Dicen que un camino para llegar a volverse religioso y creer en Dios es 'arrodíllate y creerás'.
Pareciera que bajo ese concepto es que se está buscando lograr la paz en La Habana. Es decir: sin aclarar ninguno de los temas gruesos que son el verdadero obstáculo del proceso; sin pasar por un diagnóstico en el cual las partes coincidan o por lo menos tengan clara la visión de la contraparte; solo por la vía de asumir que el resultado esperado debe ser un papel firmado por ambos; y usando solo la mecánica de sentarse a buscar puntos aceptables en materias puntuales.
En toda guerra se dan actos que pueden ser calificados de terroristas o de violatorios de los Derechos Humanos según quien los esté calificando. Y por supuesto es esa calificación la que enfrenta a las partes y es lo realmente difícil de superar. ¿Cuáles son en nuestro caso
- El interés de las Farc (o de quienes negocian por ellas)
Un lado lo ve como el pretexto para 'fortalecerse' pues la intención guerrillera podría ser seguir alzados en armas; supuestamente la motivación vendría de que el negocio de la droga les asegura que valdría la pena continuar viviendo en el monte, y haciendo actos de guerra contra el Estado. Supone que el negocio de la droga ya tomó más importancia que el estado de cosas que produjo el levantamiento y la protesta que llevó a la vía armada. Es decir, que hoy son un cartel más que una insurgencia y que aprovechan la condición de guerrilla para explotar el negocio. Entonces les conviene continuar la guerra o en los acuerdos solo se comprometerían formalmente a abandonar esa actividad pero no lo cumplirían, ya que para eso les sería necesario mantener su organización.
Curiosamente quienes así piensan no separan el propósito buscado de sacar de la violencia a la población civil —lo cual sí se lograría—, del castigo por continuar delinquiendo -que sería lo eventualmente pendiente o en entredicho-.
Pero otra lógica diría que no tienen ya expectativas de 'tomarse el Estado por las armas'; que su modelo o propuestas de cambios ya no van mucho más allá de las que el Estado acepta como su obligación (ya no proponen abolir la propiedad privada, ni acabar con el sistema político democrático); y que, ya sin ese idealismo o esas aspiraciones, preferirían en su vida privada no estar dedicados a matar o a que los maten.
El negar o desconocer lo segundo y trabajar sobre lo primero hace que los acercamientos se vuelvan bastante difíciles.
- A lo que aspiran las Farc
Una posición es la de quienes los califican de terroristas: desde ese punto de vista lo que intentan los negociadores es por la vía de los 'acuerdos' alcanzar inmunidad para sus actos puramente delincuenciales.
Lo razonable es pensar que la guerrilla tiene una visión diferente; que asume que el tratamiento no debería ser bajo el código penal ordinario; que aspiran a ser tratados bajo el enfoque del DIH como 'actores del conflicto'; puede que como delitos políticos hasta acepten que se apliquen sanciones, pero difícilmente se resignarán a pagar penas con descalificaciones respecto a sus motivaciones.
- El aspecto militar
El hecho de haber logrado la victoria política de que la sociedad y el mundo los vea como 'terroristas' lleva a quienes lograron eso a pensar que lo único que falta es que lo reconozcan y acepten como complemento lo más cercano a una rendición militar.
Los negociadores de las Farc no se sienten derrotados, no están pensando en la paz como una rendición, y reivindican una condición de parte de una problemática social que acabó expresándose en forma violenta; el desarme para ellos está condicionado a que se reconozca así en la negociación, es decir, que la contraparte de acabar la violencia de las armas es acabar con la violencia que identifican con la injusticia social.
- Las víctimas
El énfasis oficial en que la población civil es la víctima principal de las acciones guerrilleras no es compartida por la guerrilla.
En parte porque para ellos los ataques son al enemigo en una guerra, es decir a la infraestructura de la contraparte para debilitarla no solo militarmente sino en su moral. Además ellos consideran que la población civil —y ellos como parte de la misma— es víctima de la injusticia social y sufre más directamente por eso que por el conflicto armado. Por último, al considerar su sublevación legítima, sus heridos, muertos y afectados son igual de víctimas —o doblemente víctimas— del Estado.
En resumen, lo que se ha avanzado es en lo que se estaba de acuerdo de antemano. Ha sido relativamente fácil por eso el coincidir alrededor de la atención al campo, el reconocimiento de la prioridad en las víctimas, o lo que en general se ha hablado hasta ahora: son más pasos introductorios a la confrontación de fondo que soluciones. La Comisión de la Verdad encontrará estas dos versiones de la verdad; es de esperar que sea el escenario para ponerlas sobre la mesa y ojalá proponer forma de conciliarlas. Confiemos en ello.
