La vereda los Mochuelos queda ubicada en el extremo suroriental de Bogotá. Es una metrópoli de diez millones de habitantes que se extiende sobre una sabana empotrada en los Andes colombianos, a 2.600 metros de altura. Allí funciona desde hace 30 años el relleno sanitario de Doña Juana, que con sus 592 hectáreas, es hoy uno de los depósitos de basuras más grandes del mundo. Para los habitantes de los Mochuelos y los sectores aledaños al relleno, doña Juana siempre ha sido una vecina incomoda, como lo puede ser para cualquier persona vivir rodeada de montañas de basura en descomposición.
El olor agrio de la podredumbre, las infecciones respiratorias producidas por emanaciones de gases tóxicos como el benceno, la presencia de roedores y moscas, son cosas con las que estas comunidades han tenido que aprender a lidiar. La historia de doña Juana es la historia de un conflicto socio ambiental que ha enfrentado visiones diversas y en ocasiones contradictorias de la ciudad y el desarrollo en los estrados judiciales, en las decisiones administrativas, pero también en la calle, en las asambleas populares, en las movilizaciones, y que ha puesto sobre la mesa la discusión sobre el mundo en el que queremos vivir.
Un modelo perverso
El modelo de recolección de basuras en Bogotá funciona básicamente así: 800 camiones compactadores recorren la ciudad recogiendo unas 6.200 toneladas diarias de residuos que son depositados en el relleno sanitario de doña Juana, en donde son amontonados, se les pasa una aplanadora y se recubren con lona aislante y tierra. Así, capa tras capa, como en una lasagna, durante las últimas tres décadas.
La descomposición de estos residuos produce metano (CH4), el mayor contribuyente al calentamiento global entre los gases de efecto invernadero, después del dióxido de carbono. El potencial de calentamiento global del metano es 21 veces mayor que el del dióxido. Además, es altamente inestable.
En la madrugada del 27 de septiembre de 1997, una explosión de gases acumulados dejó al descubierto más de un millón de toneladas de residuos sólidos que se esparcieron rápidamente en un área de 15 hectáreas, represando el cauce del río Tunjuelito. Es una de las tragedias ambientales más grandes que ha vivido Bogotá, a tal punto que la administración distrital tuvo que desembolsar 227 mil millones de pesos para indemnizar a las comunidades afectadas (unas 300 mil personas), luego de perder una cuantiosa demanda.
El alcalde Gustavo Petro (2011-2015), intentó transformar el modelo de recolección de basuras creando una empresa pública (Aguas de Bogotá), remunerando el trabajo de más de 12.000 recicladores de la calle y promoviendo la separación en la fuente, medidas que molestaron a sectores económicos y políticos influyentes. El procurador de la nación destituyó al burgomaestre, y la ciudad vivió meses de incertidumbre entre movilizaciones y protestas. Aunque Petro fue restituido, el desgaste político fue grande, y en las últimas elecciones se impuso Enrique Peñalosa y su modelo neoliberal de ciudad.
El 2 de octubre del 2.015 una situación similar a la sucedida en 1.997, aunque de menores proporciones, encendió las alarmas, movilizó a las comunidades afectadas y puso de nuevo el tema del relleno en la agenda pública.
Una discusión en caliente
En el Nuevo Acuerdo Mundial de Cambio Climático (COP 21), Colombia se comprometió a reducir el 20% de sus emisiones de gases de efecto invernadero para el 2.030. Por lo menos el 8% del total de emisiones producidas, provienen de la disposición de residuos.
Para Juan Fernando Gutiérrez, director de la empresa Aquaire, pionera en la implementación de energías alternativas en Colombia, este es un tema de voluntad política, porque las tecnologías para enfrentar el problema existen desde hace décadas.
El 80 % de los residuos que llegan a Doña Juana son orgánicos, es decir biomasa, que puede ser transformada en energía a través de una serie de procesos físicos y químicos como la termólisis y la gasificación. Este tipo de tecnología permite, por ejemplo, llevar calefacción al 20% de los hogares en Suecia, país pionero en el tratamiento de residuos. El proceso consiste en romper las moléculas de biomasa a través de altas temperaturas y presiones, para generar gases, hidrocarburos y carbones que son usados como combustible de turbinas y calderas convencionales.
Existe además un marco legal que incluye no solo los convenios internacionales suscritos por Colombia en términos de medio ambiente y salud, sino también una legislación nacional. La ley 1715 del 2014 fue promulgada para promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, como los desechos.
Entonces ¿Por qué sigue operando el modelo actual? Oscar Barón, miembro de Asamblea Sur, uno de los colectivos ambientales más activos en el tema de doña Juana, habla de la Deuda Social que el Estado y la sociedad en general tienen con las comunidades afectadas. Hacer partícipe a las comunidades de este tipo de proyectos sería una manera de empezar a resarcir el daño. Pero los intereses en juego son muchos, y el dialogo con las instituciones parece infructuoso.
Cada nueva administración llega echándole el agua sucia a la anterior y planteando la necesidad de nuevos estudios, en los que se gastan miles de millones de pesos. La Corporación Autónoma Regional (CAR), entidad encargada de la gestión ambiental en el territorio, ya le dio un ultimátum a la nueva administración distrital en cabeza de Enrique Peñalosa para proponer un nuevo plan de manejo de los residuos en Bogotá, ante el agotamiento inminente del relleno de doña Juana. Peñalosa, fiel a su credo neoliberal, ya ha sugerido entregarle la totalidad del negocio a operadores privados.
La disposición de las basuras en Bogotá es un problema complejo que requerirá de una estrategia integral que articule las tecnologías existentes y que tenga en cuenta a una multiplicidad de actores sociales. Las comunidades movilizadas exigen hoy el cierre inmediato del relleno y el pago de la deuda social. Pero hace falta mucha conciencia en la ciudadanía, que ve el tema como algo lejano. Las discusiones en torno al cambio climático y la urgencia de tomar medidas reales de adaptación y mitigación que vayan más allá de las buenas intenciones de los gobiernos, demuestran que lo que está en juego es el futuro de la humanidad.