El pasado 24 de noviembre de 2016 se firmaron en Bogotá, Colombia, por segunda vez los acuerdos de paz, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep), acuerdos burlados e incumplidos.
Las venturas y desventuras de los acuerdos de La Habana tuvieron su primer gran desafío cuando el gobierno de Santos los sometió a un plebiscito el 2 de octubre de 2016, sin que las Farc-Ep participara en dicho referendo, pero sin poner obstáculo a su ejecución.
Los acuerdos firmados por el presidente y el comandante en jefe de las Farc-Ep en Cartagena de India tuvieron un importante respaldo nacional e internacional. A la firma de dichos acuerdos asistieron numerosos jefes de Estado, representantes del Secretario General de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, personalidades políticas, de la academia, prominentes intelectuales nacionales e internacionales y del movimiento social colombiano y de la región.
El plebiscito del 2 de octubre y la votación no era vinculante porque no era un acuerdo de la Mesa de Diálogo de La Habana. En consecuencia, la delegación de las Farc se negó aceptar ese mecanismo, pues no le daba garantía de convertir los acuerdos en una política de Estado y blindar el proceso. Sin embargo, no se opuso a que los acuerdos se sometieran al escrutinio del plebiscito, aceptando los argumentos de la delegación gubernamental, que el triunfo del sí estaba garantizado, pues nadie votaría en contra de la paz. Ocurrió todo lo contrario y allí estuvo presente la desventura de lo que vendría después.
La delegación guerrillera en la Mesa de Diálogo de la Habana proponía que los acuerdos a que arribaran se sometieran a una Asamblea Nacional Constituyente Corporativa, lo cual daba un respaldo popular y democrático y blindaba el proceso de paz, pues lo convertían en una política de Estado y no un plebiscito que era una iniciativa de gobierno. El error fue no haber luchado por esta propuesta a la que se negaba el gobierno y ceder a las garantías que decía la delegación gubernamental que tendrían los acuerdos con ese plebiscito.
En definitiva, el gobierno hizo muy poco a favor de la campaña por el sí, mientras que la campaña mediática por él no crecía, bajo la falsa propaganda que sembraba la idea de que si triunfaba el sí, la guerrilla podrían asumir el gobierno y el “castrochavismo” impondría un gobierno dictatorial como el de Venezuela.
El no se impuso y fue a partir de esa “derrota táctica” del gobierno que el Congreso pasó a jugar un papel en la revisión de los acuerdos, luego de las diversas modificaciones, supresiones y propuestas a las que fueron sometidos, en detrimento del acuerdo original. El Congreso Nacional y la Corte Constitucional lo aprobaron y dieron lugar a la conformación de la Comisión de Implementación de los Acuerdos de Paz con la participación de las partes.
Es precisamente en el ejercicio del trabajo de dicha Comisión donde se han estancado e incumplido los acuerdos, no solo aprobados por las partes (gobierno y Farc-Ep), también por el Congreso y la Corte Constitucional.
La implementación no solo se ha incumplido en más de un 80 por ciento, sino que además se han modificado temas que tienen que ver con uno de los acuerdos más importantes, referidos a la Justicia Especial de Paz (JEP): esta se acordó para todas las partes involucradas en el conflicto social y político armado y no solo para juzgar a los guerrilleros y dejar por fuera a los terceros que son civiles o agentes del Estado no pertenecientes a las Fuerzas Militares. Mientras que la modificación planteada a la JEP de crear una sala especial para los uniformados será para entregárselo a la Corte Penal Internacional o buscar los mayores beneficios para ellos y de esa manera continuará en Colombia la impunidad.
Las víctima del conflicto armado son los más afectados con las modificaciones jurisprudenciales presentadas por el Fiscal General de la República, porque está probado que el 70 por ciento de los crímenes cometidos en Colombia, lo han realizado los paramilitares, se calculan en 100.000 mil, los muertos y desaparecidos por estas bandas en los últimos 20 años según informe en libro publicado sobre la memoria histórica. Mientras que las 16 curules que debían ser ocupadas en el Congreso por los representantes de las víctimas fue uno de los acuerdos desaprobado por el parlamento.
La ley de amnistía no se ha cumplido tal y como lo había aprobado el Congreso y la Corte Constitucional, hoy aún guardan prisión unos 600 guerrilleros. Cinco años después de lograr el primer acuerdo parcial sobre el punto de agenda, el de Tierras, no hay ni titulación, ni el fondo de los 3 millones de hectáreas que debían ser entregadas a los que no la tienen.
La sustitución de cultivo ilícito no se ha implementado, porque el Fiscal no permite el tratamiento diferencial para los campesinos cultivadores pobres y porque no hay proyectos económicos alternativos. Pero sin embargo el gobierno de Iván Duque amenaza permitir la fumigación aérea, un nuevo “Plan Colombia” que provocará una severa amenaza a la salud de miles de campesinos y continuarán matando la fauna y la flora colombiana.
El Congreso anterior hundió la reforma política y las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz. Mientras que ni el gobierno de Santos ni el actual han cumplido con darle seguridad y garantías a los desmovilizados de las Farc, por el contrario más de 80 guerrilleros desmovilizados han sido asesinados y ya se acerca a la cifra de 500 dirigentes comunitarios y sociales asesinados en solo estos dos años de firmado el acuerdo de paz.
El gobierno colombiano no ha tomado en cuenta que las Farc-Ep cumplieron fielmente con la entrega de las armas y la concentración de sus fuerzas, un grave error de los jefes de las Farc-Ep al no acordar y garantizar los términos de la reincorporación económica y social de los guerrilleros.
El tema es tan grave que lejos de dar estas garantías, han desarrollado algunas acciones contra líderes guerrilleros como el evidente montaje de Estados Unidos y la Fiscalía contra el comandante Jesús Santrich, sobre el cual no han podido presentar ninguna prueba, violando las normas jurídicas colombianas que lo mantienen en prisión. Este solo hecho puede provocar “la absoluta ruptura del proceso de paz”, según ha comentado en carta el pasado 17 de noviembre a Santrich el comandante Iván Márquez y nueve comandantes guerrilleros más firmantes de dicha misiva.
Por último, en la carta de Iván Márquez, este señala que el actual gobierno debe tomar nota: “los acuerdos que fueron firmados tienen el respaldo del Artículo 3 de los Convenios de Ginebra y que ostenta el mismo rango de documento oficial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A lo que hay que añadir que la Corte Constitucional estableció clara y categóricamente que los acuerdo de paz no podrían ser modificados por los próximos tres gobiernos. Finalmente, sin eufemismos y en lenguaje franco, lo esencial del acuerdo de paz de La Habana ha sido traicionado”.
Esperemos en beneficio del pueblo colombiano que el actual gobierno actúe con la sensatez necesaria para corregir lo señalado por las Farc, hoy convertidos en un partido político, y que el presidente demuestre lo que prometió en su posesión.
