Las cifras no cuadran. En varias oportunidades el presidente Iván Duque, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla y su viceministro, Juan Alberto Londoño, y el presidente Duque han anunciado que están destinando grandes cantidades de recursos para atender la emergencia provocada por el COVID–19. Incluso, el viceministro Londoño aseguró el 27 de mayo en el Congreso que se han dispuesto más de $117 billones, es decir, 11 puntos del PIB.
Pero, ¿dónde está esa plata? El Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana se puso a revisar las cuentas y encontró que la realidad es muy distinta, además de señalar al gobierno de ocultar información que podría tener alguna repercusión legal.
Lo cierto es que de los $117 billones que asegura haber destinado, solo se puede comprobar de manera abierta el gasto de $5.8 billones, de los cuales $3.6 billones son transferencias del Ministerio de Hacienda a otras entidades y el resto a contratos ejecutados por la propia cartera. Carrasquilla es el superpoderoso del gobierno Duque, pues maneja la chequera y en la emergencia es quien tiene la última palabra sobre lo que se puede gastar y lo que no, independientemente de las promesas que haga el presidente en su ya habitual programa de balance todas las tardes.
Ni siquiera el ministro Carrasquilla y el viceministro Londoño coinciden en sus declaraciones, y tampoco permiten una verificación real de estas. Mientras el primero asegura que se han invertido $7.1 billones en salud, el segundo ya habla de $7.2 billones, lo que en plata blanca significan 100.000 millones de pesos, una cifra nada despreciable. Pero lo que más preocuparía es que realmente las resoluciones oficiales muestran transferencias de apenas $0,96 billones al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Salud.
El gobierno no parece estar siendo transparente sobre los gastos hasta ahora adelantados para atender la emergencia. “Otras transferencias” o “fortalecimiento” no son una justificación clara para destinar cientos de miles de millones a una entidad, una situación a la que hasta ahora el contralor general Felipe Córdoba, que viene adelantando sendas investigaciones contra los gobernantes locales, no ha querido vigilar.
