Las noticias sobre las próximas elecciones no pueden ser peores. El Gobierno tiene razón en afirmar que pueden ser las menos violentas de los últimos años porque probablemente se refiere a que la guerrilla no ha amenazado este proceso electoral. Pero lo que sucede es que el problema no es ese precisamente sino la calidad de los candidatos, el valor de las campañas y lo que se prevé en torno a la feria futura de recursos públicos en manos de particulares por el pago que los elegidos tendrán que hacer a sus financiadores.
Las noticias diarias sobre estos temas son realmente aterradoras y sinceramente no se siente que la autoridad responsable del proceso electoral en Colombia se manifieste ni actúe en consecuencia. Tampoco el Gobierno que sigue teniéndole miedo al poder de los políticos regionales y a esos simulacros de partidos políticos que tenemos. Solo así se entiende que en vez de prender luces rojas transmita partes de tranquilidad. Pero, como dice el adagio popular, tranquilidad viene de tranca y de eso no se ve lo suficiente por parte de las autoridades gubernamentales.
Cuatro departamentos de la Región Caribe están realizando campañas para sus gobernaciones que puedan superar los 5 millones de dólares: según León Valencia, Valle del Cauca, La Guajira, Bolívar, Córdoba y Sucre se caracterizan por las grandes cantidades de dinero que sus respectivos candidatos a dirigir sus gobernaciones están gastando. Y lo del Valle lo sabíamos, pero Dilian Francisca tiene el aval de muchos cacaos vallecaucanos, ¿que tal? Más aún, agrega León Valencia "(…) como un caso sorprendente en Sucre, uno de los departamentos más pequeños del país, con sólo 23 municipios, las campañas políticas sean las más costosas del país”. Prepárense entonces para ver uno de los mayores saqueos al erario público en esta parte del país. Difícil entender cómo el Gobierno no está literalmente dando alaridos.
Pero hay mucho más. El Espectador titula "Ilegalidad en las elecciones" y afirma que 152 candidatos para los comicios del 25 de octubre tienen presuntos vínculos con la ilegalidad: 21 departamentos de los 32 existentes, es decir 2/3, tienen entre sus postulantes a alcaldías, gobernaciones, asambleas departamentales y concejos municipales, personajes con peligrosos antecedentes. Los más numerosos se encuentran en Sucre, Antioquia, Magdalena, Santander, Valle del Cauca, Bolívar y Cesar. Y es en las alcaldías donde se identifican los mayores casos. Le siguen los concejos que empatan con las gobernaciones. La buena noticia es que Chocó solo tiene un candidato cuestionado pero es nada menos que uno de los que aspiran a la gobernación de este departamento, saqueado permanentemente por muchos de sus líderes. Pero además el Nuevo Siglo habla de 152 aspirantes vinculados a las Bacrim, es decir son herederos de la parapolítica. ¿Serán los mismos?
¿Dónde están los buenos? Y la respuesta al mirar los partidos políticos analizados por el MOED y la Fundación para la Paz, es gravísima. No se salva ninguno ni viejo ni nuevo. De acuerdo con sus balances: es la U el que tiene más candidatos revocados de los 1020 que retiró el Consejo Electoral; le siguen la Alianza Verde y Opción Ciudadana con 111 cada uno. Los verdes, donde hay personas muy valiosas entre las pocas que actúan hoy en el Congreso de la República. Se repite el hecho de que unas pocas golondrinas no hacen verano. Pero los buenos tampoco son la mayoría entre postulantes de organizaciones ciudadanas entre las que se encuentran 33 candidatos revocados.
Claro que hay buenos, pero con excepción de Bogotá y otras ciudades grandes, no se conocen porque la prensa está dedicada a mostrar los malos, lo cual es saludable. Sin embargo, por el bien de la democracia colombiana —si es que queda algo después las elecciones— es hora de destacar los candidatos buenos para orientar por lo positivo a los despistados votantes colombianos que aún no hayan vendido su voto y de paso su conciencia a esta manada de personajes cuestionables que pululan para las elecciones del 25 de octubre.
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