Para todos es conocido que la multinacional Quala es propietaria de algunas de las marcas más vendidas y conocidas en el mercado nacional y latinoamericano. De hecho, el prestigio de la compañía está confirmado con los reconocimientos que ha ganado, entre los cuales se destacan, entre otros, varias distinciones otorgadas por Great Place to Work como mejor empresa para trabajar en Colombia, y mejor empresa para trabajar en Latinoamérica; cinco premios a producto del año en 2012; Orden al Mérito Comercial otorgada por la Presidencia de la República en el año 2010; y el Premio Effie de Oro a su Campaña Publicitaria Vive 100 en el año 2013.
Es precisamente sobre Vive 100 que me quiero manifestar en el presente artículo. Es de público conocimiento que uno de los pilares de la comercialización de este producto se encuentra en su venta en las calles, andenes y semáforos en las principales ciudades del país. De hecho, creo que ninguno de los que aquí leemos somos ajenos a la imagen de los vendedores con el uniforme verde y negro y la nevera cilíndrica de igual color, ofreciendo la popular bebida energética en algún semáforo, parque o calle.
Lo que resulta sorprendente es ver que muchos de esos vendedores son personas de la tercera edad, o trabajadores menores de edad que, sin contar con los beneficios propios de un empleo formal, comercializan los productos de Quala como Vive 100, Bon Ice o Popetas, en las calles de su ciudad, con el fin de obtener un porcentaje por la venta de cada uno de dichos productos.
Entiendo que empresas como Quala comercializan sus productos principalmente a través de sus distribuidores, que se encargan a su vez de contratar o subcontratar a los vendedores que finalmente acercarán el producto a su consumidor final; sin embargo, dado que dichos vendedores utilizan uniformes con la imagen y los colores de los productos de Quala, ¿no valdría la pena que dentro del marco de su política de responsabilidad social empresarial la empresa buscara que sus distribuidores garanticen a los vendedores las condiciones mínimas de trabajo y seguridad social a estas personas?
No se puede dejar de lado que la Constitución Política y nuestras normas laborales otorgan un grado de especial protección a las personas de la tercera edad y los menores, protección que en este caso no se da, con la complicidad o consentimiento implícito de Quala al permitir este tipo de prácticas.
Sería bueno que la empresa pusiera en conocimiento de la opinión pública cuáles son las condiciones bajo las cuales contrata la distribución de sus productos y tome un papel activo en la garantía de los derechos de las personas que, en últimas, permiten a los consumidores tener acceso a esos productos que tantos galardones le han otorgado a Quala.
