La política fiscal es una rama de la política económica que diseña el presupuesto del Estado y cuyos principales componentes son el gasto público y los impuestos. En pocas palabras, si lo comparamos con nuestra pequeña hacienda familiar, tendríamos que preguntarnos: ¿cuáles son los ingresos por concepto de trabajo o renta (que en el caso del Estado serían los impuestos)? y ¿cuáles son nuestros gastos (es decir, el dinero que destinamos para el pago del arriendo, alimentación, recreación, etcétera (lo que sería para el Estado el gasto público)?
Desde esa perspectiva, si gastamos más de lo que nos ingresa tendremos un déficit y si nuestros ingresos son mayores que los gastos tendremos un superávit; así mismo pasa con el Estado, es decir, si este quiere mejorar su déficit debe incrementar sus ingresos y la forma más común de hacerlo es aumentando o creando nuevos impuestos, mejorando el recaudo, solicitando créditos o préstamos externos, etc. En consecuencia, cualquier decisión nos afecta directamente, porque somos quienes pagamos los impuestos.
Ahora bien, el Marco Fiscal de Mediano Plazo, según el Ministerio de Hacienda es: “Un documento que enfatiza en los resultados y propósitos de la política fiscal. Allí se hace un recuento general de los hechos más importantes en materia de comportamiento de la actividad económica y fiscal del país en el año anterior. Presenta las estimaciones para el año que cursa y para las diez vigencias siguientes y muestra la consistencia de las cifras presupuestales con la meta de superávit primario y endeudamiento público y, en general, con las previsiones macroeconómicas”.
Con eso claro, en la actualidad y frente a la actual crisis sanitaria, el gobierno de Iván Duque Márquez creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) con el objetivo de “atender las necesidades de recursos para la atención en salud, los adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento”. Este cuenta con 25,5 billones de pesos, alrededor de 6.846 millones de dólares, según la investigación realizada por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, publicada en su informe #11 de 2020.
Sin embargo, en la página del Ministerio de Hacienda aparecen 25,6 billones de pesos. Aquí encontramos una diferencia de 100.000 millones de pesos, que equivalen a 27,4 millones de dólares. Pero eso no es todo, en una declaración el viceministro de Hacienda señaló que se han invertido 30 billones de pesos y luego el presidente Duque afirmó, y así lo corrobora la misma página web de la presidencia, que se están invirtiendo 117,2 billones de pesos para atender la emergencia económica causada por el coronavirus, de los cuales 60 billones son para respaldo a créditos (es decir, si la gente incumple sus obligaciones bancarias, el gobierno pagará a las entidades financieras).
El total de esos recursos, de los que tanto ha hablado el presidente Duque y su ministro Carrasquilla, correspondientes al 11% del Producto Interno Bruto, no es otra cosa que la riqueza que producen todos los colombianos que están económicamente activos.
De esos 30 billones, 7,1 billones se han destinado a la atención en salud, pero cabe recalcar que según las resoluciones oficiales al Instituto Nacional de Salud (INS) y al Ministerio de Salud fueron solo 0,4 billones. Además, se destinaron 4,7 billones a la atención humanitaria; 18 billones a la actividad económica y $0,4 billones al fortalecimiento del sector financiero. Frente a estas realidades por las que transita el país, en este momento no existe ningún tipo de información ni plataforma que nos indique dónde se gastaron los recursos.
Entonces, cómo saber dónde se encuentran los tan publicitados recursos de los que tanto habla no solo Duque ni Carrasquilla, sino los integrantes de la coalición de gobierno, donde se encuentra una amalgama ideológica sui generis, en la que ninguno se siente incómodo por sus creencias y en la que el pragmatismo los lleva a negociar su voto en el Congreso por la tan anhelada burocracia del Estado, con la que aceitan la maquinaria política que se prepara para una nueva contienda electoral.
Pues toca buscar en los diferentes documentos legislativos para rastrear a dónde van realmente los recursos de estos fondos. En esa labor realizada por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana se encontró que los traslados presupuestales (que no es más que sacar dinero de una cuenta y ponerla en otra cuenta diferente) fueron por $3,9 billones.
Y si indagamos más a fondo y nos remitimos al portal de Transparencia, este nos indica que se han realizado 3.711 contratos por un valor de $2,7 billones y el resto aún no se sabe en qué se han ejecutado, señala el documento de la Javeriana, y agrega que el Ministerio de Hacienda ejecutó $2,2 billones que no fueron transferidos al FOME.
Por lo que si sumamos los $3,9 billones más los 2,2 tendríamos que se han destinado (no gastados) a la emergencia $6,1 billones. Ahora bien, de los $3,9 billones, solo $1,9 billones no se sabe para qué fueron destinados, porque solo dice que fueron orientados a “necesidades presentadas” y “fortalecimiento” de las entidades que los reciben.
Igualmente, los 4,1 billones del gasto de emergencia fueron reportados, como lo dice el informe del Observatorio Fiscal, con un nivel de precisión aceptable, lo que quiere decir que $21,5 billones del FOME no se dice en qué se los gastaron o en qué los planean gastar.
Wilson Arias Castillo indicó a través de Twitter el 28 de junio que de 29 billones del presupuesto para atender la pandemia, Duque solo ha ejecutado $3,6 billones y de esos $2,3 billones han ido a los bancos, o sea solo $1,3 billones fueron a parar a la atención social.
También, el senador manifiestó que el dinero se destinó en su mayoría para entregárselo a los bancos; este hecho llama la atención, porque la historia indica que todos los desastres mundiales de la economía son producidos por el sector financiero. Un ejemplo de ello es la crisis del 2008, donde la Reserva Federal de Estados Unidos (FED por sus siglas en inglés) salió al rescate inyectando dinero a las entidades bancarias.
La “burbuja económica” se presentó por las llamadas hipotecas subprime, que no eran más que una especie de título valor con el que respaldaban las hipotecas. El asunto empezó cuando a alguien se le dio por ver qué había detrás de eso y cuál era su respaldo, y solo encontró que este eran casas viejas, que si se vendían no alcanzaban para cobrarse el valor que se había pagado por dicho título. En definitiva, y hablando a “calzón quitado”, era una estafa, que fue premiada por el gobierno norteamericano cuando los rescató.
Retornando al panorama nacioal, a principios de agosto la Corte Constitucional “tumbó” el impuesto solidario, que buscaba que funcionarios públicos, contratistas del Estado y pensionados que ganaran más de 10 millones pagaran un tributo; es de anotar que, según el observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, estos recursos que se estimaba recaudar eran del orden de los 297.000 millones y solo representan el 1% del presupuesto del FOME.
En definitiva, lo que vemos es que hay cifras que se mencionan, se disponen y no se sabe en qué se gastan. Así mismo, que aparecen rubros “fantasmas”, lo que configura una especie de caja negra. Y sumado a eso, las cifras no cuadran, porque una cosa dicen los funcionarios, el máximo ejecutivo nacional y otra es lo que se puede verificar. Por lo tanto, presidente Iván Duque Márquez, los colombianos esperamos saber en realidad y con cifras demostrables cuánto y en qué han sido gastados los recursos económicos que se han destinado para atender la crisis derivada de la pandemia del coronavirus.
