Sus cabezas y troncos fueron hallados dentro de una caneca. El principal sospechoso admitió que las descuartizó pero dice que no tuvo nada que ver con sus muertes.
Lo ocurrido en Medellín hace 5 años y presentado el 28 de septiembre por el programa Séptimo Día del canal Caracol titulado “Borrando la evidencia” demuestra que en nuestro país la justicia no mira a los pobres con el mismo peso de igualdad que a un famoso o a uno con una posición prestante. Es una vergüenza de los operarios judiciales que un asesino admita su delito y se le premie con la libertad, con la firme convicción de que pueda actuar nuevamente con la sevicia, la precaución y el respaldo de cometer un crimen sin ser castigado.
La historia ocurrió el día 4 de marzo de 2009 cuando la capital de Antioquia despertó con la desgarradora noticia del asesinato de dos mujeres jóvenes de 17 años de edad, habitantes del barrio Enciso que habían salido de sus casas para una fiesta, días después fueron halladas dentro de una caneca sellada con cemento por el asesino quien con la sevicia de un criminal, desmembró los cuerpos con la intención de hacerlas desaparecer.
El homicidio ocurrió en el barrio Boston. Las víctimas Cindy Lorena Giraldo Correa y María Caterine Ochoa Patiño. El homicida Sergio Hurtado Arango de 36 años para ese entonces era una persona muy cercana a una de las víctimas que se tomó tres días para descuartizar, en la penumbra de su casa, a las menores, tal vez con la complacencia del individuo que las autoridades encontraron en su casa y que la justicia dejó también en libertad.
Los cuerpos fueron hallados por advertencia de la ciudadanía del barrio Boston, la cual no toleraba el fétido olor que emanaba de la casa, la policía llegó al lugar donde encontraron a un hombre de 66 años, padre de Hurtado, y la caneca sellada con cemento, el hombre fue detenido, sin embargo el fiscal del caso no validó la detención por considérala ilegal. En el relato de las autoridades aseguran que tocaron la puerta, pero un hombre la trancó, mientras su hijo escapaba por los tejados. ¡Qué más evidencia si huye!
Los funcionarios que asistieron a la diligencia no tenían una orden de allanamiento, asunto que fue aprovechado por Sergio para fugarse por una tapia. Y ahí comenzó una cadena de errores y de vacíos del sistema judicial, que cinco años después han hecho que el caso brille en el altar de los procesos que están impunes en Colombia.
La razón es que, tal cual expuso una forense de Medicina Legal, no fue posible determinar si las víctimas fueron asesinadas. Ya que Hurtado Arango confesó que habían muerto por sobredosis, pero entonces, ¿por qué las cubrió con cal y cemento? ¿Acaso ese mismo interrogante no se lo pudieron hacer el fiscal encargado del caso y los jueces? La causa de la muerte ha quedado por establecerse en estos 5 años que no se ha hecho por parte de Medina Legal la exhumación de los cadáveres para determinar las verdaderas causas, por lo cual el ente acusador no ha podido expedir la orden de captura por homicidio, y lo que es aún más grave, que Hurtado Arango a la hora de la emisión del programa se encontraba en Montería según seguimiento de la Fiscalía, ya se tuvo que volar como ocurre con los responsables que cometen delitos en el país y alegan que no tienen garantías.
Lo más aberrante de este caso es que las madres de las víctimas dan la batalla jurídica con tutelas para que su caso pueda tener dignidad por parte de la justicia, al mismo interés como se aceleran otros como el caso Colmenares que ha tenido eco tanto en los medios como en la Fiscalía.
Solo hasta julio del 2013 que hubo cambio de fiscal, como consecuencia de las denuncias de la Secretaría de la Mujer de Medellín que apuntaban a una posible dilación del proceso Hurtado Arango fue culpado por ocultamiento de pruebas que oscila una pena de 6 años pero como aceptó cargos obtuvo una rebaja del 50 por ciento lo que determinó que el juez le diera casa por cárcel y una multa de 700 mil pesos, para él Hurtado Arango no representa un peligro hasta el momento en que vuelva a cometer otro crimen. El día del hallazgo de los cuerpos, la Policía encontró en la casa de Sergio material pornográfico con menores de edad.
En Colombia no es delito desmembrar un cuerpo, se conoce el de Irrespeto a cadáver (artículo 204 del Código Penal), que al menos genera una multa al infractor. ¿Será por esto que los paramilitares se aprovecharon de la debilidad de la justicia y cometieron toda su carnicería humana?
¡Pero es que acaso se necesitaban más pruebas que encontrar los cuerpos en la casa de un individuo que confiesa haberlas descuartizado? ¿Qué más evidencia si huye? Donde todo se relaciona a un mismo patrón de comportamiento, pero la justicia pone más en duda la reputación de las menores que la de su victimario, donde queda demostrado que la impunidad muchas veces no se debe por la falta de recursos hacia el aparato investigativo y de jueces sino a una voluntad de aplicar la justicia sin discriminar, sin atentar contra el derecho que tiene la víctima de una justicia, porque aunque sean pobres, donde el entierro de una de las jóvenes fue donado por una funeraria, pues la familia no tenía la plata, no les da el derecho a pisotear e irrespetar aún más su memoria con la inoperancia del aparato judicial colombiano manteniendo a un sádico en libertad.
Razón tiene una de las madres cuando asegura en una conclusión dolorosa: “¿Dónde está la dignidad humana de mi hija y de María Caterine? Ellas no eran unas cosas, como se refirió un abogado en el juicio. Ningún ser humano, ninguno, tiene por qué recibir ese trato”.
