Muchos de los derechos de los colombianos han sido acechados desde la década de los noventa por el fantasma de la privatización. Este logró de alguna forma someter a las leyes del mercado los servicios públicos, las pensiones e inclusive, la salud. Así pues, dicho espectro ha venido persiguiendo a la educación superior durante más de 20 años. Sin embargo, el amplio respaldo social que tienen las universidades públicas ha permitido su sobrevivencia tras dos décadas de asfixia financiera. Pese a ello, es innegable que al lado de la educación pública coexiste un aparato educativo privado que concentra la mayoría de la cobertura en el país.
La educación superior en Colombia, en términos generales, se puede financiar de dos maneras diferentes. Por un lado, a través de recursos públicos provenientes del Estado, y por otro, mediante dinero del sector privado. En el primer caso, los recursos pueden ser destinados a la oferta educativa, es decir, dirigidos directamente a las universidades de carácter estatal por medio de transferencias. También, pueden ser destinados a la demanda, lo que se traduce en dirigir los recursos a los estudiantes a través de créditos educativos, becas o subsidios.
El principal argumento expuesto por los partidarios de fomentar la participación del capital privado en la educación superior es esencialmente el mismo que el expresado durante el proceso de mercantilización de los otros sectores. Fundamentalmente dicen que el mercado resulta más “eficiente” que el Estado en la asignación de recursos, retórica que ha calado en un país donde la clase política y los funcionarios sienten muy poco aprecio por lo público. Sin embargo, si bien el Estado colombiano fracasó en el siglo XX en resolver las necesidades de las personas (en aspectos como los servicios públicos y la salud), también es cierto que el mercado no lo ha hecho mejor.
Es importante poder precisar que la educación no se comporta como la mayoría de las mercancías. Los bienes que se producen generalmente cuentan con una estructura de costos que se reduce en la medida que las cantidades producidas se incrementan. Por ejemplo, el costo unitario de producir un par de carros es mucho más alto que el de producir 200 automóviles, es decir, en la medida en que se incrementa la producción resulta más barato producir. La educación funciona con una lógica inversa. Mientras mayor es la cobertura, los costos por estudiante resultan más elevados, porque la ampliación de cupos implica además la expansión física de las aulas, el equipamiento de nuevos pupitres, aumento de planta docente, entre otras cosas.
Además, la tecnología tiene un efecto inverso en la estructura de costos de la educación. Mientras que en una factoría la tecnología tiende a disminuir los costos de producción de las mercancías, en la educación el progreso tecnológico incrementa cada día los costos de conectividad, equipos y softwares. Por ello, podemos afirmar a simple vista que la educación no es un negocio atractivo para los empresarios.
El alto costo de ofertar educación superior es el que genera que en las instituciones que funcionan a partir de dineros privados los precios de las matriculas sean elevados, al punto que solo son posibles de costear para las familias con un alto nivel de renta. Todo ello implica que se reduzca significativamente el mercado de estas instituciones. Entonces, ¿cómo es posible ampliar este mercado a las personas con rentas bajas?
El principal modelo que ha logrado masificar la educación superior privada se basa en la ampliación del crédito educativo, el cual permite que los estudiantes de menores ingresos accedan a la educación con elevados costos de matrícula. Bajo este, se consiguen importantes márgenes de rentabilidad a través de las tasas de interés vigentes en el mercado, lo cual deja ver que el negocio no está en la cobertura, sino en la porción de la misma que se encuentra vinculada a través del sector financiero. Este modelo de financiación (de amplia difusión en los Estados Unidos) genera grandes márgenes de beneficios para las corporaciones crediticias, al tiempo que una amplia inequidad social para los profesionales recién graduados, cuyos ingresos resultan destinados para el pago de sus obligaciones con la banca educativa.
Otra forma de financiación que permite la masificación del acceso a educación superior privada es el del crédito educativo de origen público, que opera generalmente de forma mixta con un sistema de becas y/o subsidios. Su esquema es básicamente el mismo, con la diferencia substancial que el origen de los recursos en este caso es público. Es decir, el Estado prefiere transferir los recursos al sistema educativo a través del sistema financiero, que generalmente termina acopiado por las universidades privadas, en vez de inyectarlos directamente a las instituciones públicas.
La expresión más reciente de este modelo en nuestro país es el programa Ser Pilo Paga, el cual consiste en un sistema de créditos condenables del ICETEX que cubren gastos de matrícula a los cuales pueden acceder los estudiantes interesados en estudiar en instituciones acreditadas de alta calidad. Es preciso mencionar que las matrículas de las universidades privadas por su naturaleza expresan el costo que representa cada estudiante para la universidad, mientras que en las universidades estatales no corresponde al costo total que el estudiante le representa a la institución educativa. Es por esto que un "pilo" en las privadas significa un costo mayor para el Estado, así como un ingreso más grande para la universidad, que un "pilo" en las públicas.
El resultado de la combinación de un modelo que privilegia la financiación, demanda y fomenta el crédito educativo, y la constante asfixia que han sufrido las universidades públicas, en términos de recursos, avizora en el horizonte una profunda crisis de financiación de la universidad pública. Esta se ha venido postergando más por la voluntad individual de las instituciones por resolver autónomamente sus problemas financieros, que por el esfuerzo diligente del gobierno de encontrar solución de fondo a este problema. Al final, la crisis no será otra cosa que el resultado de someter los derechos al interés privado.
