerca de la vinculación, millonariamente remunerada, del excomandante general de las Fuerzas Armadas Leonardo Barrero, en 2015, excandidato a la gobernación del Cauca, por el Centro Democrático, conocido como “El Padrino" y otros coronales y oficiales activos y retirados poniendo el ejército al servicio de Matamba, jefe del clan del Golfo en Nariño, con el que unieron fuerzas para acabar con el grupo residual de “Sábalo” y así asegurar el monopolio de cultivos de coca, laboratorios para procesarla y rutas para sacarla por el Pacífico y abastecer a carteles mexicanos.
Es el resultado de la degradación de un conflicto, cuando las fuerzas militares, políticos y empresarios se aliaron con narcohacendados para, copiándole a la guerrilla, combatirla usando “todas las formas de lucha”, y en medio de masacres, además de apoderarse del negocio del narcotráfico, minería ilegal y extorsión, desplazaron poblaciones, les robaron tierras en complicidad con autoridades municipales, departamentales, notarios, registradores, etc.
Además pusieron al servicio de un partido de ultraderecha el DAS, la inteligencia militar, politizaron Ejército y Policía, se apoderaron de los organismos de inteligencia militar, control y contrapesos del Estado, importantes medios de comunicación y orientaron el presupuesto nacional y las políticas públicas a subsidiar y enriquecer a una minoría que se descaró en la corrupción tal como lo vienen demostrando al saquear todas las entidades del Estado, mediante contratos a dedo como el de los $70 000 millones del Mintic, creando más burocracia y raspando la olla presupuestal al violar la ley de garantías.
Es la configuración de un narcoestado y una “delitocracia”, como la bautizó el escritor Víctor Paz Otero, que con la política de hacer trizas el acuerdo de paz, cohonestada por el gobierno de Duque, cuando intentó en vano acabar con la JEP, y las fuerzas armadas dejaron prosperar toda clase de grupos armados al no copar territorios dejados por las desmovilizadas FARC, adecuándose el hábitat ideal para perpetuar la violencia, y en medio de la montonera, con descaradas justificaciones ideológicas de izquierda o derecha, entre todos, tirar la piedra y esconder la mano, repartiéndose el asesinato de líderes de comunidades indígenas, negras y campesinas, que estorban sus negocios del rentable por prohibido narcotráfico, y que a diario son asesinados por “fuerzas oscuras”, que en los comunicados oficiales sólo les achacan a las disidencias.
Es el fracaso de la “Seguridad Democrática” que 20 años después no es ni seguridad ni democrática, y que en departamentos sufridos como el Cauca, después de cerca de un año de paz, revivió asesinatos y ataques a cuarteles con bombas en poblaciones como Caloto, Corinto, Toribio, Jambaló, Caldono, Buenos Aires, etc.
Es la hora de cambiar el Congreso y para la presidencia apoyar a un presidente: de la Coalición de la Esperanza o del Pacto Histórico, que busque otros rumbos al del Estado mafioso con careta democrática que convirtió a Colombia en una diarrea de indigente, sobre la acera pudriéndose al sol y coronada por un trozo de mortecina para “adobarle” el aroma.
