Para poder entender el presente y crear el futuro tenemos que mirar el pasado. En el año 1964 se gestó un paro cívico en Buenaventura bajo el liderazgo de Monseñor Gerardo Valencia Cano, “El Hermano Mayor” (QEPD).
Este paro cívico dio como resultado el Plan de Desarrollo que ejecutaría la CVC. Sin embargo, también tuvo sus desmanes como la destrucción de la Aduana y situaciones históricas como cuando Monseñor se puso al frente de la Turba y evitó que les dispararan.
Este Plan de Desarrollo comenzó su ejecución 11 años después y trajo para la ciudad importantes obras como los núcleos escolares, la construcción de la autopista Simón Bolívar, la plaza de Mercado de Bellavista y Pueblo nuevo, sectores de viviendas como la Transformación, Muelle maderero, Terminal de Transportes, la construcción de central hidroeléctrica “Alto Anchicayá” y la primera ampliación del puente del Piñal. La inversión total alcanzó cerca de 150 millones de dólares de la época. Pero no se cumplió la total ejecución de las obras pues quedo pendiente el Muelle de Cabotaje , el Complejo Pesquero (hoy TCBUEN) y quedaron cortas las obras para un completo funcionamiento del servicios de acueducto, el cual después de más de solo una década estaba siendo superado por el incremento desmesurado de la población.
Hace casi 4 años, el Gobierno Nacional, después de una multitudinaria marcha y plantón de comerciantes, diseñó un Plan de Choque. Aunque su creación abarcaba 32 promesas por diferentes entidades del Estado, muchas de ellas no se han terminado y otras no cumplieron la expectativa dejando solo decepción, incredulidad y rabia en la población.
Las peticiones de la mesa dicen que “ante tal gravedad solo con la declaración de emergencia, se pueden establecer las medidas jurídicas, administrativas y económicas urgentes que hagan posible las soluciones de fondo para los problemas estructurales que impiden la vida digna para el conjunto de las y los bonaverenses, en coherencia, una vez dada la declaratoria de emergencia por parte del gobierno nacional, se habilitarían los escenarios de negociación y establecimiento de compromisos concretos con el gobierno en torno a los siguientes ejes temáticos estructurales":
- Cobertura en prevención y atención en salud de baja, media y alta complejidad y medicina tradicional.
- Recuperación y conservación de cuencas y otros ecosistemas estratégicos degradados.
- Cobertura, calidad y pertinencia de la educación básica, media, técnica y universitaria.
- Fortalecimiento y promoción masiva de las prácticas culturales, recreativas y deportivas.
- Saneamiento básico e Infraestructura y operación pública y comunitaria de los servicios públicos domiciliarios.
- Acceso a la justicia y reparación a las victimas individuales y colectivas.
- Ordenamiento del territorio, como hábitat para la vida y el bienestar colectivo, con reparación y nuevas viviendas para las familias.
- Fortalecimiento de la producción local y regional y otras medidas económicas, jurídicas y políticas que garanticen la generación de empleos dignos y los ingresos requeridos por las familias.
Como sabemos, estas medidas solo pueden emplearse por un tiempo máximo de 90 días y dejarán de regir al terminar la siguiente vigencia fiscal y/o al cambiar el gobierno. En consecuencia, no son las indicadas si estamos pensando en una solución de fondo. Por otro lado, hemos tenido diferentes CONPES, más de ocho desde 1992, que aunque han sido específicos tampoco se han implementado.
La propuesta sería volver permanente el “Plan Todos Somos Pacífico”, manteniendo en el fondo de este recursos continuos que no dependan del gobierno de turno. Estos recursos pueden provenir de los que pagan como contraprestación los terminales marítimos del distrito de Buenaventura, los cuales deberían volver en parte como inversión en los diferentes tópicos planteados. También se puede usar el impuesto predial que paga el Ministerio de Transporte por cada uno de los terminales. Estos dineros invertidos permanentemente en la zona urbana como en la rural de Buenaventura pueden asegurar la solución de la problemática social del principal puerto de Colombia
El pueblo ha perdido la confianza y credibilidad a nivel distrital, departamental y nacional. Para recuperarla se necesita la implementación de políticas económicas y sociales que deberán aplicar no solo la administración distrital de turno, sino que tienen que continuar en el tiempo.
¿Quién generaría esa confianza? Sería una especie de comisión de política económica y social, con participación del sector empresarial, Consejo Distrital, Administración Distrital, Congreso, Gobernación del Valle y diferentes representantes de las fuerzas sociales cuyos miembros además deberán ser de las mayores calidades.
En el diálogo con el Gobierno Nacional, la mesa del paro cívico tiene una gran oportunidad y responsabilidad. Ahora se requiere visión para obtener resultados que nos permitan el “punto de quiebre” para avanzar decididamente hacia la Buenaventura que queremos y merecemos.
