Algunos dirigentes políticos han cuestionado la educación que se imparte a nuestros niños y jóvenes, pues consideran que están siendo “adoctrinados” ideológicamente. Obviamente se trata de un sensible tema que demanda variadas reflexiones.
Adicionalmente, algunos censurables comportamientos en el Congreso de la República y en las redes sociales profundizan el ambiente de agresividad e intolerancia entre nosotros. Sin duda, se requiere la imperiosa necesidad de intensificar la acción educadora en nuestra población para que superemos civilizadamente nuestros conflictos.
La educación es una de las líneas principales del Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, que actualmente se discute y es asunto prioritario en las agendas de las autoridades regionales y locales, las cuales tienen ineludibles responsabilidades. En el propósito de construir un nuevo país, la educación es un elemento vital en el noble propósito de transformar vidas.
La Constitución Nacional (Art. 67) resalta la educación al darle categoría de derecho fundamental de los ciudadanos: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social… El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación…”.
La problemática social se refleja en las aulas de escuelas, colegios y universidades: víctimas y victimarios de las diversas guerras que hemos padecido y aún persisten, en las que se debe dar un riguroso intercambio de ideas para crear conocimiento. Delicada tarea corresponde a los docentes: estimular la convivencia, el análisis crítico, el respeto al pluralismo (político y religioso) y a la dignidad humana, alejados de prejuicios y posturas excluyentes. Docentes, gerentes de empresas, autoridades que no entiendan este desafío serán factores generadores de conflicto.
Colombia necesita que trabajemos por y para la paz y la convivencia, no para el odio, la guerra, la intolerancia, el fanatismo...
La Ley 115 de 1994, la cual desarrolla el mandato constitucional es enfática en señalar los fines del servicio educativo (Art. 5): “El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos…. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad..”.
Con el decreto No. 1038 de mayo 25/2015 se reglamenta la Ley 1732 de 2015 correspondiente a la implementación de la Cátedra de La Paz en todos los establecimientos educativos públicos y privados. Con esta se pretende estimular diálogos en la comunidad educativa para generar comportamientos pacíficos por el bien de Colombia, la cual es posible con ciudadanos de “buena voluntad”, sin odio ni rencor. Un valioso aporte brindan las instituciones educativas, públicas y privadas, teniendo en cuenta su proyecto educativo y su modelo pedagógico y en sus planes de estudio. El objetivo es claro: Adicional a la calidad y pertinencia académicas, formar competencias ciudadanas en estudiantes para la solución civilizada de los diversos conflictos que se presentan en la vida diaria, la participación democrática, la solidaridad , la libertad de opinión, el respeto por los Derechos Humanos; el desarrollo sostenible y ambientalmente responsable.
Docentes con vocación pacifista, no guerrerista, pedimos los padres de familia para nuestros hijos, pues anhelamos una “sociedad más justa, equitativa e incluyente”.
