31 de octubre de 2013, 2:00 pm. Don Alejo* sintió que no soportaría más el fuerte dolor que aquejaba su cuerpo, llevaba varios días sin poder orinar lo cual pasó de ser una preocupación a ser una gran molestia física; decidió entonces acudir a la IPS que le correspondía según la distribución que la EPS Servicio Occidental de Salud (SOS) -a la que se encontraba afiliado- realiza de acuerdo a la ubicación geográfica de los pacientes en la ciudad, acompañado de su esposa y caminando con la ayuda de muletas don Alejo llegó a esta IPS solicitando atención por consulta prioritaria, allí le dijeron que no le podrían atender porque su nombre aparecía en los registros de la EPS como desafiliado o inactivo, allí le recomendaron que dada la situación lo mejor sería que acudiera a urgencias de una clínica.
5:00 pm. Don Alejo y su esposa tomaron un taxi y llegaron a urgencias de la Clínica Versalles ubicada en el norte de Cali, al llegar allí el dolor en su vientre se había tornado más agudo, lo cual aumentaba también la preocupación de su esposa; sin embargo les dijeron que no podían brindarle la atención de urgencias ya que su nombre aparecía como inactivo, don Alejo alegó que era un adulto mayor y que comportaba una situación de discapacidad física lo cual lo convertía en un sujeto de reforzada protección constitucional.
7:00 pm. Esto no importó al personal administrativo de la Clínica Versalles, quienes se negaron a brindarle atención en sus instalaciones. Esta situación generó malestar e indignación entre las personas que se encontraban en la sala de espera, quienes empezaron a llamar la atención del personal rechazando el hecho que a don Alejo se le negara la atención que evidentemente necesitaba; en ese momento la retención urinaria por obstrucción que estaba presentando don Alejo ocasionó una hemorragia por uretra, lo cual hizo más calamitosa la situación, ante la cual la Clínica Versalles aceptó dar ingreso a don Alejo para estabilización en su área de urgencias.
1 de noviembre de 2013, 10:00 pm. Después de un periplo por las oficinas administrativas la Clínica Versalles, de la EPS SOS, la Defensoría del Pueblo y la asesoría de un abogado, familiares de don Alejo lograron –mediante la presentación de una tutela- que un juzgado penal de la ciudad emitiera una medida cautelar que ordenó a la Clínica Versalles y a la EPS SOS la atención inmediata a don Alejo.
2 de noviembre de 2013, 2:00 pm. Aún con la medida cautelar y a pesar de que necesitaba atención especializada, durante 43 horas don Alejo fue solamente “estabilizado”, le fue negada la realización de exámenes y procedimientos necesarios para mejorar su salud, la Clínica Versalles y la EPS SOS desarrollaron una operación tortuga respecto de los tratamientos requeridos y trataron por todos los medios de deshacerse de la responsabilidad frente a la salud e integridad de don Alejo.
4:00 pm. En un acto de irresponsabilidad médico-institucional -que raya con la tentativa de homicidio- un médico de la Clínica Versalles, decidió dar de alta a don Alejo y mandarlo para su casa. Don Alejo, con la boleta de salida en la mano se desmayó al tratar de bajarse de la camilla, horas después era ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos, contrastando con la apreciación que antes le había dado de alta.
Días después, habiendo estado muy cerca de la muerte don Alejo despertó, salió de Cuidados Intensivos a Cuidados Intermedios y de ahí a hospitalización en la misma Clínica Versalles –muy a pesar del personal admnistrativo- donde se evidenció lo que había ocurrido: la infección urinaria localizada con la que ingresó don Alejo al servicio de urgencias se distribuyó por su cuerpo, afectando pulmones, corazón y cerebro. Lo más probable es que esta irrigación de la infección haya avanzado durante el periodo en que a don Alejo se le negó la asistencia médica requerida.
La operación tortuga en la Clínica Versalles siguió operando, la negativa de atención por la EPS SOS continuó, los intentos por remitir a don Alejo a la red pública para deshacerse de responsabilidades se siguieron presentando, hasta que algunos días después el juzgado falló a favor de don Alejo y ordenó que se le brindara atención de manera integral e inmediata, reconociendo que la desafiliación o condición de inactivo de don Alejo, había sido dada en una actuación administrativa irregular por parte de la EPS SOS. A pesar de esto la EPS SOS impugnó la decisión judicial, la cual fue ratificada en segunda instancia por otro juzgado de la ciudad.
Hoy la operación tortuga continúa. La EPS SOS en franco desacato a la tutela ratificada en segunda instancia y contra toda conducta ética y legal, demora, niega y fracciona la aprobación y prestación de los servicios que don Alejo necesita para recuperar su salud. Don Alejo no se ha recuperado plenamente, según sus familiares es un milagro que esté vivo, pero lo que es cierto es que a la fecha no ha recuperado su movilidad autónoma, perdió parte de la memoria y algunas facultades mentales y tiene comprometidos otros órganos y sistemas; y aunque alguien pueda decir que son consecuencias imaginables de una enfermedad, nos quedan dos inquietudes:
- ¿El deterioro en la salud de don Alejo hubiese sido menor si se le hubiese prestado la atención médica que requería, en el momento oportuno y sin prevalencia de la condición administrativa de la afiliación?
- Si no se hubiesen otorgado medidas cautelares mediante la tutela, ¿don Alejo hubiese fallecido en los pasillos de urgencias de la Clínica Versalles?
Como este caso a diario se repiten decenas con niños, mujeres gestantes, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, población indígena y negra, población en situación de calle, etc. A pesar de que don Alejo se encontraba afiliado como beneficiario de su hijo, la EPS SOS lo había desafiliado de una manera ilegal e irregular, error que hasta la tutela se negaron a reconocer; A pesar de que don Alejo es adulto mayor y comporta una situación de discapacidad física la Clínica Versalles se negó a atenderlo poniendo por encima de la vida del paciente la inquietud financiera de la entidad, violando flagrantemente la profusa jurisprudencia constitucional respecto de la protección del derecho a la vida y a la integridad en los sujetos de especial protección constitucional.
Hoy es claro que el sistema de salud de la ley 100 de 1993, engendrada por el entonces Senador Álvaro Uribe Vélez es un monstruoso régimen de comercialización de los derechos sociales, diseñado para privilegiar la ganancia privada en detrimento del bienestar de la población.
Amparados en el argumento de la libre competencia y de la acción mano invisible del mercado, además de la supuesta connatural obsolescencia, inoperancia y corrupción del sistema público, se procedió a privatizar la salud y las pensiones -derechos sociales alcanzados por la clase trabajadora-, sin embargo el sistema actual además de obsoleto, inoperante y altamente corrupto –ver caso saludcoop- es un instrumento de politiquería, principalmente en el régimen subsidiado; ante este sistema, el único mecanismo que encontró la familia de don Alejo, y que encuentran hoy cientos de familias para garantizar la vida de los pacientes es la acción de tutela, la misma que desde hace varios años este gobierno y el anterior quieren limitar, restringir o eliminar, argumentando que la “tutelatón” de la salud pone en riesgo la sostenibilidad fiscal, además de que satura el sistema de justicia.
¿Qué tal esto? Limitar los derechos de la gente para que el negocito se sostenga, cuando en cualquier sociedad que se precie de democrática, una “tutelatón” sólo puede significar que la gente ha avanzado satisfactoriamente en la apropiación de los mecanismos ciudadanos de ejercicio de sus derechos o que el derecho tutelado se encuentra tan amenazado, que el Estado no lo garantiza si no es obligado por la acción judicial. Ninguno de estos casos implicaría eliminar o restringir la tutela, sino el sistema de salud que enriquece a pocos con la plata y sobre los derechos de muchos.
*Nombre cambiado
