El país necesita un proceso de Ordenamiento Territorial donde sean las comunidades quienes redefinan la manera como se organiza la producción, se distribuye el uso del suelo, se gobierna el subsuelo, y se protegen el aire, el agua, los ecosistemas estratégicos y los medios de vida de las comunidades agrarias. Ese ordenamiento apuntará a armonizar la conservación del medio natural con el aprovechamiento para la pervivencia de las comunidades agrarias.
Por lo anterior, Exigimos:
Que sean las comunidades y los pueblos quienes definan cuáles deben ser los usos del territorio y las maneras de habitarlo, conservarlo y cuidarlo conforme a las cosmovisiones de los pueblos y comunidades agrarias, de acuerdo a una política diferencial propia que incluya a las distinciones étnicas, regionales y productivas, y que garantice la seguridad jurídica para los territorios individuales y colectivos.
El ordenamiento territorial exigido tendrá como base la definición y el respeto de las figuras colectivas de gobierno propio y defensa del territorio, incluyendo:
Resguardos indígenas y territorios ancestrales
Territorios colectivos afrocolombianos
Zonas de Reserva Campesina
Zonas Agroalimentarias
Zonas de biodiversidad
Territorios interétnicos e interculturales
Otras formas de ejercicio de la territorialidad de las comunidades.
Estas tendrán el carácter de inalienables e imprescriptibles.
Las organizaciones, comunidades, autoridades y pueblos movilizados o que por decisión autónoma se incluyan en el proceso, desarrollaremos una ruta propia de definición de los términos del ordenamiento territorial para garantizar la permanencia en el territorio y convivencia interétnica e intercultural. Esa ruta propia hace parte de una iniciativa de paz impulsada por las organizaciones campesinas, indígenas, afro y urbano-populares que participen del proceso.
Que el gobierno nacional nos dé garantías para la elaboración de esa ruta de ordenamiento territorial y que las figuras mencionadas sean consignadas en la normativa colombiana y sean reglamentadas conforme a las decisiones de las organizaciones, pueblos y comunidades participantes; incluyendo el reconocimiento constitucional de la territorialidad colectiva campesina y afro.
Una política de reforma agraria integral que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra, que desmonte el latifundio como expresión histórica de la desigualdad y genere acceso seguro a la tierra para quienes carezcan de ella, así como la garantía de la autonomía territorial para campesinos, indígenas y afro. Esa política de reforma agraria deberá construirse de la mano con las organizaciones rurales y urbano-populares.
Esta política debe tener un enfoque territorial y no simplemente de acceso a la tierra, de ahí que no se deba limitar a la dotación de tierra para las comunidades rurales, sino que redistribuya el conjunto de bienes comunes que se encuentran en los territorios rurales y en los márgenes entre lo rural y lo urbano, asegurando su cobertura, garantía y acceso para los pueblos indígenas, afro, campesinos y urbano-populares.
La construcción de un fondo de tierras que se alimente de los predios despojados, que sean propiedad de narcotraficantes o que no cumplan con la función social de la propiedad, o que atenten contra su vocación natural (el caso de ciénagas y playones) y los baldíos apropiados ilegalmente por la agroindustria.
Que se reconozcan los derechos históricos de los pueblos indígenas, el pueblo raizal y las comunidades afro a sus territorios, y en especial la propiedad colectiva inalienable de los resguardos indígenas, territorios ancestrales y territorios de las comunidades afro.
Que se completen los procesos de titulación colectiva para pueblos indígenas y afros que aún están pendientes.
Que se detengan todos los planes y proyectos que amenazan el goce de la tierra para las comunidades, entre ellas el derecho de superficie y los mercados de carbono en favor de empresarios nacionales o extranjeros, sobre los territorios y las tierras de campesinos, indígenas y afro. Consideramos que esas medidas son otra forma de despojo contra los pueblos.
Que se aplique el derecho de prevalencia para los territorios de las comunidades indígenas, afro y campesinas, en caso de disputas con transnacionales, terratenientes y despojadores.
Que la consulta previa, y el consentimiento previo libre e informado, se extienda a las comunidades campesinas, extendiendo la aplicación del convenio 169 de la OIT.
Que se declaren nulas las compras masivas de tierras que han hecho las empresas que han violado la ley 160 de 1994, al adquirir más de las UAF autorizadas en dicha norma.
Que los baldíos se destinen exclusivamente a garantizar el derecho a la tierra de los campesinos, trabajadores rurales, población afrocolombiana e indígena.
Que se proscriban todas las formas de extranjerización de la tierra. En ningún caso personas naturales o jurídicas de origen extranjero podrán apropiarse, usar, arrendar superficie o generar ninguna forma de tenencia sobre la tierra.
El cumplimiento y fortalecimiento de la legislación relativa a la extinción de dominio de las tierras que no cumplan con la función social y ambiental de la propiedad.
La restitución integral de las tierras despojadas a las familias, comunidades y pueblos víctimas del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta enfoques colectivos y énfasis comunitarios en tales procesos de reparación.
La devolución de tierras expropiadas por endeudamiento campesino.
El reconocimiento del enfoque diferenciado y con perspectiva de género del acceso, uso y goce del territorio y la tierra para las mujeres.
La creación de una nueva institucionalidad pública para darle cumplimiento al nuevo ordenamiento territorial, la reforma agraria y la protección ambiental.
2. La economía propia contra el modelo de despojo
El avance y profundización del modelo neoliberal ha generado graves perjuicios a la economía nacional, en especial a las formas de producción, comercialización y consumo propias de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. Lo anterior ha impactado negativamente la soberanía alimentaria de los pueblos y de la nación. Las normas que regulan el libre mercado han generado un modelo de despojo que afecta el buen vivir de las y los pequeños productores, favoreciendo los intereses de latifundistas y multinacionales del agro. Como resultado se han afectado no solo los intereses económico de las comunidades rurales, sino las prácticas culturales y de vida asociadas a estos.
Por lo anterior, Exigimos:
La transformación del modelo productivo del país, apuntando a una política económica planificada y agroecológica, que regule el mercado, basada en el fortalecimiento de la economía campesina, ind ue se debe impulsar un ento a unao del paenamineto terrstencia de las comunidades agrarias. las comunidades campsinas os y comuígena y afrocolombiana. Ese nuevo modelo debe impulsar un sistema de economía campesina que desarrolle una política pública para recuperar el campo colombiano de la quiebra generada por las políticas aperturistas y de libre comercio.
La implementación de una política que restrinja y regule el uso y precio de los agroquímicos, así como el inicio de un proceso de reconversión de la producción nacional hacia un modelo agroecológico, creando un sistema nacional de asistencia técnica basada en el respeto al ambiente y a los saberes tradicionales de los pueblos y comunidades.
Condonación de las deudas y retiro de los embargos a tierras y propiedades del campesinado adquiridas a través del sistema financiero y acceso al crédito agropecuario con tasas no determinadas por la lógica de mercado.
Creación y fortalecimiento de cooperativas de ahorro para el campesinado y comunidades rurales, con financiación del Estado y dirigidas por las organizaciones comunitarias.
El desmonte de todos los tratados de libre comercio, inversiones, propiedad intelectual y servicios firmados por Colombia, deteniendo la aprobación de nuevas normas, tratados y acuerdos internacionales de cooperación que vulneren la producción agropecuaria nacional. Exigimos que se priorice la integración con los pueblos de Nuestra América Latina y el Caribe, en el marco de la protección de la producción nacional. Entretanto, exigimos que todo tratado de comercio internacional, inversiones, propiedad intelectual y servicios sean consultados con el pueblo colombiano.
Un régimen de subsidios que proteja la producción nacional, en especial a los sectores afectados por la apertura, en la cual se establezca por parte del Estado precios de sustentación rentables y seguros de cosecha. De igual manera, exigimos la instauración de un sistema de compra y distribución estatal de alimentos y productos agropecuarios, así como establecer subsidios al transporte de alimentos y productos de comunidades campesinos, indígenas y afros.
Un plan de choque para el estímulo a la producción de alimentos básicos por parte de los pequeños productores, que tendrá como base el apoyo a la economía campesina en los términos propuestos en el punto anterior. Así como el fortalecimiento de los mercados campesinos y locales, buscando la integración regional, en el marco de las prácticas de comercio justo y eliminando la figura de los intermediarios.
Una política de apoyo a la transformación de alimentos y productos agropecuarios desde las comunidades rurales, generando procesos de industrialización acordes con los intereses de las mismas.
La prohibición de la importación de los productos agropecuarios estratégicos para la economía nacional.
La derogación de las leyes de semillas que regulan su propiedad intelectual (patentes y derechos de obtentores vegetales), y que propician su privatización, de manera que el gobierno deje de perseguir al campesinado por guardar, proteger o intercambiar semillas. Exigimos que no aplique las leyes 1032 de 2006 y la 1518 de 2012 y derogue la resolución 970 del ICA.
La creación de un sistema nacional, regional y local de promoción y apoyo a la producción, selección, multiplicación y difusión de semillas originarias, que no tengan registro de propiedad intelectual, ni normas que controlen la producción, la libre circulación y comercialización por las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. Así como el apoyo económico y técnico, de forma descentralizada, para el establecimiento de casas custodios de semillas, manejadas y controladas por las organizaciones y comunidades agrarias.
Enfocar la propuesta investigativa y académica de las universidades según el contexto y las necesidades del agro colombiano, en particular de los pequeños productores, reconociendo y articulando los saberes y conocimientos propios ancestrales e históricos de campesinos, indígenas y afrodescendientes.
El avance en la protección de la soberanía alimentaria nacional desde lo local y que sea declarada como utilidad pública, interés social y bien común de la nación.
La reglamentación del capítulo VII de la ley 70, en lo relacionado con el fomento al desarrollo de los territorios colectivos y tradicionales afro. Dicha reglamentación se hará conforme a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos.
Financiación del sector agrario, en particular del fortalecimiento de la pequeña y mediana producción especialmente de alimentos mediante un fondo nacional cuyos recursos provengan, entre otros, de la eliminación de las exenciones tributarias a grandes empresas de capital nacional y trasnacional, así como de la explotación de recursos minero energéticos.
3. Minería, energía y ruralidad
La mala gestión y el saqueo de los recursos naturales minero – energéticos afecta gravemente a la madre tierra y las comunidades rurales, genera impactos ambientales que ponen en riesgo la vida de los pueblos y la biodiversidad, persigue y criminaliza a los pequeños mineros, y solo beneficia las empresas transnacionales que se enriquecen gracias al modelo económico impulsado por el gobierno colombiano. En ese marco, reivindicamos la necesidad de construir un nuevo modelo minero–energético basado en la soberanía nacional, el aprovechamiento planificado, el desarrollo tecnológico propio, la protección ambiental y la redistribución de los rendimientos generados por las actividades mineras y energéticas.
Por lo anterior exigimos:
Que se inicie un proceso democrático de discusión de una nueva política nacional minero–energética, con participación efectiva de las comunidades campesinas, indígenas, afro y los pequeños mineros tradicionales y de sobrevivencia, a través de un ejercicio de legislación popular e incluyente.
Exigimos la reformulación de un nuevo modelo de redistribución de las rentas petrolera y minero-energética, con el fin de fomentar, promover e invertir en el desarrollo rural y urbano; y obtener mayores recursos para la inversión social y la garantía de los derechos de las comunidades.
Detener la concesión de títulos mineros y la adjudicación de bloques petroleros, hasta tanto se defina concertadamente con las comunidades rurales y los trabajadores del sector la política minero- energético del país.
Una moratoria minera que congele la adjudicación de títulos mineros en todo el país. La moratoria se aplicará hasta que se den condiciones reales para una explotación minera razonable para el país y las comunidades.
La reversión de los bloques petroleros y las concesiones otorgadas a las multinacionales en casos de grave deterioro ambiental, detrimento de los recursos de la nación y violación de los derechos de los trabajadores.
La reversión de todos los títulos mineros que se han aprobado en territorios ancestrales, indígenas y afros sin haber efectuado la consulta previa, libre e informada.
Que no se aprueben nuevos títulos mineros en territorios ancestrales, en territorios indígenas y afros, sin pasar por el requisito de la consulta en la que se garantice el derecho prevalente de las comunidades étnicas a ser beneficiarias de las concesiones y se brinden garantías para la minería artesanal.
Que deje de considerarse la minería como actividad de utilidad pública y de interés social de la nación.
Que en el desarrollo de la política minera se garantice el estricto respeto por el agua, los páramos, bosques, áreas protegidas, zonas de biodiversidad y agroalimentarias, fuentes de agua y todos los ecosistemas estratégicos para la vida y la biodiversidad. Por lo anterior, que no se apruebe ningún título minero en dichos territorios.
En ningún caso se aprueben proyectos minero–energéticos, (títulos, concesiones y similares) sin el requisito de la licencia social, es decir, sin la autorización derivada de la realización de consultas campesinas y populares en los territorios que puedan verse afectados. Tales consultas se realizarán durante la fase de solicitud del proyecto, del título o la concesión.
Suspender la implementación de megaproyectos hidroeléctricos que afecten los territorios y comunidades campesinas, indígenas y afros, y promover la implementación de alternativas de abastecimiento energético a partir de tecnologías apropiadas y limpias.
Revocar las licencias ambientales de megaproyectos hidroeléctricos, hasta tanto no se tenga una comisión nacional de represas que garantice el cumplimiento de las demandas de los afectados por las hidroeléctricas.
La reestructuración de la fórmula que define los precios de combustibles, para garantizar un costo de vida más equitativo para el conjunto de la población, procurando la regulación ambiental de la extracción, procesamiento y comercialización de hidrocarburos.
Reconocer y reparar a las víctimas y afectados por los proyectos minero-energéticos e hidroeléctricos.
Suspender los proyectos de fracking apelando de principio de precaución.
4. Cultivos de coca, marihuana y amapola
Ante el fracaso y la arbitrariedad de la política antidrogas del Estado Colombiano, consideramos crucial redefinir los lineamientos que han configurado el tratamiento a los cultivos de coca, marihuana y amapola.
Por lo anterior, Exigimos:
El cumplimiento de los compromisos adquiridos con los procesos organizativos representantes de los cultivadores de coca, marihuana y amapola en movilizaciones pasadas.
Un programa de sustitución social, gradual, concertada, estructural y ambiental que permita generar una fuente alternativa de ingresos frente a los derivados por cultivos de usos ilícitos como la coca, la marihuana y la amapola. Dicho programa deberá hacerse con énfasis en ordenamiento y la planeación territorial, acordando procedimientos, tiempos y mecanismos; con la participación de las comunidades agrarias y sus organizaciones representativas, basado en el reconocimiento, la formulación y ejecución de Planes de desarrollo sostenibles, integrales y/o de vida.
Un programa de sustitución de cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola que supere la puesta en marcha de programas de erradicación violenta y aspersión con glifosato que atentan contra la vida digna de las comunidades agrarias (Indígenas, Afro descendientes y Campesinos).
La liberación de las y los presos judicializados por el cultivo de marihuana, coca y amapola; no relacionado directamente con comercialización de estupefacientes.
No aplicación de la extinción de dominio en los predios en los que se cultive marihuana, coca y amapola.
Una política de sustitución gradual que tenga como base la inversión social en la comunidad y el impulso a cultivos alternativos desde las propuestas campesinas. Rechazamos la sustitución basada en la imposición de cultivos agroindustriales como la palma de aceite, el caucho y otros similares.
Una política de sustitución basada en la promoción de cultivos productivos propios de la economía campesina que sean comerciables y con seguros de cosecha a corto, mediano y largo plazo. Los planes se sustentaran en dos ejes orientadores: el primero se refiere al diseño e implementación de Sistemas Productivos Sostenibles y el segundo a la estabilización y garantía de la integralidad de derechos.
Programas de sustitución basados en la estabilización de los Sistemas Productivos Sostenibles y atendiendo a 6 líneas de acción: acceso a tierra, sistemas productivos sostenibles, mejora de infraestructura, transformación agregación de valor en el predio, acceso a asistencia técnica y tecnología, y acceso a mercados.
Respetar y fortalecer los usos tradicionales, medicinales, alimenticios e industriales de la hoja de coca, amapola y marihuana, en el marco de los sistemas productivos de las comunidades agrarias.
La sustitución debe ser manejada por las comunidades y las organizaciones agrarias (Indígenas, Afrodescendientes y Campesinos). Serán las comunidades quienes impulsen las propuestas de sustitución, no el gobierno nacional.
Implementar propuestas de inversión agropecuarias desde las comunidades agrarias, con garantías para la producción.
Respeto y promoción la producción e industrialización, por parte del Estado, de alimentos y medicinas basados en los cultivos de coca, amapola y marihuana.
Garantizar el despliegue comunicativo nacional a través de todos los medios disponibles para difundir, educar y capacitar a las comunidades sobre el uso de las plantas sagradas, ancestrales y todo lo relacionado con el cultivo de la coca, amapola y marihuana.
No otorgar patentes para las plantas de coca, marihuana y amapola y los productos derivados de los procesos de transformación.
El tratamiento del consumidor como un tema de salud pública, con el ingreso al sistema de salud.
5. Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia
Debido a la falta de reconocimiento político de los derechos de los campesinos, la insuficiente garantía de los derechos de afrocolombianos e indígenas, el alto número de violaciones a los derechos humanos, la falta de garantías para las organizaciones sociales y populares, la constante estigmatización, persecución y criminalización de quienes se movilizan para buscar una sociedad más justa y en paz, persistimos en reivindicar el respeto a nuestros derechos y en demandar las garantías mínimas para vivir en una sociedad democrática
Por lo anterior, Exigimos:
La verdad, justicia y reparación integral por las violaciones a derechos humanos perpetradas contra las comunidades agrarias y populares, y la no repetición de estas prácticas.
Desmonte total de las estructuras paramilitares y la judicialización penal de sus actores, propiciando una veeduría internacional y la conformación de una comisión de la verdad. Así como realizar investigaciones eficaces que revelen los vínculos entre el sector económico, político, y militar con los paramilitares.
La conformación de una comisión de la verdad y una política de recuperación de la memoria histórica de las violaciones a los derechos humanos en búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, que difunda de manera masiva sus resultados. Dicha política debe garantizar el acompañamiento psicosocial y pedagógico, así como el reconocimiento tanto a las comunidades vulneradas como a las asociaciones de víctimas, de manera concertada.
Garantías para la permanencia en los territorios, en especial para las comunidades campesinas, indígenas y afro.
Justicia, verdad, reparación integral y no repetición por las personas detenidas, heridas y asesinadas por el Estado en el marco de las movilizaciones sociales.
Garantías para el derecho a la protesta social y garantías para la movilización, así como la libertad inmediata de las personas detenidas en las protestas y los presos políticos; y que la protesta social no tenga un tratamiento militar ni intimidatorio.
Celeridad y efectividad en las investigaciones y procesos judiciales que recaen sobre responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos y amplia difusión de sus resultados.
El traslado de todas las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales que son conocidas por la justicia penal militar a la unidad de DDHH y DIH de la Fiscalía.
Investigación, judicialización y castigo de los autores, así como el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, de los 19 homicidios y cerca del millar de heridos ocurridos en el marco de las movilizaciones del paro agrario y la minga del 2013. Reivindicando así su memoria y garantizando los derechos de verdad, justicia, y reparación que le asisten a los familiares de las víctimas.
Solución estructural a la crisis carcelaria y la declaratoria de la emergencia social, la cual pasa por la reformulación de la política criminal actualmente basada en la privación de la libertad, la criminalización de la pobreza, la protesta social y otras garantías y libertades ciudadanas, hacia una política que garantice la prevención del delito, la inclusión social y el respeto de garantías.
Abolir la mal llamada “limpieza social” ejecutada, principalmente en contra de los jóvenes, por funcionarios del Estado y las estructuras paramilitares, e imponer ejemplares sanciones a los responsables.
Garantías jurídicas y administrativas para el ejercicio de la política y la oposición.
Derogación de la ley de seguridad ciudadana, y libertad inmediata de las personas procesadas y condenadas bajo su vigencia.
Desmonte del ESMAD y prohibición del uso de las mal llamadas “armas de letalidad reducida”.
Fin de la doctrina de seguridad nacional y que se dote a las fuerzas armadas de una doctrina basada en el respeto a los derechos humanos y la defensa de la nación.
Reforma al régimen de servicio militar, que incluya el fin del servicio militar obligatorio, la prohibición del reclutamiento forzado y la garantía en la aplicación de las sentencias frente a la objeción de conciencia. Se deben llevar a cabo Investigaciones disciplinarias y penales por parte de autoridades civiles para miembros de la fuerza pública que realicen prácticas de reclutamiento forzado, tanto en el campo como en la ciudad. Además exigimos acceso universal de la libreta militar para jóvenes y personas que no tengan resuelta su situación militar, y se elimine su carácter de requisito para trámites con el Estado.
Igualdad de derechos políticos, sociales y económicos entre hombres y mujeres, desde una perspectiva de género y de libertades sexuales y reproductivas, asegurando una equitativa participación política en las instancias de decisión en los asuntos que afectan sus vidas.
Garantías reales para que los cuerpos de las mujeres y niñas no sigan siendo un instrumento, ni botín de guerra.
Tipificación del feminicidio como un delito autónomo.
Aplicación efectiva de la ley 1257 de 2008 y el cese de la violencia contra la mujer.
Reconocimiento con carácter vinculante de los derechos plasmados en el proyecto de la declaración sobre los derechos de las campesinas y los campesinos que hace trámite en la ONU; exigimos que el Estado colombiano adopción plena y perentoria de la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Exigimos la incorporación de estas directrices y derechos a la legislación interna, desarrollando políticas públicas que garanticen su promoción y exigibilidad. Mientras se surte el trámite para el cumplimiento de la exigencia anterior, requerimos el desarrollo de una política transitoria en favor de campesinos indígenas y negritudes.
Participación amplia, efectiva y con carácter decisorio en las instancias de planeación y definición de la política de producción agropecuaria y desarrollo rural, para las organizaciones y comunidades campesinas, a través de mecanismos definidos de manera autónoma. Exigimos la democratización real de la Federación Nacional de Cafeteros y otras federaciones. Exigimos la participación efectiva y con carácter decisorio en los consejos y juntas directivas de las entidades del Estado que tienen que ver con la atención a la población rural.
Otorgar reconocer y garantizar con carácter vinculante el derecho a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado a las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y comunidades urbanas sobre proyectos y normativas que afecten su entorno, en lo social, en lo político, en lo ambiental, en lo económico y lo cultural.
Garantías para una verdadera y genuina política de restitución de tierras despojadas así como el reconocimiento de los territorios sagrados para los pueblos indígenas.
Garantías para la construcción de planes de vida donde se determine lo que sucede en los territorios, reconociendo la posibilidad de desarrollar modelos autónomos en cuanto al desarrollo de la tierra, la educación, la salud, y la economía propias.
Cumplimiento perentorio de los autos 004 y 005 de la sentencia T-025 de 2004, relativos a la situación de peligro de desaparición de los pueblos indígenas y afro.
Respeto al DIH, incluyendo la prohibición de puestos de policía y militares en los cascos urbanos y poblados; así mismo el respeto al principio de distinción del Derecho internacional Humanitario, buscando no involucrar a la población civil en los conflictos armados. Lo anterior incluye el cese de la persecución a la población civil mediante montajes judiciales.
Reconocimiento y la no estigmatización y persecución a las y los Defensores de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales y populares
Desmonte, supresión y ordenamiento jurídico de la figura del fuero penal militar, que deje de aplicarse la figura del blanco legítimo, ejecuciones extra judiciales (falsos positivos), y otras arbitrariedades similares.
Democratización de los medios de comunicación existentes, así como el fortalecimiento de los medios alternativos, comunitarios, regionales, y locales. Y la creación de nuevos medios de comunicación con alta difusión y participación de los sectores populares.
Democratización del espectro electromagnético.
6. Derechos sociales
Para los pueblos afro e indígenas y para las comunidades campesinas, la educación, salud, el trabajo, vivienda digna y la recreación serán concebidas como derechos, no como servicios, y se desarrollarán de acuerdo a las necesidades y realidades de las comunidades.
Por lo tanto, Exigimos:
El aumento de las partidas presupuestales para inversión social en infraestructura y dotación para educación, vivienda, salud, vías, producción, redes eléctricas, saneamiento básico, agua y alcantarillado en las zonas rurales.
Una política educativa que propenda por un proyecto de educación pública propia campesina que le permita a los estudiantes campesinos tener una formación acorde a sus realidades y sus necesidades. Lo anterior implica la construcción de un currículo y una pedagogía diferenciada acorde con las territorialidades, y con la participación decisoria de las comunidades campesinas y sus organizaciones. También exigimos mayor formación docente y fortalecimiento de la planta docente en el sector rural.
Derogar el acto legislativo 01 del 2001, el cual modifica los artículos 347, 356 y 357 de la Constitución Política Nacional relacionados con la educación; la ley 715 del 2001 y la ley 1294 del 2010, los cuales sustentan la privatización de la salud y educación, entendiéndolas como servicios y no como derechos.
Derogar la ley 30 de 1992, de educación superior, y la concertación con la sociedad de una nueva ley de educación pública, gratuita y de calidad, que reconozca la educación como derecho fundamental, bien común y con enfoque diferencial.
Condonación y congelamiento de las deudas del Icetex apuntando al subsidio a la oferta.
cumplimiento y garantía de los programas de educación propia para pueblos afro, comunidades negras e indígenas.
Reconocimiento y plenas garantías al ejercicio, prestación y promoción de la medicina ancestral como parte de un nuevo sistema de salud.
Implementación de planes de medicina preventiva, tanto en zonas rurales como urbanas, de acuerdo a las prácticas culturales de cada comunidad o región.
Que la salud deje de concebirse como negocio o mercancía para que se garantice como derecho humano y fundamental que. Exigimos la derogatoria de todas las normas que mercantilizan la salud y niegan la garantía de este derecho, entre ellos los artículos 48 y 49 de la constitución, la ley 100 de 1993 y el proyecto de ley estatutaria sobre la salud y la seguridad social.
El fin de la política del subsidio a la demanda y se instauren políticas de subsidio a la oferta en salud y educación, una nueva política presupuestal que fortalezca las instituciones educativas de todos los niveles y que saque de la crisis a la red hospitalaria que ha sido sistemáticamente debilitada por los gobiernos nacionales desde 1993, el fin de la intermediación financiera privada en salud y educación, la derogatoria de la Ley 100 y de la Nueva Ley Estatutaria, así como la concertación con la sociedad de una nueva legislación en salud que garantice el derecho fundamental de forma integral y que contenga elementos diferenciales para el campo.
El derecho fundamental al Trabajo digno, por medio de contratación directa, garantías laborales, protección y reparación de la libre asociación, huelga y reparación a las personas perseguidas.
La definición de un sistema de seguridad social para campesinos, indígenas y afrodescendientes, con el cual se otorgue pensión y aseguramiento en riesgos profesionales.
Un plan progresivo para el acceso, cobertura integral de población rural al sistema de educación básica, media, superior y técnica que atienda y preserve la identidad de las comunidades agrarias y la sostenibilidad de sus modos de vida.
El nombramiento inmediato de la planta docente calificada para la educación que requieren las comunidades agrarias, dotada de los derechos y condiciones laborales.
Que se detenga la privatización y se reviertan el manejo a los municipios de los servicios de saneamiento básico, agua y alcantarillado teniendo un criterio social. Que los acueductos comunitarios sean manejados por las comunidades con criterio social y no empresarial. El agua concebida como un derecho y bien común.
Derogatoria de la ley 142 que posibilita la privatización del uso del agua.
La condonación de las deudas de los usuarios de servicios públicos y que se levanten los embargos que se han efectuado por este motivo.
Que se garantice un mínimo vital gratuito para las comunidades rurales, urbanas y se implementen veedurías comunales a la prestación de servicios públicos.
El servicio de energía eléctrica rural y agua potable para los lugares que aún no cuenten con estos servicios.
Programas masivos de vivienda rural digna y de educación técnica y acceso a la educación superior. Exigimos la garantía de derechos para los trabajadores rurales, empleo digno con remuneración justa y seguridad social.
Que las escuelas, hospitales y salones comunales no sean ocupadas por los actores armados, y que sus construcciones no respondan a intereses estratégicos de guerra y confrontación.
Respeto por la propiedad comunitaria para administración de espacios de recreación y de servicios públicos, estas deben ser iniciativas comunitarias, con el fin de mantener su función social.
La infraestructura debe ser construida en pro del bienestar de las comunidades en consenso y no contra ellas, ni contra la madre tierra, ni para el ejercicio militar.
7. Relación campo-ciudad
La configuración actual de la relación ciudad-campo exige una respuesta inmediata y contundente por parte del movimiento social. La tradicional distinción entre la ciudad y el campo ha generado grandes problemáticas sociales y económicas donde se puede evidenciar la relación de subordinación del campo a la ciudad. En ese orden, es urgente eliminar las falsas barreras prescindibles entre ciudad y campo, para avanzar en el afianzamiento de la alianza popular a través de nuevos modelos alternativos de construcción territorial.
Por lo anterior, Exigimos:
La protección de todas las fuentes de agua del país, en especial de aquellas que abastecen del líquido a las grandes ciudades. Exigimos el manejo público y comunitario del agua y el desmonte de los megaproyectos que amenazan las fuentes hídricas, su pureza y distribución. Exigimos que el estado garantice la financiación y administración de los acueductos comunitarios.
La cobertura universal de los servicios públicos domiciliarios a los habitantes del territorio colombiano y la condonación de las deudas contraídas por los ciudadanos y ciudadanas en esta materia.
Una nueva tabla de tarifas de servicios públicos, que correspondan a los costos reales, con subsidios ampliados de parte del Estado y sin los costos de especulación de la intermediación financiera.
Frenar la privatización de las empresas prestadoras de servicios públicos y que éstas sean de carácter estatal con veeduría de las comunidades.
En las ciudades, en especial en las grandes capitales, se deben realizar pactos con las áreas rurales y municipios que las abastecen de alimentos. Tales pactos o alianzas deben priorizar la articulación de las zonas agroalimentarias, las de reserva campesina, los territorios afrocolombianos, los resguardos indígenas y territorios ancestrales, como despensas alimentarias y apoyo a las economías campesinas, en el marco de acuerdos regionales de soberanía alimentaria y, si se requiere, mediante asociación de municipios (como está previsto en la Constitución Nacional). Tales pactos deben estar guiados por principios de solidaridad y economía propia; en ese sentido, es necesario el reconocimiento de las plazas de mercado populares por parte del Estado.
Inversión en vías de comunicación secundaria y terciaria para el pleno ejercicio del abastecimiento campo-ciudad.
Redefinición de criterios para las tarifas de impuesto predial, tarifas más altas para grandes propietarios y más bajas para pequeños propietarios.
Demandamos garantías de regreso a los campos de las personas que viven en las ciudades a causa de los desplazamientos, ya sean por motivos de la violencia o de la construcción de megaproyectos. De igual forma, exigimos que se brinden todas las garantías para aquellas personas que decidan no retornar al campo. Exigimos al Estado el reconocimiento de la problemática de la ciudad que surge de modelos de despojo del sector rural.
Exigimos una reforma urbana integral que incluya:
Hábitat y vivienda digna garantizada por el Estado, que contenga el mínimo vital de servicios públicos con tarifas al alcance del consumidor, en armonía con el medio ambiente.
El desmonte de la especulación financiera y uso de suelo controlado por el mercado.
La legalización de asentamientos informales que detenga el despojo arbitrario por parte del Estado.
La creación de la ley orgánica de plan de ordenamiento territorial urbano, que cuente con la participación de las comunidades y sectores populares, teniendo como base las diversas construcciones territoriales y planes de vida.
Participación comunitaria en la toma de decisiones y en la generación de políticas urbanas, planificación de presupuestos y/o dirección del recurso público, para la construcción de planes de desarrollo y gobierno. Para ello, demandamos las consultas previas y vinculantes de las comunidades.
Transformación del modelo de movilidad urbana que frene la privatización del transporte público, con reducción de tarifas del servicio, incluyendo la implementación de planes para la movilidad alternativa.
8. Paz, justicia social y solución política
Las anteriores reivindicaciones y propuestas de país se constituyen en parte de la agenda de paz que impulsamos desde los movimientos agrarios, sociales y populares. Nuestra agenda de paz busca la justicia social y la vida digna en los territorios.
Por lo tanto, Exigimos:
La solución política al conflicto social y armado. El avance de los diálogos que se realizan en La Habana entre el gobierno y las FARC-EP. el cese al fuego bilateral y la instalación de las mesas de diálogos entre el gobierno nacional, el ELN y el EPL.
Las comunidades rurales, quienes conocemos la crudeza y el horror del conflicto social y armado en sus peores manifestaciones exigimos la participación en los procesos de negociación, y propendemos exigimos que no se levanten de las mesas de negociaciones.
La implementación de una política integral para la paz elaborada por los movimientos sociales y populares y financiada por el gobierno nacional.
Garantías para un gran diálogo nacional, que se exprese en la apertura de diálogos regionales en aquellos territorios donde la guerra se vive con mayor rigor.
La desmilitarización de los territorios indígenas, campesinos, afrodescendientes, urbanos, universitarios y el respeto de la autonomía en los territorios que se encuentran en medio del conflicto social y armado.
La eliminación de la doctrina de seguridad nacional. Por lo tanto la reducción del pie de fuerza, depuración de las fuerzas militares, retiro inmediato de las bases militares extranjeras en el país, fin a los tratados de carácter militar con la OTAN, derogar la ley de seguridad ciudadana y desmontar el plan de inteligencia y contrainteligencia.
La reestructuración del presupuesto nacional y limitación del gasto de guerra. El gasto en defensa no puede ser mayor al de la inversión social.
-Garantías para que las organizaciones, procesos y movimientos puedan desarrollar su actividad organizativa y política para la construcción del movimiento social por la paz; Particularmente el desmonte del paramilitarismo, ya que lo entendemos como un mecanismo para el ejercicio del terrorismo de estado.
Las garantías para avanzar en un proceso constituyente por la democracia, la justicia social y la paz.
